Condenados en caso Luchsinger piden "abonar" más de tres años al cumplimiento de la sentencia

El objetivo de rebajar en poco más de tres años la actual condena a 18 que cumplen los primos José Tralcal Coche y Luis Tralcal Quidel, tras permanecer prófugos de la justicia, por el delito de incendio con resultado de muerte del matrimonio Luchsinger-Mackay, plantearon los defensores de los comuneros.

Ante la jueza de Garantía de Temuco, Karina Rubio, los abogados Juan Pablo Alday, de la Defensoría Penal Mapuche, y el defensor penal privado Sebastián Saavedra, argumentaron que ambos condenados, en una causa por ataque terrorista a un Turbus en Temuco, ocurrido en 2010, fueron absueltos, aunque mientras duró la investigación permanecieron recluidos o con otras medidas cautelares. Por ello, pidieron "abonar" ese período a la causa en la que sí fueron condenados.

"La petición estaba orientada a solicitar que se abonarán más de 1.200 días a la pena aplicada por el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco, de 18 años de presidio mayor, fundado en medidas cautelares privativas de libertad aplicadas en un juicio distinto, que es el caso Turbus", explicó Carlos Tenorio, abogado de la familia Luchsinger-Mackay, en torno a la argumentación de las defensas para rebajar la pena de los primos Tralcal.

En relación a la sede jurisdiccional en la que se debe resolver la petición Tenorio indicó que "se resolvió una incompetencia, en virtud de que, en nuestro concepto, lo que se estaba discutiendo aquí es un tema que va directamente asociado a la competencia propia del Tribunal Oral y la magistrada rechazó la solicitud de la defensa".

El defensor penal mapuche, Juan Pablo Alday, adelantó que continuará "solicitando que medidas cautelares que se aplicaron en una causa en que nuestros representados fueron absueltos, se abonen a esta causa en que mi representado fue condenado. Suman 1297 días, en el caso de mi representado".

Esta nueva acción judicial de las defensas de Luis Tralcal Quidel y José Tralcal Coche fue fuertemente criticada por el presidente de la Asociación de Víctimas de la Violencia Rural, Alejo Apraiz, quien señaló que "eso lo encuentro una vergüenza, siempre lo hemos estado diciendo que nosotros nos sentimos absolutamente disminuidos al respecto y siempre por ser de la etnia, ello es ventaja. Por lo tanto, creemos que ya definitivamente se debiera normar, como corresponde para todos los chilenos. Ellos son chilenos igual que nosotros y deben ser regidos, por las normas que corresponden".

La Jueza Karina Rubio trasladó los antecedentes al Tribunal Oral, instancia que deberá agendar fecha de audiencia para resolver si acoge la tesis de la solicitud.