CASA 212: los fallos judiciales pendientes para las indemnizaciones

El 2 de septiembre de 2011 la atención del país se volcó al archipiélago Juan Fernández. Allí, un avión CASA 212 de la Fuerza Aérea de Chile (Fach) se precipitó al mar, accidente en el que fallecieron 21 personas, entre ellos conocidas figuras de la televisión, como el animador Felipe Camiroaga y el empresario del Desafío Levantemos Chile, Felipe Cubillos.

Hoy, a ocho años de la tragedia aérea, familiares de 16 víctimas han presentado demandas ante la justicia, con el fin de recibir una reparación económica. El Tercer Juzgado Civil de Valparaíso rechazó las acciones en noviembre del año pasado. Las defensas no quedaron conformes y acudieron a la Corte de Apelaciones de Valparaíso, donde se realizará una audiencia para analizar 15 demandas, que fueron agrupadas. Un caso que tiene más avance es el de Joaquín Arnolds Reyes, cuya familia interpuso una demanda que fue acogida por la Corte de Apelaciones de Santiago en septiembre de 2018, la que ordenó que el Fisco indemnice con $ 750 millones a su viuda e hijos.

En el dictamen, los ministros consideraron que hubo "negligencia" de la tripulación de la aeronave siniestrada. Pero el Consejo de Defensa del Estado (CDE) apeló a la Corte Suprema, por lo que el 26 de noviembre se realizaron los alegatos por parte de las víctimas y el CDE. La causa quedó en acuerdo y se espera que la Tercera Sala de la Suprema emita un fallo que será redactado por el ministro suplente Jorge Zepeda.

Cristián Arias, abogado de las familias de cuatro víctimas, señala que ellos "tienen un sentimiento de frustración, porque no se ha logrado la reparación que corresponde en un caso donde es obvio que las víctimas estaban en una aeronave que estaba a cargo de agentes del Estado y que se precipita a tierra por responsabilidad institucional, en un vuelo que tenía problemas de planificación".

Alfredo Morgado, abogado de otro grupo de familias, añade que "existe responsabilidad del Estado por falta de servicio y porque hubo maniobras imprudentes de la tripulación". Agrega que la institución aérea "no tenía protocolos para volar en zonas peligrosas, como Juan Fernández (...). Las familias tienen una sensación de dolor, porque la justicia debe ser oportuna y no lo ha sido".

En paralelo, el accidente fue investigado por la Corte Marcial para determinar eventuales responsabilidades de los funcionarios de la Fach. En enero de este año, la instancia resolvió el sobreseimiento "temporal y total" de la causa. El fallo del ministro y presidente de la entidad, Hernán Crisosto, indicó que se tomó la decisión "en tanto no aparezcan nuevos indicios suficientes para acusar a determinada persona como autor, cómplice o encubridor de delitos o cuasidelitos denunciados que dieron motivo a la instrucción del sumario".

En el marco de ese proceso se sobreseyó a los pilotos de la aeronave. También se abrió un proceso por incumplimiento de deberes militares contra cinco oficiales activos y en retiro, el que quedó sin efecto en febrero de 2016 tras un fallo del Tribunal Constitucional. Además, hubo otro proceso contra cuatro oficiales, que fue revocado en 2017.

Luego del accidente aéreo del CASA 212, en 2011, la Fuerza Aérea comenzó a aplicar cambios en los protocolos de vuelo y en la forma de enfrentar emergencias de este tipo, según plantean expertos en el área.

Entre los puntos que se abordaron se encuentran la revisión de los protocolos de vuelo hacia zonas insulares lejanas, como Juan Fernández e Isla de Pascua. Se establecieron horas de vuelo más específicas que debe tener la tripulación, el combustible para esos trayectos, los planes de coordinación ante las emergencias, el tipo de equipamiento a bordo en caso de accidentes (balsas) y el uso de trajes de supervivencia en el mar.