Claudio Uribe, presidente de la Asociación Nacional de Fiscales: “No hay nadie que esté en prisión por haber ido a una marcha”

De los 784 fiscales que están registrados en la planta del Ministerio Público, cerca de un 90% es parte de la Asociación Nacional del Fiscales de Chile. La participación es alta, donde las demandas por el exceso de las cargas laborales, la falta de abogados asistentes y la imposibilidad de tener días libres tras fines de semana con turno es algo que preocupa al gremio.

El presidente de la Asociación Nacional de Fiscales de Chile, Claudio Uribe, analizó el turbulento año para el Ministerio Público, donde el ingreso de causas superó el millón.

¿Cómo ha impactado la labor de las policías durante la pandemia en su rol de apoyo a las investigaciones del Ministerio Público?

Yo diría que en un doble sentido. Por un lado, evidentemente la cantidad de tiempo que puede dedicar la policía a labores de investigación ha disminuido fuertemente, hay menos policías investigando, que son menos horas hombre. Y, por otro, ha aumentado la cantidad de delitos asociados a la pandemia. El Artículo 318 -que sanciona los delitos contra la salud pública- no existía en la práctica, no tenía mayor operatividad, y ahora es lejos la mayor fuente de ingresos para el Ministerio Público, lo que ha generado un aumento explosivo de causas, en un contexto en que no tenemos medios para hacernos cargo de eso. Eso, sumado a que la pandemia ha hecho invisibles muchas de nuestras necesidades.

¿Como cuáles?

Seguimos teniendo problemas tan graves como la falta de medios para trabajar o la falta de reconocimiento a derechos básicos, como el derecho a descanso por turno de fin de semana y nocturno, pero lamentablemente, durante la pandemia, la autoridad ha aprovechado de invisibilizar esto, diciendo que no es el momento, como si los derechos legales fueran elásticos de decidir cuándo aplicarlos y cuándo no. Tenemos fiscales que trabajan 14 días seguidos, descansan el domingo, y el lunes continúan. Todo, sin la cantidad suficiente de abogados asistentes.

¿Eso afecta en la calidad de las investigaciones?

Si uno tiene un trabajador que no descansa, en cualquier área, eso evidentemente es un riesgo para la calidad del trabajo. No puedo decir que específicamente ha afectado en un caso u otro, pero hay un riesgo y eso es evidente. El fiscal nacional lo sabe y se lo hemos planteado en innumerables ocasiones, al menos ocho veces en reuniones formales. Pero más allá de palabras de buena crianza, no ha habido una solución.

Este año, uno de los casos que los involucró fueron las amenazas a la fiscal Ximena Chong. ¿Se trata de una situación generalizada o fue algo puntual?

Nosotros tenemos una alta preocupación por el tema de la inseguridad para trabajar, y obviamente el caso de Ximena Chong es emblemático, pero no el único. Es cosa de preguntarles a los fiscales de La Araucanía en qué condiciones realizan su trabajo. Tenemos situaciones graves, como fiscales a los que les han quemado la casa , que han sido amenazados en sus domicilios. Hemos pedido desde el año 2015 que se adopten medidas en la materia, porque no hay región donde un fiscal no haya sido amenazado.

Desde la oposición acusan que en Chile existen actualmente “presos políticos”, luego de las protestas del 18 de octubre del 2019. ¿Ve algún argumento legal válido en eso?

Ahí lo que yo noto es cierta frivolidad, porque es cosa de darse una vuelta por los Tribunales de Justicia. Lo que pasa es que se crean proyectos de ley que responden a dejar tranquilos a grupos de presión. Hoy día en este país no hay nadie que se haya ido a prisión preventiva por haber ido a una marcha; no hay nadie que por haber estado en una esquina gritando consignas esté en la cárcel. La gente que está detenida son imputados por robos con violencia, ataques incendiarios, delitos que siempre han sido bastante graves y que, por lo mismo, tienen que ser sancionados.

¿Qué pasa con la extensión de las prisiones preventivas?

Siempre se pueden mejorar los sistemas, pero para que alguien esté en prisión preventiva tiene que haber un pronunciamiento de un tribunal, que conociendo los antecedentes la decreta y, además, si se prolonga en el tiempo eso es revisado por varias instancias. Es obligatorio revisarla cada seis meses, pero la defensora la revisa cada dos meses. Ahora, evidentemente hay un atraso en las causas, porque desde el estallido social en adelante no hemos tenido condiciones normales para trabajar, pero ojo, es un atraso general en las causas.

¿Cuántas causas en promedio tiene cada fiscal?

En promedio son dos mil causas por cada uno. Pero lo grave está en la distribución de tareas al interior del Ministerio Público y en lo que eso significa, pues no hay apoyo para desarrollar las causas complejas. Claro, si tú hablas de casos como Penta o de ese tipo, tienes un apoyo administrativo mayor, pero cuando ves causas igualmente complejas, como robos, violaciones, homicidios, que son investigaciones que demandan una importante carga laboral, juicios extensos, declaraciones y diligencias delicadas, no tienes a nadie que te saque ni una fotocopia. Entonces, ahí falta una mayor gestión por parte de las autoridades del Ministerio Público, que se inyecten recursos en eso, en todo ese proceso, en apoyar las pesquisas de todos los persecutores de esta institución en cada una de las instancias. Y eso, hoy no avanza.