Caso de "autodefensa feminista" deriva en conflicto y huelga de hambre en la UPLA

Cuando la Universidad de Playa Ancha (UPLA) todavía no contaba con un protocolo contra el acoso y la violencia de género -fue firmado recién en enero de este año-, un grupo estudiantes de Pedagogía en Castellano adoptó la decisión de tomar "la justicia en sus manos". Ello en contra de un compañero al que calificaron de "agresor".

Las alumnas basaron su acción en que en la época en la que se produjeron los presuntos casos de acoso, no había una normativa que permitiera sancionar al autor.

"Entonces no se le podía desvincular (de la carrera), a pesar de que había acosado y agredido a más de una compañera", explica Ivana Cuevas. Ella es vocera de un grupo de estudiantes que inició hace tres días una huelga de hambre en favor de las alumnas que, en octubre de 2018,"tomaron la decisión de proteger a las compañeras afectadas", asegura.

La acción contra el estudiante derivó en que la UPLA iniciara un sumario interno. La medida fue dirigida contra el grupo de alumnas que protagonizó lo que ellas calificaron como "acción de autodefensa feminista" en contra del presunto agresor.

Cuevas no entregó detalles del enfrentamiento entre las jóvenes sumariadas y el supuesto agresor. No obstante, teme que la resolución que adopte Contraloría termine con la expulsión de las estudiantes investigadas.

Este es, precisamente, uno de los objetivos de la huelga de hambre. Las participantes en la protesta buscan que las sanciones contra sus compañeras sean "leves". Al mismo tiempo, procuran que el fallo sea emitido en los plazos correspondientes, es decir, en los próximos días.

Mientras tanto, las jóvenes en huelga de hambre permanecen bajo los cuidados de un médico. El profesional supervisa su estado dos veces al día. Una enfermera verifica la ingesta de líquidos y les toma la temperatura. Sus propias compañeras, que limpian el espacio que están habitando: la misma federación estudiantil de la UPLA.

Ivana Cuevas explica que las jóvenes tomaron la determinación de ejercer esta medida de presión en representación de las jóvenes sumariadas. Ello luego de que el rector, Patricio Sanhueza, ordenó el lunes el desalojo de una toma convocada por el mismo motivo.

Respecto del desalojo, efectuado por personal femenino de Carabineros, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) recibió una denuncia.

Fernando Martínez, director regional del organismo, dijo a La Tercera que durante la detención de 20 personas durante el operativo, "habrían existido algunas situaciones de malos tratos, relacionadas principalmente con desnudamiento y obligación de hacer sentadillas de algunas de las personas detenidas".

Por esta razón, el Instituto estudia ejercer acciones administrativas y judiciales, "las cuales, posiblemente, vamos a interponer mañana (miércoles)", dijo.

En paralelo, esta mañana el rector de la Upla presentó un recurso de protección en favor de la "integridad física, por la salud y por la vida" de las personas actualmente en huelga de hambre. Con el escrito, espera que la Corte de Apelaciones de Valparaíso "tome medidas" para la cautela de estos valores y que, por ejemplo, que las estudiantes sean trasladadas a un centro asistencial.

La autoridad académica recordó que si el sumario, actualmente en curso contra las alumnas de Castellano y motivo de la huelga, resulta desfavorable para ellas, "después quedan los otros recursos, como el de reposición, que ellas podrían interponer".