Consejo de Guardaparques reitera que normativa en Juan Fernández no permite "continuar ahora, ni en el futuro" con la búsqueda del tesoro

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El organismo señaló en un comunicado lamenta el desconocimiento de parte de algunas autoridades del rol de las áreas silvestres protegidas del Estado y del Cuerpo de Guardaparques de Chile de la Conaf en su protección. Además, señalan que la interpretación de la normativa ambiental por parte del Servicio de Evaluación Ambiental pareciera "desconocer la vulnerabilidad y singularidad de las áreas protegidas". 


A través de una declaración pública, el Consejo Nacional de Guardaparques de Chile respondió a la nota publicada por La Tercera, el pasado 6 de octubre, donde se relató la historia detrás de la "búsqueda del tesoro" en el Archipiélago Juan Fernández, a cargo de Bernard Keiser, el empresario estadounidense, que lleva más de 20 años buscando un millonario tesoro en la isla.

En el comunicado, el organismo señala que de acuerdo al plan de manejo vigente del Parque Nacional Archipiélago de Juan Fernández se establecen una serie de prohibiciones, entre ellas la remoción o extracción de suelo, hojarasca, humus, rocas o tierra, que además, la zona de excavación se encuentra en la "zona de recuperación" y que en esa zona se encuentra prohibida la instalación y operación de obras públicas.

Por este motivo, "a criterio del Consejo Nacional de Guardapaques de Chile, queda de manifiesto entonces que, en estricto respeto de la normativa vigente no resulta posible continuar ahora, ni en el futuro, con la búsqueda del llamado tesoro, dado que cualquier intervención en el área o en el Parque Nacional es una vulneración flagrante del plan de manejo de unidad y, por consiguiente, del protocolo firmado por el señor Kaiser".

Y es que según señala el escrito, el protocolo firmado por el estadounidense indica que las actividades autorizadas solo podrán desarrollas en un área específica y que estarán sujetas a la normativa y al plan de manejo del recinto.

A juicio del consejo, ha habido un "desconocimiento" de parte de algunas autoridades respecto de las áreas silvestres protegidas del Estado y del Cuerpo de Guardaparques de Chile de la Conaf en su protección, ya que los objetivos de contar con un parque nacional "van mucho más allá de evitar que se corte un árbol". 

Por este motivo, manifestaron que "hacemos un llamado a la autoridad ambiental a convertirse en un guardaparques más en pos de la protección de las áreas silvestres protegidas, ya que resulta preocupante constatar que la tramitación de proyectos que buscan ejecutarse dentro de áreas protegidas, ha contado sistemáticamente con la opinión favorable del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), relativizando los impactos que los proyectos puedan acarrear a los objetivos de conservación de dichas áreas".

"La interpretación de la normativa ambiental por parte del SEA, organismo dependiente del ministerio del Medio Ambiente, pareciera desconocer la vulnerabilidad y singularidad de las áreas protegidas, permitiendo el desarrollo de proyectos al interior de las áreas silvestres protegidas con simples solicitudes de pertinencias ambientales, sin Estudios de Impacto Ambiental (EIA)", agregan.

Sindicato de Conaf

Esta declaración, sin embargo, fue criticada por el sindicato nacional de profesionales de Conaf. En conversación con La Tercera, el director del gremio, Eduardo Olmedo, señaló que lo indicado por el consejo "viene a destiempo y está sustentada sobre un plan de manejo que ya estaba en marcha".

"La falta de trabajo o la omisión del Ministerio del Medio Ambiente ha permitido que ocurra esto, independiente de las presiones que haya tenido el Ministerio de Bienes Nacional a través de Felipe Ward sobre Conaf, logrando que se firmara la dirección ejecutiva de acá, con la cabeza de por medio del director regional", agregan.

Además, indicaron que el Consejo de Guardaparques no es un organización sindical, por lo que se trata de "una voz un poco distocionadora" y que "en alguna medida, han sido bastante negativos para Conaf porque han avalado el traspaso de áreas silvestres" para su privatización.

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