¿Cómo afecta en el corto plazo a los usuarios de Banmédica la intención de venta anunciada por sus controladores?

Hace dos semanas, las alarmas en el mundo de las isapres se encendieron: el grupo controlador de empresas Banmédica UnitedHealth Group Incorporated, envió un hecho esencial a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) anunciando que tiene la intención de vender sus operaciones en Sudamérica, lo que incluiría las operaciones en Chile, Perú y Colombia.

El anuncio generó numerosas interrogantes: cómo sería la venta, qué implica en el contexto de la ley corta y si la decisión respondía a la reciente crisis, pero por sobre todo generó inquietud entre los afiliados de dicha isapre, quienes se preguntaban si esta decisión afectaría o no la cobertura que tienen, o incluso si ponía en riesgo su permanencia en el sistema privado de salud.

Tal fue el desconcierto que las isapres Banmédica y Vida Tres, de propiedad de Empresas Banmédica, enviaron una carta a sus afiliados informando que “al igual que todas las demás filiales de Empresas Banmédica, continuarán operando con completa normalidad, como siempre enfocada en entregarte el mejor y más oportuno acceso a una atención en salud de alta calidad”.

El superintendente de Salud, Víctor Torres, explica a La Tercera que el proceso de venta de una aseguradora es uno con varios pasos y que está regulado por el artículo 219 del DFL 1 de 2005, el que establece que toda venta de cartera de afiliados de una isapre requerirá la autorización de la Superintendencia de Salud y que, además, el traspaso no puede afectar a los cotizantes.

“Para tranquilidad de los afiliados, la normativa es clara y protege los derechos de salud. Por eso, si se concreta una venta, esta no afectará los derechos y obligaciones de los contratos de salud: la institución compradora no podrá modificar ni imponer nuevas restricciones a las ya vigentes. Además, si la isapre vende a una o más aseguradoras, la distribución de beneficiarios no puede implicar ningún tipo de discriminación por sexo, edad o condición de cautividad”, detalla Torres.

Patricio Fernández, exsuperintendente de Salud, también señala que “en teoría, la venta de una isapre no debería afectar negativamente a los afiliados debido a las protecciones contractuales vigentes. Sin embargo, en la práctica, la falta de una reforma integral al sistema privado de salud, sumada a la incertidumbre generada por fallos judiciales y cambios regulatorios, sí puede crear preocupación entre los afiliados. Además, es innegable que el sistema de isapres presenta riesgos evidentes de funcionamiento y financieros”. Es decir, la venta como tal no genera riesgos, pero sí hay incertidumbre por el presente de la industria.

En esa misma línea, Juan Carlos Said, magíster en Salud Pública, dijo en Radio U. de Chile que “en dos años, creo que uno pudiera decir tranquilamente que no va a pasar nada, en el sentido de que las isapres están presentando sus planes de pago a la Superintendencia, la ley corta les dio cierta estabilidad que les va a permitir probablemente dar cuenta de esos pagos en los próximos años”. Y sumó: “Si usted tiene un plan que lo puede seguir pagando, es decir, que no está generando una angustia financiera y ese plan satisface sus necesidades, yo lo mantendría. No haría cambios porque efectivamente Unitedhealth anunció que va a poner a la venta el grupo Banmédica, pero no ha dicho que se va a ir del país, la isapre no va a quebrar, nada de eso está sobre la mesa”.

El anuncio de venta también generó debate en el contexto de la aplicación de la ley corta, norma largamente discutida en el Congreso y que viabiliza el fallo de la Corte Suprema que mandata a las isapres a aplicar la nueva tabla de factores y restituir los cobros en exceso. Algunas voces comenzaron a plantear que la decisión de los controladores de Banmédica podía ser en respuesta a la reciente crisis. Sin embargo, la ministra de Salud, Ximena Aguilera, desdramatizó casi de inmediato la puesta en venta del holding.

La secretaria de Estado contextualizó que esta decisión es parte de una decisión que se extiende en la región y no una que ataña exclusivamente a Chile. De esta forma, Aguilera puso paños fríos al hecho de la posible venta y planteó que existen los resguardos en pos de las cobertura de los afiliados: “Si no hubiese habido una ley corta estaríamos en una situación mucho peor en relación a las isapres, en el sentido no sólo de querer vender, situación que ha ocurrido en otras circunstancias (...) estos son procesos largos hay ciertas garantías desde el punto de vista de la regulación chilena que no afectan a las personas cuando se vende la cartera”.

Fernando Araos, exsubsecretario de Redes Asistenciales, también descarta que esta decisión haya sido producto de la crisis de la industria: “No se traduce en un fracaso de la ley corta, porque los holdings toman sus decisiones de inversión y se sabe que este grupo no sólo está declarando esta intención de venta en Chile, sino que en otros países de la región”.

Eso sí, entre las autoridades sanitarias y expertos hay consenso en la fragilidad del sistema y de la necesidad de una reestructuración, por eso el Ejecutivo se afirmó que enviará proyectos de ley para hacerlo durante los primeros días de octubre, compromiso que también quedó establecido en la ley corta.