Aula Segura: Cámara despacha ley con amplio respaldo opositor

A 54 días de que el gobierno ingresara el proyecto de Aula Segura, la Cámara de Diputados despachó ayer a ley la iniciativa que dota de mayores facultades a los directores de establecimientos educacionales en materia de expulsión y cancelación de matrícula en casos de violencia extrema.

Por 110 votos a favor, 26 en contra y 13 abstenciones la Cámara aprobó en general el que se convertirá en el primer mensaje de autoría del Ejecutivo en convertirse en ley. Asimismo, la sala ratificó en su trámite en particular todas las modificaciones que la iniciativa del Mineduc sufrió en el Senado, luego de que se allanara a un acuerdo con el PPD, el PS y la DC, evitando así un tercer trámite.

En concreto el proyecto establece como un deber de los directores de "iniciar un proceso sancionatorio" en contra de cualquier miembro de la comunidad escolar por conductas calificadas como "graves o gravísimas" en sus respectivos reglamentos. Dicho procedimiento puede derivar, en el caso de los estudiantes, en su expulsión y la cancelación de matrícula.

El rápido despacho de la iniciativa se daba luego de que sectores de la oposición que fueron críticos del texto emanado de la Cámara Alta, como el Partido Comunista y el Frente Amplio, no lograran introducir ninguna modificación en el segundo trámite constitucional. Esto, luego de que el diputado Mario Venegas (DC) se alineara con el Ejecutivo y retirara sus propias enmiendas en el marco del debate de la Comisión de Educación de esa corporación.

Ayer, en su mayoría, las bancadas de oposición honraron el acuerdo al que concurrieron sus partidos en la Cámara Alta. Tanto la DC como el PS, el PPD y el PR se sumaron al oficialismo aprobando la iniciativa del Ejecutivo, mientras que el PC y el Frente Amplio estuvieron por abstenerse o rechazar el texto.

Hace días que en la oposición se había instalado la idea de que había que "dar vuelta la página" respecto de la polémica iniciativa. Esto, explican las mismas fuentes, porque el costo político y comunicacional que podrían enfrentar al rechazar un proyecto que tiene un "amplio respaldo ciudadano" era un riesgo innecesario, sobre todo, luego de que durante la tramitación en el Senado el Ejecutivo, dicen, lograra ponerlos del lado de "los delincuentes con overol".

Por lo mismo, el tono de la discusión ayer en la sala estuvo lejos del que marcó casi toda la tramitación del proyecto, en la que el Ejecutivo acusó a la oposición de estar defendiendo los hechos de violencia extrema que afectaron a liceos al buscar "dilatar" su tramitación, principalmente, en la Comisión de Educación del Senado.

El proyecto tuvo que pasar varias vallas en esa corporación, donde incluso fue calificado como "inconstitucional" por la Comisión de Constitución.

Pese a todo, desde el gobierno ayer valoraron el acuerdo transversal que permitió que la iniciativa sorteara su último trámite legislativo.

"Los proyectos ingresan al Congreso y es acá donde se complementan, donde se le agregan los aspectos que los parlamentarios consideran fundamentales", dijo la ministra de Educación, Marcela Cubillos, a la vez que destacó la capacidad de "dejar de lado las diferencias políticas" cuando se trata de "solucionar problemas urgentes".

Desde la oposición, en tanto, enfatizaron en que el proyecto que salió ayer de la Cámara era uno muy distinto al mensaje presentado inicialmente por el Mineduc y subrayaron que no solucionará el "problema de fondo".