Congreso aprueba nueva prórroga del estado de excepción en la Macrozona Sur

Este martes, la Cámara de Diputados y el Senado aprobaron una nueva solicitud del gobierno para extender por 15 días el Estado de Excepción Constitucional de Emergencia en la Macrozona Sur, medida que actualmente rige en la Región de La Araucanía y las provincias de Arauco y del Biobío, en la Región del Biobío.

La nueva prórroga solicitada por el Ejecutivo al Parlamento fue respaldada primero en la Cámara con 89 votos a favor, 25 en contra y 15 abstenciones. Después, la solicitud recibió el visto bueno en el Senado con 34 votos a favor, 28 en contra y 3 abstenciones.

El estado de excepción rige hace más de un año en la Macrozona Sur, tras ser decretado por el Presidente Gabriel Boric el 16 de mayo de 2022.

Hasta el hemiciclo de la Cámara de Diputados llegó en representación del gobierno el ministro del Interior (s), Manuel Monsalve, y la ministra de Defensa, Maya Fernández.

En la instancia, Monsalve destacó que desde 2021 hasta 2023 se ha presenciado una disminución de los hechos de violencia en la zona. Además, precisó que los eventos que actualmente se registran, se han concentrado ”particularmente en la provincia de Malleco”.

“El año 2023 hubo una disminución muy importante respecto al 2021. Este año, respecto al 2022 la disminución es mucho más moderada y, efectivamente, se ha ido restringiendo o concentrando el área de mayor conflictividad, particularmente en la provincia de Malleco”, señaló el ministro.

Bajo ese escenario, Monsalve informó que se “han tomado decisiones desde el punto de vista de la prevención y del control” en la zona. En ese sentido y sin entrar en detalles, explicó que las medidas tienen relación con la instalación de bases militares y con “definir rutas estratégicas”.

El subsecretario destacó además que, se ha “hecho un esfuerzo por aumentar el presupuesto del programa de violencia rural que atiende a las víctimas”. En ese sentido, explicó que han buscado llegar a acuerdos para “complementar recursos”.

“Esperamos que en el marco de la discusión de la ley de Presupuesto podamos llegar a acuerdo para tener una herramienta que permita llegar de manera oportuna a poder ayudar a la recuperación de capillas o templos que han sido dañados en el marco de los ataques incendiarios. Pero quiero reiterar nuestro compromiso en el marco de poder llegar de manera cada vez más oportuna a atender a cada víctima de hechos de violencia”, subrayó.

Por su parte, la ministra de Defensa destacó el rol en “apoyo a la ciudadanía” que han desarrollado las Fuerzas Armadas (FF.AA.).

“Quiero hacer hincapié en que hay tareas que están llevando a cabo las FF.AA. en apoyo a la ciudadanía, que muchas veces no se ven, pero creo que son igual de relevantes junto con la protección”, remarcó la secretaria de Estado.

En ese sentido, señaló que en el caso de La Araucanía y el Biobío, los militares “están trabajando en el plan de seguridad agroalimentario, están en la etapa de planificación para la ejecución de diciembre a enero de 2024. Han hecho operativos de escolta a furgones escolares permanente que transportan a niñas y niños del sector de Aniñir a Traiguén y entre Pichidegua a Traiguén”.

Asimismo, destacó los operativos de escolta a personal de salud de Traiguén a Quechereguas que han efectuado, “a propósito de distintos temas de salud y el incendio en el sector de Aniñir”.

“Junto a lo que hemos descrito en materia de seguridad, además las FF.AA. están teniendo un rol permanente de apoyo a la ciudadanía en distintas áreas que creo que es bueno reconocerlo e informarlo”, manifestó la titular de Defensa.

En la instancia, el ministro (s) Monsalve, también entregó un reporte de las condenas obtenidas en el marco de querellas presentadas por violencia rural en los últimos tres años.

En concreto, el subsecretario señaló que en 2020 hubo 59 condenas, mientras que en 2021 se cursaron 108. En tanto, en 2022 hubo 217 y, en lo que va del 2023, “llevamos 133 condenas”.

“La estrategia en materia de persecución penal, que normalmente no se debate con tanto detalle cuando debatimos la renovación del estado de excepción, constituye un elemento esencial de la lucha contra las organizaciones criminales”, señaló la autoridad.

En esa línea, aseguró que los “datos en materia de persecución penal en la Macrozona Sur demuestran una alta eficacia de las instituciones del Estado”.