Congreso y gobierno acuerdan agenda legislativa de seguridad: se tramitarán 31 proyectos de ley

Este jueves, el Congreso y el Ejecutivo anunciaron un fast track legislativo en materia de seguridad para agilizar la tramitación de una serie de proyectos de ley para que puedan ser prontamente despachados, luego de que ambos poderes arribarán a un acuerdo tras la muerte del suboficial Daniel Palma.

La decisión se adoptó tras una reunión -que tuvo lugar este lunes- entre el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI), y de la Cámara de Diputados, Vlado Mirosevic (PL), con el Ejecutivo, particularmente con autoridades de la Segpres para acordar la coordinación legislativa de los proyectos.

Se trata de 31 iniciativas entre las que figuran el proyecto de crear una Defensoría de las víctimas y el Ministerio de Seguridad, en las cuales se definieron distintos plazos para ser despachadas.

Según explicó el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, algunos de los 31 proyectos se enviarán durante la próxima semana, mientras que para otros se estableció un plazo de 75, 150 y 365 días.

Entre las iniciativas que debiesen aprobar durante la tercera semana de abril, el parlamentario anunció que se espera que se despachen nuevas normas de migración y extranjería, además de la ley de sicariato.

Para los próximos 75 días se tiene previsto que se despachen proyectos concernientes con mayores exigencias para otorgar las libertades condicionales, la tramitación de las alternativas de notificación para las expulsiones administrativas cuando corresponda por razones de inmigración, además de la ley de usurpación y normas más estrictas en materia de reincidencia.

“Para otros, que son un poco más complejos, debemos tener un compromiso. El nuevo Ministerio de Seguridad Pública, el nuevo sistema de inteligencia, incorporar a los municipios en la lucha contra la inseguridad ciudadana. Otros que son más largos, pero que son muy importantes como los de seguridad privada, la Fiscalía Supraterritorial, o sea que existan capacidades de investigar los homicidios con sistemas especiales del Ministerio Público”, detalló Coloma, en relación con las iniciativas que demorarán mayor tiempo.

Por su parte, el titular de la Cámara Baja, Vlado Mirosevic, destacó el acuerdo entre ambos poderes del Estado, enfatizando que “aquí hay proyectos de envergadura, sabemos que no toda la tarea es legislativa, pero al menos, en esa tarea lo haremos rápido, de manera eficiente y ojalá con la más amplia unidad posible, de izquierda a derecha, para que estos proyectos se transformen en ley”

Entre otros proyectos contemplados en el acuerdo están las iniciativas sobre ciberseguridad, de infraestructura crítica de la información, una ley anticelulares en los recintos penales, ampliar la posibilidad de controles en los pasos habilitados y en los kilómetros cercanos, entre otros que no fueron detallados.

Pese a ello, Mirosevic adelantó que “lo que aquí queremos entonces es que Cámara, Senado, gobierno, de izquierda o de derecha, podamos anunciar el listado total. Estamos en una etapa de consultas políticas, y necesitamos la mayor unidad posible, porque esto no es algo de oposición o de gobierno, sino que se trata de las urgencias de la gran mayoría de este país y es necesario un acuerdo amplio”.

Cabe recordar que el acuerdo se alcanzó a raíz de la muerte del suboficial Daniel Palma -ascendido de manera póstuma-, que culminó en uno de los periodos más difíciles de Carabineros en los últimos años: tres policías de la institución asesinados en el ejercicio de sus funciones en menos de un mes.

A ello se suma el ataque más reciente que sufrió la institución: ayer miércoles, en el sector Los Quillayes en La Florida, tres policías uniformados fueron heridos con impactos balísticos mientras acudían a un procedimiento donde presuntamente ocurría una transacción de drogas. Los tres carabineros están fuera de riesgo vital.

El último acuerdo para agilizar la tramitación de proyectos se produjo tras la muerte de la suboficial mayor Rita Olivares. El consenso, finalmente, se tradujo en la promulgación de cuatro iniciativas, entre ellas la fusión de las mociones parlamentarias, conocida como Ley Nain-Retamal, que eleva las penas a quienes atenten contra policías y entrega protección jurídica al momento de utilizar su arma de servicio en casos extremos.

Además, Boric promulgó leyes que elevan las penas en delitos como secuestros y que endurecen la regulación en materia de control de armas, agravando el porte de armamento en lugares altamente concurridos. Asimismo, se firmó el decreto que promulga la ley que tipifica el delito de extorsión y que entrega más herramientas a funcionarios de Gendarmería para investigar delitos al interior de los recintos penitenciarios.