Contraloría y Suprema se enfrentan en el Senado por pensiones de la DGAC

Mañana a las 11.00 horas se iniciará en la sala del Senado el último capítulo de la contienda de competencias que enfrenta a la Contraloría General de la República con el Poder Judicial por las pensiones de 1.331 funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

Los empleados públicos reclaman su paso desde el sistema de AFP hacia la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena), en una petición que ha sido reiterada desde el retorno a la democracia y que hoy enfrenta a dos órganos del Estado por la potestad resolutiva en esta materia.

La causa se inició luego de que los funcionarios aeronáuticos presentaran una acción judicial ante el 29o. Juzgado Civil de Santiago, en busca de obtener un fallo favorable a su causa.

En primera instancia la jueza María Cecilia Morales negó el requerimiento; no obstante, los funcionarios acudieron a la Corte de Apelaciones de Santiago. Esta vez el resultado fue diferente, dado que el Tribunal de Alzada capitalino acogió en fallo dividido el recurso presentado por los demandantes y aprobó el cambio de estos al sistema previsional de las Fuerzas Armadas.

Ante esta decisión, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó en agosto de 2016 un recurso de casación en el fondo ante la Corte Suprema en busca de anular el proceso.

Previo a que el máximo tribunal finalizara la tramitación de la causa, el contralor general de la República, Jorge Bermúdez, decidió promover en el Senado una contienda de competencias al considerar que los tribunales cometen "una intromisión en atribuciones que la Constitución y la ley han entregado a la CGR".

Luego de 10 meses de presentaciones ante la Comisión de Constitución del Senado, con exposiciones de ambas partes, los empleados públicos y un grupo de expertos, los parlamentarios decidieron que el tema sería resuelto el 6 de marzo por el pleno de la sala.

El contralor Bermúdez explicó por escrito que la contienda se promovió "para que se respete la legalidad y para resguardar los recursos públicos de todos los chilenos, ya que la mantención del régimen previsional de Capredena y Dipreca le cuesta al Fisco más de $ 2 billones anuales".

En este sentido, dio como ejemplo que el traspaso de los funcionarios significaría "dejar de construir siete hospitales públicos medianos".

En opinión de Bermúdez, la única vía para concretar el cambio de régimen previsional es a través "de una ley que así lo autorice".

En tanto, José Pérez, presidente de la Asociación de Funcionarios de la DGAC, aseveró que los trabajadores fiscales, aunque civiles, aún mantienen la estructura salarial de las FF.AA. Además, enfatizó que aún "se encuentra vigente la Ley Orgánica de la DGAC, que en su artículo 21 establece que para todos los efectos legales y remuneracionales somos funcionarios de las FF.AA.".

El Tribunal Constitucional ya dirimió en enero de 2017 la competencia entre la CGR y el 29o. Juzgado Civil de Santiago por una demanda idéntica, presentada, esta vez, por 860 funcionarios de la DGAC. En esa oportunidad, el TC falló a favor de la Contraloría, al decidir que el tribunal debía dejar de tramitar la causa "por carecer de atribuciones para ello".

Mañana, en sesión extraordinaria de cuatro horas, los congresistas escucharán los argumentos de los representantes de ambos organismos, para luego determinar qué posición se impone. Mientras la Contraloría será representada por Bermúdez, la Corte Suprema contará con la presencia del ministro Sergio Muñoz.

Este último asumió el rol luego de una serie de inhabilitaciones que afectaron a los miembros del máximo tribunal. El primero en hacerlo fue el entonces presidente Hugo Dolmestch, quien tomó la decisión dado que su hija María Gabriela Dolmestch Ulloa (41) es funcionaria de planta como técnica aeronáutica de la DGAC y demandante del caso.

Sin embargo, previo a su marginación, el 25 de octubre de 2016, la autoridad firmó tres resoluciones. Entre ellas, una fechada al 18 de octubre en que la autoridad reasignó la causa desde la Tercera a la Cuarta Sala de la Corte Suprema. Esto significó que el caso pasara desde el tribunal con competencia en reclamaciones constitucionales y sobre actos de las autoridades políticas o administrativas, a su par dedicado a resolver asuntos laborales.

El encargado de subrogar a Dolmestch fue el ministro Milton Juica. Sin embargo, el actual vocero de la Suprema también se marginó por contar con dos sobrinos entre los funcionarios del servicio, aunque en este caso ninguno se incorpora en el proceso judicial en discusión.

La Tercera consultó al ministro Dolmestch sobre un posible conflicto de interés por los lazos familiares existentes entre dos miembros de la Suprema, él incluido, y potenciales beneficiarios de un fallo favorable a los funcionarios de la DGAC. En este sentido, quien liderará el máximo tribunal hasta enero descartó aquello y negó haber influido en el proceso. "Apenas supe que se trataba de mi hija me inhabilité", aseguró.

La llegada de Haroldo Brito a la testera del Poder Judicial no alteró el rol del ministro Sergio Muñoz. En febrero ambas autoridades discutieron el asunto, dado que Brito por investidura podría haber asumido el proceso. Finalmente, la experiencia en el caso pesó a la hora de decidir.

Consultado respecto de esta contienda, el ministro Muñoz declinó referirse al tema.