Caso Sename: en cinco años, fiscalía ha investigado 347 muertes de menores y logrado cuatro condenas

En julio de 2016, tres meses después del fallecimiento de Lissette Villa (11) en un centro administrado por el ex Servicio Nacional de Menores (Sename), el fiscal nacional, Jorge Abbott, instruyó al exfiscal regional de Los Lagos, Marcos Emilfork, investigar las presuntas responsabilidades penales en la muerte de niños, niñas y adolescentes (NNA), residentes de establecimientos administrados por la institución y sus organismos colaboradores hasta esa fecha.

Desde entonces, no sólo ha cambiado el jefe regional del organismo -Emilfork renunció en 2019 con críticas a Abbott, y luego asumió la fiscal Carmen Gloria Wittwer-. También entró en funcionamiento el nuevo Servicio Mejor Niñez el 1 de octubre pasado, que asumió el sistema de residencias del antiguo Sename con modificaciones, dependiendo del Ministerio de Desarrollo Social.

El Sename, en tanto, sigue funcionando, pero bajo el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Y ahora solo está a cargo de los infractores juveniles que se encuentran en centros de internación provisoria o régimen cerrado por una medida cautelar o sanción determinada por un tribunal.

Así, a más de cinco años del inicio de la indagatoria, la Fiscalía Regional de Los Lagos mantiene abiertas 25 de las 347 causas que se instruyeron para esclarecer la causa, contexto y responsables del fallecimiento del mismo número de menores bajo custodia del ex Sename (una muerte por caso), ya sea en residencias de administración directa o de sus organismos colaboradores.

Tras una solicitud vía Transparencia, la Fiscalía de Los Lagos informó a La Tercera que de las 322 causas terminadas, 78 finalizaron con sobreseimiento definitivo “por no ser los hechos constitutivos de delito”. Mientras que, a la fecha, ha logrado condenar a cinco personas, la mayoría de las cuales son exfuncionarias del mismo Sename o de organismos colaboradores.

En tanto, de las 25 causas que están vigentes, la mayoría tiene “decisión de término ya adoptada sin imputado conocido”, explicó el organismo.

Una de las causas que está pronta a terminar y que incluye condenas es precisamente la de Lissette Villa. El 19 de noviembre, Conne Fritz y Thiare Oyarce, exfuncionarias del Sename, fueron declaradas culpables de apremios ilegítimos cometidos al interior del ex Centro de Reparación Especializada de Administración Directa (Cread) Galvarino, en Estación Central. La fiscalía pide siete años de cárcel para cada una. La lectura de la sentencia se realizará el 7 de enero de 2022 a las 12.00 horas.

Por su parte, Jessica Figueroa -coordinadora de turno- y Mónica Monje -exdirectora del centro-, acusadas de no evitar la muerte de la menor, fueron absueltas.

Respecto del resto de las causas, otras tres exfuncionarias ya cumplieron sus penas: la educadora Virginia Ferreira, por la muerte de un lactante al interior de un hogar de Puerto Varas, fue sentenciada el 2017 por cuasidelito de homicidio a 300 días de reclusión menor en su grado mínimo.

Por su parte, el 2018 la enfermera Karina Muñoz Arenas fue declarada culpable por el mismo delito, y sentenciada a 60 días de prisión en su grado máximo. La profesional estaba a cargo de la enfermería de un centro en Rancagua, y la fiscalía acreditó que no proporcionó los cuidados adecuados para la supervivencia de una adolescente.

Asimismo, la directora de un centro -de organismo colaborador- fue condenada a 41 días de prisión en su grado máximo por presentar documentos falsos ante un tribunal, en el marco de la investigación por la muerte de una niña que padecía lupus, cuando se encontraba en actividades recreacionales en la localidad de Pichidangui. Por ese caso, también había sido formalizada por cuasidelito de homicidio.

Las tres además obtuvieron penas accesorias, de suspensión para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena. Y solicitaron la remisión condicional de la pena, sustituyendo la privación de libertad por la observación y asistencia ante Gendarmería de Chile.

Por otro lado, del total de indagatorias (347), solo una causa fue investigada por el delito de torturas y apremios ilegítimos: la de Lissette Villa.

La mayoría (339) fueron calificadas jurídicamente por cuasidelito de homicidio. De estas, dos se investigaron por muertes ocurridas post egreso del Sename; 33, por decesos de menores adscritos a centros de administración directa; 129, por fallecimientos de NNA vinculados a organismos colaboradores; y 5 por la muerte de adolescentes en centros de régimen cerrado o semicerrado.

Otras 166 causas abordaron la muerte de menores en programas ambulatorios y 9 trataron sobre el deceso de jóvenes vinculados al sistema de responsabilidad penal adolescente, en programas de medio libre.

Además, hubo dos indagatorias -relativas a fallecimientos en organismos colaboradores- por dos delitos simultáneos: una, por cuasidelito de homicidio y por falsificación de documento, y otra, por cuasidelito de homicidio y por obstrucción a la investigación.

¿Qué está haciendo el Servicio para evitar que estos hechos vuelvan a ocurrir? María José Castro, directora de Mejor Niñez, señaló que “estamos trabajando en un cambio de paradigma, en un nuevo modelo donde los niños y sus familias son el centro de nuestro actuar”.

A diferencia del antiguo Sename, la nueva institucionalidad exige que el 75% de las personas que trabajen directamente con niños sean profesionales o técnicos, realiza evaluaciones periódicas -de salud mental y física- a los cuidadores de los menores, fiscaliza constantemente las residencias y se proyecta que los organismos colaboradores -donde se concentra el grueso de los decesos- deberán pasar por rigurosos procesos de acreditación.

Mejor Niñez también busca terminar con el modelo masivo de residencias (los Cread) “para dar paso a espacios más acogedores, donde no vivan más de 17 niños, donde estén acompañados por personas capacitadas y comprometidas con su trabajo”, apuntó Castro.

Rosario Martínez, directora nacional del Sename, en tanto, dijo al respecto que se está constantemente revisando sus protocolos de prevención del suicidio y conductas violentas entre pares al interior de los centros. “También se está trabajando en mejorar la capacidad técnica de los equipos, con atención especializada y mejores herramientas para enfrentar este tipo de conductas, para, en caso de emergencia, los equipos puedan atenderlos oportunamente”, añadió la directora.