Carlos Mora Jano, defensor nacional: “Aumentar las penas genera un rédito político, pero no cambia conductas y por eso vemos cárceles hacinadas”

Este martes, el defensor nacional, Carlos Mora Jano, rendirá su primera cuenta pública como jefe máximo del organismo. Conoce a fondo la entidad, pues la integra desde sus orígenes, en 2001. No ha sido fácil llegar a ser la máxima autoridad de quienes prestan asesoría jurídica a quienes no pueden costearla, ya que debió asumir en medio de una pandemia y debiendo atender parte de las consecuencias legales del estallido social. A esto se suma el convivir con un proceso constituyente que los ha tenido en la mira de cambios sustantivos en el sistema de justicia.

A nivel de reformas y en la Convención, ¿cree que han podido influir con miras a hacer valer lo que a la Defensoría le interesa?

Sin duda. La Convención aprobó la autonomía institucional para la Defensoría, lo cual entendemos como un acierto. Fuimos escuchados cuando expusimos ante los constituyentes en la Comisión de Justicia, pues para la protección efectiva de los derechos humanos era muy importante que fuéramos autónomos y en esa línea se pronunciaron.

En su cuenta pública destaca el número histórico de representados por la Defensoría que resultaron inocentes: 121.342 de personas. De ellos, más del 50% fueron encausados por infracciones sanitarias. ¿Qué se desprende de esa cifra?

La cifra tiene mucha relación con la figura del artículo 318 del Código Penal. Pero frente a distintas acciones de la Defensoría Penal Pública logramos revertir, por ejemplo, que una persona que infringiera el toque de queda fuera condenada. Por lo mismo tenemos esta cantidad, que parece ser excesiva, de personas que mantienen su calidad de inocentes, pero claro, tiene un impacto estadístico en las instituciones.

¿Cómo se tiene que leer aquello a fin de evitar sobrecargar el sistema, es responsabilidad de la fiscalía?

Esto tiene que ver con políticas de persecución. El sistema de justicia es integral y efectivamente creemos que tenemos que ser más escuchados cuando creemos que tenemos la razón antes que la fiscalía comience una persecución penal de este tipo. Fuimos nosotros los que advertimos que no concurrían con los presupuestos penales para la configuración del delito y lo hicimos.

Ahora, el Ministerio Público también es autónomo y puede fijar la persecución penal que ellos estimen...

El Ministerio Público tiene todo el derecho de fijar su política de persecución y nosotros también haremos valer nuestro derecho. Yo entiendo que ellos estaban convencidos de lo que hacían persiguiendo este tipo penal para quienes incumplían medidas de la autoridad sanitaria, pero nosotros creíamos lo contrario. Para este tipo de casos me parece que sería bueno tener más comunicación, para tomar decisiones antes de que tengan un tan alto impacto en la ciudadanía.

Si bien las prisiones preventivas decretadas vienen a la baja desde 2018, al menos en las causas en las que ustedes son parte, se reflota la crítica sobre su uso excesivo. ¿Por qué cree que no se logra frenar esta medida cautelar?

Aquí hay un tema histórico. La Defensoría lo ha planteado desde hace muchos años. Esto tiene que ver con muchos factores, y uno de los principales ha sido la modificación legislativa que ha tenido el estatuto de estas medidas, entregándole más facultades al Ministerio Público para solicitarla y también al tribunal para decretarla. Hemos dicho que estas modificaciones no van a modificar la percepción de la gente y no han dado resultados referentes a que bajen los delitos. Varios estudios especializados lo dicen. No por aumentar las penas, lo que resulta una medida que trae buenos dividendos políticos, hay un cambio conductual. Por eso vemos cárceles hacinadas.

¿Quién falla?

Fallamos todos, falla el sistema. Fallan las políticas persecutorias, falla el legislador y también nosotros como defensa. Nos estamos tratando de hacer cargo, poniendo énfasis a los controles sobre los defensores, las revisiones de prisión preventiva de las cautelares, tratando de cerrar lo antes posible las causas.

Causó revuelo que el Ministerio Público e Interior no pidieran la prisión preventiva en contra de quienes fueron detenidos disparando en el barrio Meiggs. ¿Cree que ahí se justificaba pedirla?

En general, para pedir la prisión preventiva se tiene que cumplir con presupuestos materiales y si falla cualquiera de aquellos, no se puede decretar la prisión preventiva. Si al tribunal no se le entregan antecedentes fehacientes, no se puede decretar la prisión preventiva. El sistema de justicia no debe trabaja en base a “señales”, esto es derecho penal de facto, no de autor. Esto se trabajó conforme a antecedentes fehacientes porque acá está en juego la libertad de las personas. Nosotros no somos los llamados a dar señales en un sentido u otro. El Ministerio Público está obligado por el principio de objetividad. Si lo solicitara sin tener lo mencionado, estarían infringiendo una obligación.

Hay un sector que insiste en que el sistema es muy garantista. ¿Qué les dice a ellos?

Que simplemente vean las cifras y se van a dar cuenta que no es tan garantista, porque tenemos el índice de prisión preventiva más alto de Latinoamérica. Con ello se derriba la teoría. Es más, el Código Procesal Penal de 2020 no es el mismo de este año, o el Código Penal, se han modificado muchas normas en pos de que las personas sean condenadas o estén en prisión preventiva.

¿Cuáles son los siguientes desafíos que se plantea?

Que el call center que habilitamos la semana pasada, que ha sido un tremendo trabajo, avance. Queremos tener una mejor atención del usuario para evitar sus traslados, para que tengan información más rápida y oportuna. Tenemos desafíos en lo que dice relación con la posibilidad de que de una vez tengamos autonomía institucional y sacarlo adelante como corresponde. También vamos a lanzar el Sistema de Registro, Comunicación y Atención Integral a Víctimas de Violencia Institucional Carcelaria (SIRCAIVI), cuyo objetivo es resguardar a nuestras personas detenidas para que no sean objeto de maltratos. Y ciertamente mantener a la Defensoría como una institución de elite en la defensa de las personas.