Corte de Apelaciones confirma prisión preventiva de Daniel Jadue

La Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó este lunes la medida cautelar de prisión preventiva para el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue.

El dirigente del Partido Comunista permanece privado de libertad desde el 3 de junio. Entonces, tras ser formalizado por una serie de de delitos de presunta corrupción el 3° Juzgado de Garantía de Santiago estimó que representaba un peligro para la seguridad de la sociedad.

En una audiencia de revisión de cautelares realizada el 8 de julio, el juzgado mantuvo la medida y la defensa de Jadue apeló.

Luego que el Concejo Municipal de Recoleta programara para este 26 de julio una sesión en la que se elegirá al reemplazante de Jadue, el abogado querellante en representación del exconcejal de la UDI, Mauricio Smok, Nelson Rocco, señaló que el tribunal de alzada no mantiene al alcalde en prisión por su cargo.

“No es el cargo del alcalde y su ejercicio el que lo mantiene privado de libertad como un peligro de reiteración. Lo que lo mantiene privado de libertad son una serie de elementos que la ley considera, entre otros, las penas asignadas a los delitos, que son de crimen. Es por eso que él está privado de libertad, por la participación de él en esos ilícitos”, sostuvo.

La Fiscalía Metropolitana Centro Norte le imputa a Jadue la autoría de delitos consumados de administración desleal, estafa, fraude al fisco reiterado y un delito concursal, relacionados a operaciones financieras de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp).

El fallo de la Corte de Apelaciones indica que en cuanto a la vacancia del cargo en cuyo ejercicio el imputado cometió los delitos objeto de la formalización se trata de una circunstancia que no fue alegada como fundamento de la solicitud de revisión planteada ante el tribunal de primera instancia y, además, el concejo de la Municipalidad de Recoleta aún no ha nombrado el alcalde suplente del imputado Jadue Jadue.

“Sin perjuicio de lo dicho, dada la gravedad de las circunstancias en que se cometieron los delitos justificados, tal efecto jurídico no diluye el peligro para la sociedad que constituiría su libertad, dada la pluralidad, carácter y gravedad de los delitos que se atribuyen”, sostuvo la corte.