Congreso despachó proyecto que tipifica como delito la tenencia de celulares en cárceles

Por unanimidad, la sala del Senado ratificó este martes el proyecto de ley que penaliza con hasta tres años de cárcel la tenencia de celulares, chips y otros aparatos de telecomunicaciones en los recintos penitenciarios. El proyecto también contempla sanciones para los funcionarios públicos que estando en conocimiento de este delito, no hagan la denuncia respectiva.

Tras su aprobación, la iniciativa, incluida en la agenda de seguridad priorizada del gobierno y el Congreso, queda a un paso de convertirse en ley.

Durante su intervención en la discusión en el Senado, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, destacó que este proyecto “constituye una herramienta fundamental para los temas de seguridad penitenciaria”.

En lo que va del año, Gendarmería ha incautado 14.588 teléfonos móviles, tanto en allanamientos como en incautaciones periódicas.

“La tenencia de celulares al interior de recintos penales es una irregularidad que hasta ahora estaba sancionada como falta, y ahora pasa a ser delito”, destacó Cordero.

Como complemento al proyecto de ley recién aprobado, desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se ha avanzado en estrategias para impedir las comunicaciones inalámbricas (telefonía, datos móviles o Wifi) no autorizadas.

Con ello se busca además evitar las extorsiones, estafas o embustes desde el interior de las cárceles, como el que se concertó para que un vigilante del Ministerio de Desarrollo Social facilitara computadores y una caja fuerte a antisociales tras haber sido contactado por un interno que le hizo creer que era el ministro Giorgio Jackson.

La aprobación de este proyecto de ley se da en el contexto del desarrollo de una licitación que tiene por propósito imponer en 14 penales mecanismos de inhibición tecnológica para la comunicación externa, facilitando de esta forma medios de telefonía fija al interior de los establecimientos.

• Prohibición de tenencia de aparatos electrónicos no autorizados al interior de los Centros Penitenciarios, como celulares, chips, intercomunicadores, etc.
• Penalización del delito: a la fecha la tenencia de aparatos electrónicos al interior de los recintos penitenciarios era considerada una falta administrativa. A partir de la promulgación de la ley, el delito considera penas que van desde los 541 días hasta los 3 años y un día de cárcel.
• Obligación de la denuncia: los funcionarios públicos que detectan la tenencia no autorizada de elementos electrónicos en las cárceles, deben realizar la denuncia, arriesgando penas de presidio e inhabilitación para el ejercicio de la profesión, del cargo u oficio.

El proyecto originado en una moción de los senadores Luz Ebensperger, Ximena Rincón, Pedro Araya, Felipe Kast y Matías Walker, quedó despachado y en condiciones de ser remitido al Presidente Gabriel Boric para su firma y promulgación.