Comisión de Trabajo de la Cámara envía oficio pidiendo suspensión de la devolución obligatoria de bonos a la clase media mal asignados

Esta tarde, la comisión de Trabajo de la Cámara aprobó el envío de un oficio dirigido al Presidente Piñera que suspende la devolución obligatoria del Bono a la Clase Media eventualmente mal entregados -con fecha para el 30 de noviembre- hasta que no reciban los antecedentes de la declaración de renta el 2021, para que eso aclare si hay irregularidades o no.

Esto, debido a lo manifestado por el contralor Jorge Bermúdez, invitado a la comisión, quien entre su larga exposición señaló que quienes incurrieron en el cobro indebido del beneficio podrían eventualmente caer en un delito, pero que el asunto es complejo debido a que se debe revisar caso a caso.

En la misma línea opinó el diputado Tucapel Jiménez. “No creo que haya habido una gran cantidad de gente poniéndose de acuerdo para defraudar al fisco. Yo creo que la gran mayoría actuó de buena fe, quizás algunos con cálculos errados, otros pensaron que con los cálculos errados pensaron que no tenían derecho”, señaló el parlamentario PPD.

¿Cómo se va a determinar el caso a caso? Con una auditoría que la Contraloría está realizando al SII y a la Tesorería general de la República.

“Abstractamente, uno podría decir que sí, hay fraude al fisco, pero hay que ver cada caso en particular, por eso estoy esperando el resultado de la auditoría”, dijo Bermúdez, quien señaló que es una auditoria al proceso de pago del aporte.

Consultado si eventualmente alguien vulneró la fe pública es fraude al fisco, Bermúdez afirmó: “Teóricamente, hay personas que podrían ir presas por esto, por fraude al fisco”; y señaló que hay cerca de 400 mil personas en esa situación eventual. Pero para él, el problema pasa por otro lado: “Aquí me parece que hay un problema de cómo se diseñó esta política, y esto se sacó por la urgencia de la pandemia”, afirmó el contralor.

La resolución se adoptó por votación, ya que no hubo acuerdo en los miembros de la comisión (discrepó el UDI Patricio Melero).

Consultado por la comisión por las medidas que el organismo que dirige ha tomado en el bullado caso, Bermúdez informó que la Contraloría se encuentra realizando una Auditoría tanto al SII como a la Tesorería General de la República, y que eventuales acciones correctivas serán una vez terminada la auditoría, “porque la auditoría normalmente lo que hace es determinar hechos objetivos, las responsabilidades se determinan en procedimiento disciplinarios, pero para eso se necesita determinar los hechos objetivos”.

La auditoría se encuentra en plena ejecución, y Bermúdez señaló que esta es la herramienta que se está ocupando para esclarecer los hechos. E indicó que hay coordinación con Tesorería, ministerio de Hacienda y el SII.

Además, Bermúdez indicó que la Contraloría recibió una nómina de 22 ruts, de los cuales 19 son funcionarios, de las cuales se está revisando su situación debido a que habrían incurrido en un cobro indebido del beneficio. Aclaró sí, que un funcionario público no está exento de poder cobrarlo.

“¿Tenían derecho a postular los funcionarios? Sí, no estaban excluidos, el punto es si habían tenido o no esa disminución [del 30% de sus ingresos]”, dijo Bermúdez.

Bermúdez indicó que han recibido 1.554 denuncias, sobre problemas con la plataforma, problemas con el cálculo del SII, falta de información sobre estado de solicitudes, solicitudes de reintegro, demora en el pago y beneficios pagados con diferencia de montos.