CDE inicia análisis de destino de fondos de plan del Sename

El destino de los recursos destinados al Programa de Aseguramiento de la Calidad de las Residencia (Ascar) durante el segundo gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet sumó este martes al Consejo de Defensa del Estado (CDE) entre sus involucrados. Esto, luego de que el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, entregara a la presidenta del organismo, María Eugenia Manaud, los antecedentes que la cartera recopiló sobre la eventual malversación de fondos en el programa dirigido a fortalecer el rol fiscalizador hacia los organismos colaboradores dependientes del Servicio Nacional de Menores (Sename).

La iniciativa, ejecutada entre agosto de 2013 y el 31 de diciembre de 2016, tuvo un presupuesto para contratación de honorarios de $ 3.145.657.815, y ha sido cuestionada por un eventual mal uso de los fondos, lo cual impulsó al Ministerio Público a iniciar una investigación al respecto.

Esta arista nació a raíz de las indagatorias que lidera el fiscal regional de Los Lagos, Marcos Emilfork, quien también está a cargo de las causas de muerte de menores al interior de recintos dependientes del Sename.

Ascar, creado a fines del primer gobierno de Sebastián Piñera, habría experimentado un aumento en las contrataciones durante la gestión que tuvieron en Justicia los entonces ministros José Antonio Gómez (PR) y Javiera Blanco (DC).

"Entendiendo que puede haber daños al patrimonio fiscal, le hemos pedido al CDE que estudie esta causa y determine si proceden acciones legales, querellas o demandas, que permitan garantizar la integridad del patrimonio fiscal, y en el caso de eventuales delitos, entonces que persigan a quienes correspondan por la situación que ahí pueda surgir", indicó el secretario de Estado. En la reunión con el CDE también participó el subsecretario de la cartera, Juan José Ossa.

En este sentido, desde el Ministerio de Justicia aseguraron haberse reunido en su momento con el fiscal Emilfork para poner a su disposición la documentación. En tanto, en abril la cartera inició una investigación interna para dar con responsabilidades sobre este hecho. Ello, a partir del informe de auditoría elaborado por la Contraloría, el cual cuestionó el uso de recursos que la Subsecretaría de Justicia, a cargo de Ascar, dio a estos.

Entre los principales cuestionamientos que hizo el ente contralor se encuentran aquellos dirigidos a un posible mal uso de los recursos destinados a contrataciones, toda vez, consideró, "las labores ejecutadas no decían relación con las funciones del Programa Fiscalización Centros de Menores".

"Hace algunas semanas recibimos de la Contraloría un informe que realizó esa entidad respecto del programa que se llevó en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos entre los años 2013 y 2016, de fiscalización de residencias del Sename conocido como Ascar. Hemos estado estudiando estos antecedentes, se instruyó un sumario de inmediato y se ha tomado contacto con el Ministerio Público que está investigando esta materia desde hace ya algún tiempo", indicó Larraín.

Consultado sobre esta investigación, el fiscal nacional, Jorge Abbott, estimó que toda indagatoria relacionada con eventual fraude al Fisco "es grave". No obstante, dijo que esto se agrava aún más "cuando se trata de recursos destinados a la protección de niños, que eventualmente pudieran ser desviados para otro fin".

Desde el Ministerio Público advirtieron que aún no se ha solicitado declaración a los exministros Gómez y Blanco. De todas formas, esta diligencia está en evaluación, ya que más de 100 funcionarios participantes de este programa han sido interrogados.

"Cualquier persona puede ser citada, si es que un fiscal estima necesario requerir información que pudiese servir para la investigación", señaló Abbott.

La Tercera tomó contacto con el exministro Gómez, quien señaló que "no voy a hablar ahora de ese tema".

En tanto, desde Imaginacción, agencia a cargo de las comunicaciones de Blanco, también descartaron que esta se refiera al caso.

La posible intervención del CDE asoma como una inminente inhabilidad para Javiera Blanco, quien tras abandonar Justicia ingresó al organismo como consejera en febrero de 2017.

Entre las personas que participaron en el programa Ascar se encuentra la exembajadora de Chile en Suiza (2006-2010) María Carolina Rossetti. La periodista, exmilitante socialista y luego inscrita en el Partido Progresista, cumplió labores para el programa como "experta en comunicación", por un sueldo de $ 2.120.000.

Rossetti prestó declaración en calidad de testigo ante el fiscal Emilfork.