Cierran 17 centros colaboradores del Sename durante 2017

Hace una semana, en su primera actividad como Presidente, Sebastián Piñera anunció en un centro colaborador del Servicio Nacional de Menores (Sename), en La Pintana, un "gran acuerdo nacional por la infancia".

Entre los puntos contenidos en el plan, el Mandatario dijo que está el "aumentar significativamente la subvención que reciben las instituciones colaboradoras del Sename (...), mejorando los estándares de calidad de la atención".

Lo propuesto por Piñera se hace urgente, tomando en cuenta lo informado por el propio servicio, a través de un oficio enviado al Senado el 6 de marzo pasado, por la ex directora de la institución, Solange Huerta.

Según el documento, durante 2017 se cerraron 17 residencias de protección de organismos colaboradores a nivel nacional, y durante enero reciente se registraron en proceso de cierre otros tres centros más.

En total, son aproximadamente 250 las residencias colaboradoras que atienden a niños vulnerados, lo que significa que en 2017 se cerró el 6,8% del total de hogares de este tipo.

Esta situación ha afectado a 475 menores vulnerados (370 en 2017 y 105 en 2018), quienes, dependiendo de su situación, fueron derivados por los tribunales de familia a otras instituciones o se ordenó su egreso definitivo del servicio para que vuelvan a sus casas, explica el oficio.

Los establecimientos cerrados o en proceso de cierre corresponden a las regiones de Antofagasta (1), Atacama (2), Valparaíso (2), Maule (2), Los Lagos (3), Los Ríos (1), la Metropolitana (7) y O'Higgins (2).

Entre las organizaciones en estas circunstancias están el Hogar de Cristo, la Corporación Prodel, la ONG de Desarrollo Padre Luis Amigo, la Fundación Bernarda Morín, la ONG Renuevo, la Fundación Sociedad San Vicente de Paul y Coanil, entre otras.

Entre las razones de los cierres, en 18 casos se dio como explicación el "término unilateral por parte del organismo colaborador" y solo en dos se trata de un "término bilateral" entre el organismo colaborador y el Sename. De ellos, dos detallan que la decisión tuvo que ver con "razones asociadas a financiamiento insuficiente" y una residencia señaló que se debe a "razones asociadas a decisiones institucionales". El resto no da mayores explicaciones.

De los 17 hogares cerrados en 2017, cinco tienen un término definitivo y en 12 casos los recursos volverán a ser publicados en un concurso para nueva licitación como modalidad residencial.

Respecto de la situación de los menores, el Sename explicó que en cada caso se hizo un proceso de "análisis y despeje de los casos".

Así, se considera, dicen, qué menores están en proceso de acercamiento familiar y en derivación asistida producto de las graves situaciones de vulneración, por lo que necesitan permanecer en un cuidado alternativo.

De acuerdo al oficio, las conclusiones de este análisis son informadas al tribunal de familia correspondiente, quienes -según los antecedentes jurídicos, técnicos y psicosociales- determina la derivación de niños a otros centros residenciales o el egreso definitivo con la familia permanente.

Por lo tanto, a pesar de la existencia de cierres de centros residenciales, el documento señala que los niños no quedan sin atención. Al respecto, desde el Sename detallaron que "mientras no se realicen todas las derivaciones, el centro debe continuar en funcionamiento".

Sobre cómo afectan estos cierres masivos en el hacinamiento en los centros que continúan funcionando, desde el Sename dijeron que "los tribunales de familia no necesariamente derivan a todos los niños a otros centros. Algunos vuelven con sus parientes. A esto se suma que en los últimos años ha disminuido paulatinamente en el país el número de niños que ingresan a centros de protección. Por ello, no existen situaciones de hacinamiento".

El ex director del Sename Francisco Estrada manifestó su preocupación "por la crisis en la oferta de residencias", y agregó que "como los curadores ad litem no visitan a los niños en las residencias, ni se entrevistan con los profesionales, ni estudian los informes, no hay forma de que contribuyan a que la decisión del tribunal sea realmente informada".

En cuanto a las razones de los cierres que aparecen en el oficio, Estrada dijo que "la verdad, son difíciles de creer en varias de ellas",

En tanto, el gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo, Marcelo Sánchez, explicó que en algunos casos "la medida usual que disponen los jueces es aplicar el 80 bis de la ley y forzar la internación en una residencia, que muchas veces se ve obligada a generar un sobrecupo y que, por lo tanto, no cuenta con los recursos para mitigar adicionalmente los efectos de no contar con un adecuado y gradual plan de egreso".

Sánchez destacó también que en "octubre de 2016 se modificaron las bases técnicas ( que no habían tenido cambios desde 2011) y se introdujeron nuevas exigencias en la subvención durante 2017, sin modificación posterior, lo que significó la incapacidad de poder adaptarse al nuevo estándar o incluso que en algunos casos algunos centros cerraran definitivamente".