Consejo para la Transparencia se desmarca de su expresidente tras detección de irregularidades y asegura tener “disposición para esclarecer cualquier duda”

A pocas horas de que la Contraloría General de la República diera a conocer el informe final 54-2019, que constató la existencia de irregularidades dentro del Consejo para la Transparencia (CPLT), el organismo emitió una declaración pública desmarcándose de su expresidente Marcelo Drago, quien habría hecho mal uso de recursos fiscales dentro de la institución que encabezó entre 2017 y 2019.

En su informe el organismo fiscalizador constató, además, del mal uso del vehículo fiscal, la contratación irregular de un funcionario e inconsistencias contables dentro de la entidad, cuyo presupuesto anual bordea los $ 7.402 millones.

De esta manera, y a través de una declaración pública titulada “consejo para la Transparencia valora resolución de Contraloría contra ex presidente”, la institución detalla que “desde hace un año hemos venido sosteniendo la necesidad de aclarar diversas situaciones administrativas ocurridas en el Consejo para la Transparencia. De esa necesidad se dejó constancia en diversas actas del consejo directivo y se formó un comité revisor de procesos para rectificarlas”.

Asimismo, aseguran que para hacer frente a las situaciones internas se formó un comité de fortalecimiento institucional que “recogiendo las inquietudes del consejo directivo y de la Asociación de Funcionarios, impulsó medidas correctivas o preventivas en diversos ámbitos, por ejemplo, mayor transparencia en el trabajo del consejo directivo, mayores exigencias en sus sesiones y actas, y mayor control sobre los bienes institucionales. Asimismo, se acordó la desvinculación del secretario de actas en junio y de la directora general en agosto”.

En su informe, la Contraloría consideró antecedentes recabados entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2018. Y asimismo incluyó en su “auditoría simplificada”, una denuncia del 10 de enero pasado por “graves faltas a la probidad y posible falsificación de instrumento público, por parte del secretario del Consejo Directivo, José Ruiz Yáñez. Además, de tráfico de influencias del consejero y expresidente del Consejo para la Transparencia, Marcelo Drago, y la directora general, Andrea Ruiz, en beneficio de este funcionario”, sostiene la denuncia. En la misma indagatoria administrativa se consideraron las denuncias por “omisión selectiva” de actas de las sesiones del consejo.

En este sentido, desde el CPLT aseguraron que desde “enero de este año, la Contraloría General notificó al Consejo que investigaba una denuncia en contra del consejero Marcelo Drago, de la directora general y del secretario de actas de la institución. Por la gravedad implícita de la acusación, inmediatamente se acordó instruir una investigación sumaria interna y, dados los nuevos antecedentes surgidos de ella, en julio reciente se ordenaron dos nuevas investigaciones”.

Marcelo Drago, ex presidente del organismo, renunció al consejo el 23 de junio pasado, a pocos días antes de la apertura de una investigación interna ordenada el 2 de julio por otros consejeros del organismo. En tanto, el secretario del Consejo Directivo, José Ruiz Yáñez, a quien la Contraloría cuestionó por no ser contratado de acuerdo a las normas internas del organismo, fue desvinculado el 30 de junio pasado.

Tras los resultados de la indagatoria administrativa de la Contraloría, desde el CPLT aseguraron que el actual consejo directivo “ha actuado cohesionado y con decisión para defender la institucionalidad. Siempre tendremos la mejor disposición para esclarecer cualquier duda que exprese la ciudadanía y para colaborar con cualquier cuestionamiento que nos planteen tanto los órganos de control como de investigación judicial”.

El objetivo de la auditoría realizada por la Contraloría apuntó a fiscalizar el manejo de los fondos y el control administrativo de los bienes fiscales del CPLT. De este análisis el ente contralor detectó que “la información contable sobre los bienes físicos del activo fijo presentaba inconsistencias con el registro administrativo que mantiene la entidad, advirtiéndose que bienes dados de baja por $ 2.086.359, se encuentran incluidos en la contabilidad, en tanto que otros por la suma de $ 10.079.069, no han sido incorporados en ella”. Para cada una de las irregularidades detectadas, la Contraloría dio al CPLT un plazo de 60 días hábiles para subsanar estos hechos.