Condenan a 10 años de presidio efectivo a exjefa de gabinete de la Gobernación de Valparaíso por fraude al Fisco
Cynthia Marín asesoró proyectos de talleres de bullying para los cuales el Gobierno Regional aprobó $37 millones, sin embargo sólo se acreditaron $150 mil.
A 10 años de presidio efectivo por el delito reiterado de fraude al Fisco fue condenada, en calidad de autora, Cynthia Marín, exjefa de gabinete de la Gobernación Provincial de Valparaíso durante el primer gobierno de Sebastián Piñera, quien además deberá restituir lo defraudado junto a su cómplice.
El ilícito se perpetró durante el año 2012, cuando Marín asesoró dos proyectos que fueron presentados al Gobierno Regional para obtener recursos por $ 37 millones, los cuales fueron aprobados y traspasados a la Agrupación para el Desarrollo de la Familia, presidida por Katherine Carrasco, quien fue condenada en calidad de cómplice a 5 años de presidio.
"Fueron presentados por Katherine Carrasco en abril y septiembre del mismo año (2012). Esa presentación venía asesorada y guiada por la imputada Cynthia Marín y estaba destinada, supuestamente, a la realización de talleres de bullying en la comuna de Limache. Los montos involucrados eran en torno a los 20 y 17 millones de pesos, respectivamente. Transcurridos los plazos de ejecución del proyecto, alrededor de 3 a 6 meses, esos talleres no se realizaron o se realizaron de una manera muy incipiente -entre 5 a 7 talleres o charlas a algunos alumnos de algunas escuelas de Limache-, en las cuales se invirtió una suma ínfima cercana a los 150 mil pesos en la contratación de un profesor", explicó el fiscal Patricio Toro de la Unidad Regional de Anticorrupción de la Fiscalía Regional de Valparaíso.
El persecutor agregó que "la Agrupación de Apoyo para la Familia, había sido creada por la propia Cynthia Marín junto con Katherine Carrasco, el año 2011, y supuestamente tenía como objetivo ir en ayuda del adulto mayor, sin embargo se vinculó a proyectos de bullying para escolares".
Tras el juicio, realizado en el Tribunal de Oral de Quillota, las condenadas fueron sentenciadas a pagar el 10% de lo defraudado, sin embargo, "a propósito de la demanda civil hecha por el Consejo de Defensa del Estado, también deberán pagar, en conjunto, la suma total defraudada. Es una sentencia satisfactoria, pues no hay ninguna posibilidad de cumplimiento con pena sustitutiva, ambas deben cumplir efectivamente", concluyó el fiscal que llevó a juicio cerca de 15 testigos y 70 archivos de prueba documental.
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