Caval: Compagnon pide que condena sea realizar trabajos comunitarios

Hasta las 13.22, cuando el Tribunal Oral en lo Penal de Rancagua absolvió por el delito de soborno a la empresa Caval y a uno de sus dueños, Mauricio Valero, el rostro de Natalia Compagnon -la otra propietaria de la cuestionada firma- parecía aliviarse. Sin embargo, ese estado fue breve, pues cambió cuando la jueza Paulina Chaparro decretó su condena por delitos tributarios.

El tribunal, así, marcó otro de los hitos del caso que estalló en 2015, cuando la revista Qué Pasa reveló los negocios de la empresa Caval, la cual compró 44 hectáreas en Machalí, VI Región, con un préstamo de $ 6.500 millones por parte del Banco de Chile. Poco después se supo que mientras se hacían las gestiones para este crédito, se realizó una reunión entre el dueño del banco, Andrónico Luksic, Natalia Compagnon y su marido, Sebastián Dávalos, hijo de la expresidenta Bachelet.

A partir de los cuestionamientos públicos al negocio, se produjo una fuerte ofensiva política de parte de Chile Vamos hacia el entonces gobierno de la Nueva Mayoría, por un supuesto tráfico de influencias y un punto de quiebre en las encuestas para Bachelet. En ese marco, la Fiscalía Regional de Rancagua inició una investigación a la compra y venta de terrenos de Caval en Machalí, y las gestiones que se habrían realizado sobre estos predios en la municipalidad de la comuna. Lo que estaba bajo la lupa eran las gestiones del cambio de uso de suelo en esa zona, que pasarían de rural a urbano y aumentaría el precio de los terrenos.

En enero de 2016, el caso llegó a tribunales con la formalización de 13 personas, quienes fueron obteniendo distintas salidas judiciales con el correr de los meses. La indagatoria estableció irregularidades en varios momentos de la transacción, entre los que se encontraron las gestiones de Juan Díaz, el exoperador político de la UDI que trabajaba con el síndico de quiebras Herman Chadwick y con personeros de la Municipalidad de Machalí para modificar el uso de suelo.

Finalmente, solo Compagnon, Caval como persona jurídica y Valero (en una arista de presunto cohecho) llegarían al juicio oral.

La fiscalía acusó a Compagnon de delito tributario por la incorporación de facturas falsas, entre 2012 y 2014, por cerca de $ 300 millones a nombre de la empresa Lo Beltrán.

Valero ya había sido condenado por este delito, luego que acordara un procedimiento abreviado con la fiscalía en abril. El tribunal lo condenó a una pena de 541 días de presidio y al pago de una multa de $ 60 millones.

En el caso de Compagnon, el tribunal acreditó que "se puede tener como un hecho cierto que la empresa Caval, a través de sus socios, presentó ante el Servicio de Impuestos Internos, para los años tributarios 2013, 2014 y 2015, declaraciones de impuestos en las cuales se contemplaron como gastos reflejados en, al menos, una factura ideológicamente falsa, por servicios que en realidad nunca se prestaron".

La fiscalía solicitó que la condena de Compagnon fuera de cuatro años de presidio, con una multa de $ 237 millones, por perjuicio causado al Fisco. "Lo que corresponde es imponer la pena privativa de libertad con cumplimiento efectivo", dijo el fiscal Francisco Caballero.

La defensa de Compagnon, el abogado Carlos Fierro, pidió que se consideraran tres atenuantes para la condena: irreprochable conducta anterior, la prescripción de la acción penal para los delitos tributarios y la reparación del mal causado.

Por lo tanto, según Fierro, la condena de Compagnon no debería superar los 21 días de pena sustitutiva de libertad. "Esta defensa pide el cumplimiento de la pena en servicio comunitario, pues se dan los requisitos", dijo, ofreciendo que la multa a pagar podría ser de 10 UTM ($ 476.000), separadas en 10 cuotas.

A la salida de la audiencia, Natalia Compagnon señaló que "siempre he dicho que soy inocente, que nunca he cometido algún delito y, bueno, llegará el espacio en que se pueda comprobar".

Agregó: "¿Les cabe alguna duda de que (la investigación) fue con fines políticos? A nadie le cabe duda de que fueron maniobras mañosas de un sector de la sociedad para desestabilizar un gobierno".

En tanto, su marido, Sebastián Dávalos, aseguró que "aquí hay una cosa que debe quedar completamente clara y en eso el tribunal fue muy categórico: no existió nunca de parte de la empresa Caval un delito. Acá se dañó la institucionalidad de este país por los mezquinos intereses de un sector político, que desde hace muchos años mantiene la misma forma de actuar o modus operandi: crear terror, inventar delitos, tratar de inculpar gente y, al final, tratar de desestabilizar el gobierno".

La fiscalía planteó, en su acusación, que Caval operó con Juan Díaz para sobornar a funcionarios municipales y así lograr el cambio de uso de suelo.

Sin embargo, el tribunal no consideró suficiente la prueba aportada por el Ministerio Público para acreditar esta hipótesis, absolviendo de soborno a Valero y también a la persona jurídica Caval. Según el tribunal, el Ministerio Público llegó a conclusiones "incriminatorias" y se habrían basado en "indicios equívocos o interpretables". El 21 de julio el tribunal leerá la sentencia.

Para el abogado de Valero, Felipe Jiménez, "esto partió como un caso de corrupción súper grande y al final terminó en esto. Malas acusaciones terminan en absoluciones. Por lo tanto, estamos a la espera de que se atribuya responsabilidad a la fiscalía por su imprudencia y se le condene a pagar las costas".

Por su parte, el fiscal Sergio Moya manifestó que "esto da término a una causa que ha durado más de tres años, donde hemos obtenido cerca de 10 condenas, se acreditó el cohecho y soborno de otros imputados, además hemos logrado la devolución de cerca de $ 500 millones, lo que demuestra que nadie está por sobre la ley, ni los contactos que las personas puedan tener".

Eso sí, esto no significa el final judicial para Compagnon, Valero y Dávalos. Los tres están formalizados por el presunto fraude en la entrega de informes al empresario Gonzalo Vial Concha, por los cuales cobraron más de $ 1.000 millones.