CAE, ciclovías o Empresa Nacional del Litio: los proyectos con plazos autoimpuestos que el gobierno no ha cumplido

Sin obligaciones de por medio el gobierno se ha autoimpuesto fechas y plazos en torno a diversos proyectos que por distintas razones no ha logrado cumplir. Las causas varían desde cambio de criterios a la dilatación de negociaciones políticas que han reorientados las prioridades.

En las dos cuentas públicas realizadas hasta ahora y en diversos anuncios públicos el Presidente Gabriel Boric y sus ministros han explicitado cronogramas concretos para la ejecución de iniciativas. El fin del CAE , los 500 kilómetros anuales de ciclovías o la construcción de Centros de Salud Mental Comunitaria son algunos ejemplos.

Uno de los ejemplos más significativos de plazos que el gobierno se autoimpuso y que los potenciales beneficiarios le cobran es el fin de la deuda histórica de los profesores

Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores, expuso que a su gremio le parece “inaceptable porque hay compromisos”, que el gobierno haya roto dos veces la promesa de tener ingresado, primero a fines de 2022 y luego en 2023, un proyecto que repare la deuda histórica.

“Presentaremos a fines de este año un proyecto de ley de reparación de la deuda”, dijo en su primera cuenta pública el Presidente Gabriel Boric, el 1 de junio de 2022. Aquel compromiso no llegó a puerto antes y en la cuenta pública de 2023 el Mandatario matizó el discurso, asegurando que como “el Estado de Chile no tiene ahora los recursos suficientes para hacerse cargo de toda esta reparación”, la propuesta se ingresaría de aprobarse la reforma tributaria.

Pero en agosto de 2023 llegó el paro indefinido del Colegio de Profesores y esto obligó a que el Mineduc, primero con Marco Antonio Ávila (RD) y luego con Nicolás Cataldo (PC), se vieran forzados a entregar respuestas al petitorio de esa movilización, dentro de los cuales estaba la deuda histórica. Así, el exministro Ávila le propuso al gremio ingresar el proyecto “una vez que termine el proceso de tramitación de la Ley de Presupuestos que se realizará este año, en el mes de diciembre” y luego Cataldo les insistió en sus dos propuestas que el proyecto de ley sería ingresado al Congreso “en diciembre de este año”.

A pesar de todo, el proyecto finalmente no fue ingresado en 2023.

Pero el de la deuda histórica no es el único plazo autoimpuesto por el gobierno en materia educativa. De hecho, también durante su primera cuenta pública, el Presidente Boric señaló: “Presentaremos el próximo año 2023, una vez aprobada la reforma tributaria, un Plan de Condonación de la Deuda Educativa de manera gradual y justa”. Mismo plazo que durante 2023 fue ratificado por el subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, en entrevista con La Tercera, cuando aseguró tener “el compromiso de entregar y finalizar un proceso de propuesta durante 2023″. Eso no ocurrió y, justo antes de que culminara el año pasado, una nueva fecha fue comprometida: “Va a haber una propuesta en esta materia antes de la próxima discusión presupuestaria”, sostuvo luego el ministro de Hacienda, Mario Marcel, en radio Agricultura. La ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, fue más allá y dijo que lo anterior ”debería ocurrir en el primer semestre del próximo año (2024)”.

Y, si de primer año de gobierno se trata, en septiembre de 2022, el ministro de Economía, Nicolás Grau, se refirió al compromiso de campaña de llevar adelante la creación de una Banca Nacional de Desarrollo, un proyecto que se planteaba como clave para el Ejecutivo y que tendría como tarea facilitar el financiamiento de proyectos de largo plazo y de interés estratégico para el país. “Como Ministerio de Economía queremos presentar nuestro proyecto de ley durante el primer semestre del próximo año”, señalaba por ese entonces Grau. Sin embargo, los plazos se alargaron y, más allá de un grupo de trabajo liderado por la cartera para analizar la arquitectura y gobernanza de la nueva institución, no hay muchos más indicios de un proyecto concreto.

“La Banca Nacional de Desarrollo, una de las propuestas estrella del programa de Boric, sorprende por la falta de detalles concretos a casi dos años de su llegada a La Moneda; hasta ahora, solo conocemos su nombre”, señaló Sebastián Izquierdo del CEP, apuntando al proyecto que se prometió para el primer semestre de 2023.

“El segundo semestre de este año, de manera posterior al diálogo que sostendremos con distintas comunidades que conviven con los salares, enviaremos al Congreso el proyecto de ley que crea la Empresa Nacional del Litio”, dijo el Presidente en abril de 2023. Y, si bien la promesa fue efectuada en el marco del lanzamiento de la Estrategia del Litio, el plazo no fue logrado. De hecho, aún no hay detalles concretos sobre el diseño de la institución ni señales de un pronto envío de la iniciativa que la crea. El propio vicepresidente ejecutivo de Corfo, José Miguel Benavente, reconoció en enero que la discusión en el Congreso “se va a demorar mucho tiempo”.

Es más: recientemente la ministra de Minería, Aurora Williams, confirmó la decisión del Ejecutivo de poner en revisión el proyecto de ley para crear la Empresa Nacional del Litio, porque los objetivos trazados para la creación de dicha empresa, “están siendo debidamente asumidos por las dos empresas públicas, y por Corfo”.

En el programa de gobierno de Boric se leía “construiremos 500 kilómetros anuales de redes de ciclovías”, algo ratificado en su primera cuenta pública y posteriormente también por el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz. Sin embargo, un catastro semestral de Vialidad y Transporte Urbano-Sectra, organismo técnico especializado en planificación de transporte de la Subsecretaría de Transportes, decía que el primer año de gobierno solo habían aumentado en 42 kilómetros las ciclovías. Y hoy, acorde al visor territorial de ciclovías del Ministerio de Bienes Nacionales, hay 115,07 kilómetros en ejecución y, acorde a la información disponible de Sectra, 1.848 kilómetros en planificación.

En cuanto a salud, durante su cuenta pública de 2022 el Mandatario prometió que se empezarían a construir 12 Centros de Salud Mental Comunitaria “comenzando este año con San Antonio y el 2023 con Antofagasta e Iquique”. Pero según el sitio web del Minsal donde mes a mes se actualizan las inversiones en infraestructura sanitaria, los dos últimos siguen en etapa de estudio. El primero, en tanto, ya está operando.

A raíz de los incendios forestales que azotaron a la zona centro-sur del país durante el verano de 2023, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, dijo tajante sobre los plazos para entregar las viviendas de emergencia: “Tenemos como meta máxima la primera semana del mes de mayo (…), cuando el Presidente coloca una meta hay una sola posibilidad, cumplirla. En eso estamos y creemos que la vamos a cumplir”. Sin embargo esto no ocurrió y, mientras se acercaba el tope, la fecha comenzó a postergarse, algo que las autoridades en ese entonces justificaban en la dificultad de los terrenos y retrasos de los proveedores. Un retraso similar es el que distintos actores entendidos comienzan a vislumbrar en Valparaíso, donde las viviendas de emergencia a causa de los incendios de febrero también presentan retrasos.

Hay, además, un último ejemplo: el 18 de julio de 2023 el subsecretario de Pesca, Julio Salas, fijó un plazo de ocho semanas para presentar el proyecto de nueva ley de pesca. Esto, si bien terminó ocurriendo, solo se hizo a fines de diciembre de 2023, es decir, tres meses después de lo comprometido.

Sobre este fenómeno, desde Presidencia reseñan que “el trabajo en relación al cumplimiento de compromisos y plazos del gobierno se orienta a partir de las definiciones del programa y las prioridades presidenciales establecidas en las cuentas públicas, con atención a las urgencias y necesidades para las chilenas y chilenos: seguridad pública, crecimiento económico, seguridad social”.

Lo anterior, añaden, en cumplimiento del compromiso de responsabilidad fiscal, “que se refleja en las metas para reducir el déficit estructural de 3,3% que había en marzo de 2022, al iniciar esta administración, hasta 0,5% al término del periodo presidencial”.

También optan por destacar iniciativas en las que se registran avances, como los gabinetes Pro Seguridad y Pro Crecimiento y Empleo, el Plan de Emergencia Habitacional, Trenes para Chile o Copago Cero, entre otros.

Asimismo, recuerdan que, en materia legislativa, el gobierno de Boric es la administración “que más proyectos de ley ha aprobado desde el retorno a la democracia en sus dos primeros años de gestión” y, que al 6 de marzo de 2024, se habían publicado 228 leyes, como 40 horas, aumento del sueldo mínimo a $500 mil o la ampliación de la PGU.