Corte de La Serena acoge recurso de apelación y ordena prisión preventiva de 22 imputados dejados en libertad por juez de Ovalle

La Corte de Apelaciones de La Serena acogió este viernes el recurso de apelación presentado por el Ministerio Público contra la resolución del Juzgado de Garantía de Ovalle, que en primera instancia ordenó la libertad de 22 imputados por los delitos de de asociación ilícita para el tráfico de drogas, tráfico ilícito de drogas y lavado de activos, previo pago de una caución de $ 2 millones por cada uno de ellos. Así, el tribunal de alzada ordenó la prisión preventiva de los imputados por una serie de ilícitos perpetrados desde 2019 en esta comuna de la Región de Coquimbo.

El tribunal de alzada ya había acogido el pasado martes una solicitud del Ministerio Público, dictando orden de no innovar e instruyendo al Juzgado de Garantía de Ovalle despachar las órdenes de detención los sujetos.

Y este viernes, en fallo unánime, la Primera Sala de la Corte revocó la resolución original que estableció la necesidad de cautela por peligro de fuga con una caución de $ 2 millones para cada imputado, y ordenó la prisión preventiva por considerar que representan un peligro para la seguridad de la sociedad.

En este sentido, el fallo indica que en la audiencia de control de detención se determinó que existen presunciones fundadas sobre de la existencia del delito de tráfico ilícito de drogas del artículo 3 de la Ley Nº 20.000, así como respecto de la participación de los imputados.

“Atendida la pena asignada al delito, el carácter pluriofensivo del ilícito en relación con el bien jurídico protegido -salud pública-, que se actuó en grupo o pandilla, se estima que la libertad de los imputados constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, por lo que no concurren los presupuestos del artículo 146 del Código Procesal Penal motivo por el cual se revova, en lo apelado, la resolución de veintinueve de agosto del año en curso y, con ello se deja sin efecto la caución establecida”, agrega el tribunal de alzada.

Así lo explicó el ministro Cristian Álvarez Mercado, quien indicó que “el delito por el cual fueron formalizados los imputados, entre otros el delito del tráfico de droga, que en su oportunidad fue establecido por el juez de garantía de Ovalle, determina la hipótesis que permite establecer la medida cautelar de prisión preventiva bajo la modalidad de peligro para la seguridad de la sociedad, atendido la gravedad de la pena asignada por ley al delito, el carácter del mismo, las circunstancias de haber obrado en grupo o pandilla, lo que inequívocamente determina que bajo esas circunstancias, que concurren en este caso, permiten establecer la modalidad en la forma que lo ha establecido esta Corte”

Asimismo, el tribunal de alzada estableció la medida cautelar de arresto domiciliario total y arraigo nacional para una de las imputadas “por presentar un avanzando estado de embarazo y presenta problemas de salud derivados del mismo”.

Al respecto, el fiscal regional (s) de Coquimbo, Eduardo Yáñez, valoró la medida adoptada por la Corte de Apelaciones.

“Es una resolución que nos deja conforme, toda vez que se acreditan los antecedentes que fueron proporcionados por la Fiacalía ante el Tribunal de Garantía de Ovalle y el día de hoy ante la Ilustrísima Corte de esta ciudad”, destacó.

En tanto, ante versiones de prensa sobre una presunta participación de funcionarios de Carabineros en la asociación ilícita, la Fiscalía afirmó que es algo que debe ser corroborado por la Fiscalía.

“Es información que se va a corroborar. Es necesario hacer presente que la investigación, no obstante antecedentes han sido desclasificados en audiencias públicas, sigue siendo una investigación reservada. Dicha información aparecida en prensa no ha sido proporcionada por la Fiscalía, son datos que deben corroborarse”, insistió.

“Lo que si es claro es que, de comprobarse aquella situación y encontrarse funcionarios de Carabineros involucrados en estos ilícitos, por cierto que la Fiscalía va a llevar adelante una investigación para esclarecer el delito y la eventual participación punible”, sostuvo el persecutor.

Según el ente persecutor, desde julio de 2019, los imputados conformaron una organización criminal asentada en la comuna de Ovalle y con operaciones en diversas comunas del país, en especial en la región de Coquimbo, con el objetivo de cultivar, procesar y traficar marihuana; además de poseer y almacenar armas de fuego y municiones.

Para ocultar el origen ilícito del dinero obtenido con el tráfico de droga, la entidad, que contaba con una estructura jerarquizada, con células dependientes y con roles definidos, adquirió diversos bienes.

El 8, 9 y 10 de abril de 2024, en la localidad de Mantos de Hornillos, comuna de Ovalle, la policía incautó 1.663 kilos de marihuana, lográndose el 26 de agosto la detención de los 23 imputados.