Cárceles: hasta julio, 108 reos a la espera de ser trasladados por motivos de salud mental

El perito médico psiquiatra de la Defensoría Penal Pública, Nelson Pérez Terán, realizó una entrevista a Diego Hernán Valdés San Martín (41) al día siguiente que este último decapitara a otro reo en la cárcel de Concepción. Su conclusión fue que el sujeto padecía un “episodio psicótico paranoide” y que requería hospitalización, estudio médico y tratamiento “lo antes posible”.

Se trató de un caso que conmocionó a la población penal por la brutalidad del acto. Los mismos gendarmes que tuvieron que presenciar el hecho manifestaron su sorpresa ante la sangrienta escena: al llegar a la celda 21, en el desencierro del módulo 42, vieron un cuerpo sin cabeza, una biblia arriba de la cama de la víctima y escritos satánicos en las murallas.

En su relato al psiquiatra, Valdés, con ciertas incoherencias en sus palabras, comentó qué pasó por su mente al momento del crimen. “Con él, éramos amigos, los conocimos de antes, en Arica, si vivimos varias veces juntos… en los penales. Al final hablamos del Joker, el bufón ese de la carta, que uno podía hacer pacto con el diablo, y temas así… estuvimos harto rato así, y él estaba armando su cama… si yo lo vi… lo vi… al Joker, en la muralla… me dijo -mátalo-, y yo dije también le tiene que haber dicho eso mismo así que dije es él o soy yo”.

Según dijo, se trató de un ritual como los que hacían “los mayas”. Agregó que ahora tenía “al diablo como amigo”.

El sujeto fue aislado al instante, para luego ser trasladado hasta la Cárcel de Alta Seguridad, en Santiago. La Defensoría Penal Pública, a cargo de su representación jurídica, ingresó el miércoles un recurso de amparo luego de que el sujeto fuera agredido por otros reos en el recinto penal capitalino que alberga a presos considerados “peligrosos”. De hecho, allí hoy se encuentra buena parte de miembros del Tren de Aragua detenidos en Chile. La acción judicial busca que, de manera urgente, se cambie el lugar de estadía. Uno de los recintos que asoma como posible es el Instituto Psiquiátrico Dr. José Horwitz Barak, donde hay un área de Gendarmería para internos con problemas psiquiátricos.

Como Valdés, hay más de 100 reos esperando ser trasladados de la cárcel en la que están a recintos donde puedan tener atenciones por salud mental. En un oficio de Gendarmería, al que tuvo acceso La Tercera, se señala que, hasta el 15 de julio, 108 reos se encontraban esperando ser cambiados de recinto. En el desglose se aprecia que 40 de esas solicitudes provienen de cárceles de Santiago, 16 del Biobío y 14 de Valparaíso, siendo las regiones con más requerimientos. Asimismo, 9 de esas peticiones son de internas mujeres.

Conocedores del sistema penitenciario en relación con presos con problemas de salud mental dicen que las solicitudes de reos para acceder a recintos psiquiátricos se mantienen siempre arriba de 100.

En Chile existe solo un hospital penitenciario para toda la población penal, que es casi de 50.000 personas. El resto son unidades de salud primaria al interior de las cárceles, afirma una minuta del Comité para la Prevención de la Tortura, donde se señala que “ninguno de estos recintos cuenta con autorización sanitaria”. Y cuentan con escasa -y a veces casi nula- dotación de personal de salud mental.

Ese hospital es el Instituto Psiquiátrico Horwitz, que cuenta con una Unidad de Evaluación de Personas Imputadas (UEPI). Ahí hay 30 camas de hombres y 9 camas de mujeres. Conocedores de este tipo de casos afirman que en la actualidad hay una “lista de espera” de al menos 50 personas. Asimismo, para quienes buscan ingresar allí requieren de una orden emanada desde un tribunal. Sin embargo, el “colapso” del sistema hace que pueda pasar al menos un año para que se libere un cupo.

Según el Comité para la Prevención de la Tortura (CPT), las personas que ya tienen trastornos mentales, como esquizofrenia, trastorno bipolar o trastorno de ansiedad, pueden experimentar “un empeoramiento de sus síntomas debido al estrés y la falta de acceso a tratamiento adecuado dentro de la cárcel”.

De acuerdo con ese organismo, un 34,1% de las personas imputadas mantiene alguna patología psiquiátrica, y en el caso de quienes se encuentran cumpliendo condena sería de un 23,6%. En otras cifras de esa entidad, actualmente solo el 0,28% del presupuesto asignado a Gendarmería de Chile para el 2023 se destina a salud.

Otra opción cercana a la capital, donde está la mayor cantidad de demandas, es en el Hospital Psiquiátrico Dr. Philippe Pinel, ubicado en Putaendo, Región de Valparaíso, que cuenta con 20 camas para esos fines.

En total, a nivel nacional, existen 96 cupos para personas en vista de su evaluación forense para determinar (o no) su inimputabilidad, se señala desde el CPT. En Chile hay un total de ocho recintos para recibir reos con problemas psiquiátricos. Estos están en Arica, Antofagasta, Santiago, Putaendo, Valparaíso, Temuco, Concepción y Punta Arenas.

El abogado de la Unidad de Defensa Especializada de la Defensoría Penal Pública, Nicolás Cisternas Vásquez, es crítico del sistema e identifica varias falencias, como discriminación, falta de recursos, falta de capacitación, fallas de gestión, falencias legislativas.

En cuanto a discriminación, pone ejemplos hipotéticos: “Si una mujer es enviada a una cárcel de hombres porque “no hay cupo” en cárceles de mujeres, ¿la justicia la dejaría en la cárcel de hombres? Lo dudo muchísimo. Si un adolescente en enviado a una cárcel de adultos, ¿la justicia lo toleraría? Imposible. Sin embargo, se tolera abiertamente que haya personas con enfermedades mentales en cárceles, siendo que deberían estar en hospitales o recintos especializados”.

“Existen alrededor de 100 camas para una demanda de aproximadamente el doble de ellas. A su vez, los recintos especializados son escasos y están malamente distribuidos: existen regiones enteras y “zonas” o grupos de regiones que no tienen recintos para internar imputados. Por ejemplo, entre Arica y Coquimbo existe un único recinto de internación de imputados. Por su parte, en la Zona Sur no hay recinto de internación y evaluación de imputados desde Temuco hacia el sur”, agrega sobre el colapso del sistema.

Generalmente, para que se abra un cupo depende de que haya un cambio en la medida cautelar de quien está en un centro psiquiátrico, o que el procedimiento termine con una sentencia absolutoria o con otra salida.

Cisternas destaca que desde 2016 la Defensoría ha realizado varias instancias para atender estos casos, como instalar una línea especializada de defensa para personas pertenecientes a este grupo, invertir en capacitaciones, participar en la Comisión Nacional de Psiquiatría Forense, entre otras.

“Las personas con problemas graves de salud mental suelen ser aisladas por el resto de la población penal, que no terminan de asimilar su comportamiento. Son fácilmente víctimas de abuso y el sistema penitenciario no tiene un enfoque integral para responder a sus necesidades. El problema central es que en muchos casos no se les considera como pacientes psiquiátricos, sino que únicamente como delincuentes, y la única respuesta frente a ello es la cárcel, un lugar inapropiado para abordar problemas de salud mental”, comenta por su lado el experto encargado del área penitenciaria del CPT, Luis Vial.

Consultados por esta problemática, no hubo respuesta para este artículo ni del Ministerio de Justicia ni de Gendarmería.