El fiscal nacional, Ángel Valencia, abordó las investigaciones que está llevando a cabo el Ministerio Público en diferentes regiones del país para esclarecer si hubo delito en el traspaso de fondos públicos a fundaciones, sin embargo, el persecutor afirmó que en cada indagatoria “había hechos que revestían carácter de delito”.

En conversación con Tolerancia Cero, de CNN Chile, el jefe del Ministerio Público afirmó que “el día viernes tuvimos una reunión de coordinación en la que participaron todos los fiscales regionales, en cuyas regiones se están llevando investigaciones por este caso Convenios. Pude constatar de que en cada uno de los casos, donde los fiscales han iniciado investigaciones de oficio, lo hicieron porque hay hechos que revisten carácter de delito. Ahora, ¿de qué delito en particular? Lo podrá establecer en definitiva la investigación, pero si puedo dar fe, porque lo pude apreciar, es que en cada una de las investigaciones de oficio efectivamente se podría apreciar que había hechos que revestían carácter de delito”.

Bajo la misma línea, y al ser consultado si hay indicios para defraudar al Estado con un mismo ‘modus operandi’, el acusador aseveró que “yo no quisiera entrar en el detalle de las investigaciones, pero evidentemente hay algunos aspectos que son comunes a todas ellas que llaman la atención, pero las diligencias que realizan los fiscales y las policías van a poder establecer si detrás de ellas hay delitos. No cabe duda que todas ellas tienen apariencia de ilegalidad, estamos acostumbrados que en materia de corrupción pública, no estoy diciendo que aquí lo haya, pro si lo hubiera, que en materia de corrupción pública los actos suelen tener apariencia de ilegalidad”.

En este aspecto, explicó que “hay algunos denominadores comunes que son llamativos, por ejemplo que se traten muchas de ellas de fundaciones que fueron constituidas hace muy poco tiempo, muy cercana a la celebración de los contratos”.

Si bien el caso “Convenios” ha causado diversas repercusiones, el fiscal Valencia afirmó que, por lo general, estas investigaciones son de largo aliento y que no se formulan cargos inmediatos a los presuntos autores.

“Esto no es un asalto a una bencinera, tampoco a un banco. Lo que la comunidad ha podido advertir en casos de corrupción o investigación por fraude al fisco, es que una vez que se inicia la investigación no se formulan cargos inmediatos con los presuntos autores (...) Generalmente, investigaciones como esta duran más de un año”, indicó la máxima autoridad de la Fiscalía.

La Tercera Sábado dio a conocer que el Ministerio Público prepara la formalización por el delito de cohecho contra el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), luego que la autoridad comunal hubiese presuntamente solicitado un “bono” de insumos que terminaron en el comunal Recoleta del Partido Comunista. Esto, en el marco de la investigación del caso que involucra la compra de insumos sanitarios durante la pandemia para abastecer a las farmacias populares, iniciativa municipal fundada por el edil.

Debido a lo anterior, se publicó por este medio que la fiscal Centro Norte, Giovanna Herrera, alista para esta semana el ingreso de una solicitud de formalización en contra del jefe comunal.

Al respecto, Valencia declaró que “yo no estoy en condiciones de desmentirlo ni confirmarlo, esa es una investigación que lleva adelante la fiscal Giovanna Herrera, a ella es a quien le corresponde tomar la decisión de solicitar audiencia de formalización contra el alcalde y cuando hacerlo en función del interés de la investigación”.

Por otra parte, el jueves pasado se presentó el Informe Nacional de Homicidios Consumados, donde se indica que el 2022 fue el año que registro más homicidios consumados.

Al abordar el informe, y especialmente del delito de sicariato, la máxima autoridad de la Fiscalía estimó que actualmente hay un problema con éste ilícito, que -según dijo- está presente “como una actividad delictual relativamente extendida”.

“Si se analiza la cifra que presentaron esta semana, advierte de que hay un aumento muy significativo de homicidios con arma de fuego, siguen aumentado, más del 60% de los homicidios se cometen en la vía pública, no hay vínculo entre la persona que lo comete y el victimario. Todo eso indica que lo que hay detrás, probablemente, son muchos homicidios por encargo u homicidios ponderados con el propósito de aumentar el control territorial para la comisión de otros delitos. Ese fenómeno no lo enfrentábamos y es uno de los desafíos que estamos abordando”, remarcó Valencia.

La semana pasada, los abogados ligados a la UDI Constanza Hube y Gabriel Zaliasnik, en representación del Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) ingresaron ante el Tribunal Constitucional un “téngase presente” de 34 páginas, en torno a supuestos “vicios” en la constitucionalidad que tendría el proyecto de ley que sistematiza los delitos económicos y atentados contra el medioambiente, que fue aprobada de forma unánime en el Congreso.

Ante tal acción, el jefe del Ministerio Público no se refirió específicamente, sin embargo, adelantó que los persecutores se han ido preparando y capacitando ante la inminente entrada en vigencia de la legislación, considerando que la normativa aumentaría las penas en ciertos ilícitos que comúnmente suelen resolverse mediante un procedimiento abreviado o una salida alternativa, como las clases de ética.

“Lo que sí les pedí (a los fiscales) es que había consideración que esa ley es muy probable que aumenten las penas. Por lo menos que nuestras instrucciones generales sobre procedimientos abreviados y sobre salidas alternativas sea acorde con la valoración que contiene esta ley. De tal manera que, si alguien quiere acceder a un procedimiento abreviado, o quiere acceder a una suspensión condicional, no nos amparemos en la ley antigua, que establece penas más bajas para que ello sea posible, sino que solo se establezca cuando conforme a la ley nueva, ellos podrían acceder”, sentenció Valencia.