Corte oficia a siete organismos públicos por cumplimiento de medidas en Quintero y Puchuncaví

El 20 de mayo, la Corte de Apelaciones de Valparaíso solicitó a siete servicios informar el cumplimiento de un inédito fallo de la Corte Suprema, del 28 de mayo de 2019, que dispuso al gobierno identificar el origen de los gases “producidos por todas y cada una de las fuentes presentes en la bahía de Quintero, Ventanas y Puchuncaví” que “resultan dañinos para la salud y el medio ambiente”.

La sentencia del máximo tribunal acogió 9 de 12 recursos de protección, interpuesto por organizaciones, municipios y políticos de la zona, a propósito de la crisis ambiental de agosto y septiembre de 2018, que provocó en 1.759 personas (425 niños) síntomas de intoxicación.

A pocos días de cumplirse un año del fallo, que solicitó al gobierno la elaboración de un informe con medidas a implementar “en el término máximo de un año”, la Corte porteña ofició a los ministros y seremis de Salud y Medio Ambiente, al ministro del Interior y Seguridad Pública, y a los alcaldes de Quintero y Puchuncaví, para que informen, en un plazo de cinco días, “la manera en la que está dando cumplimiento a lo resolutivo de la sentencia de la Excma. Corte Suprema”.

Desde el Ministerio de Salud, se informó que se prepara el oficio para la referencia pública que tiene plazo hasta el próximo miércoles. Mientras que la seremi del Medio Ambiente de Valparaíso , Victoria Gazmuri, aseguró que “a la fecha la SEREMI no ha sido notificada (…) y con la entrada en vigencia del Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica (PPDA), en marzo del 2019, las empresas de la zona tuvieron que congelar sus emisiones”.

“A su vez, existen una serie de acciones que forman parte de los compromisos incluidos en el PPAD y que actualmente se encuentran en ejecución, tales como el rediseño de la red de monitoreo de calidad del aire de la zona y la elaboración de una norma que regule los compuestos orgánicos volátiles (COVS)”, agregó Gazmuri.

Así todo, la sentencia también establece que el gobierno deberá acordar "las medidas necesarias para evitar la reiteración de eventos de contaminación", como aquella “nube tóxica” de 2018, que dio origen a los recursos de protección.

Sin embargo, y si bien ha disminuido su frecuencia respecto a años anteriores, en la bahía de Quintero y Puchuncaví se siguen registrando episodios contaminantes. En lo que va del año, se han registrado 4 alertas y 2 preemergencias por superación de la norma horaria de dióxido de azufre.

En este sentido, para Alejandra Donoso, abogada de la Defensoría Ambiental, y de otros organismos recurrentes en el fallo, en el actual contexto de pandemia por coronavirus “se demuestra que las medidas no han sido suficientes”.

“Vemos que está clarísima la vulnerabilidad en que se encuentran las personas, en la denominada zona de sacrificio. El virus ataca de manera más profunda a quienes tienen sus sistemas respiratorio e inmune debilitados. Avanza de mejor manera en las zonas contaminadas. Todo eso ocurre en Quintero y Puchuncaví, y el Estado no ha hecho nada. (…) No ha operado como un Estado de derecho, como debiese operar. Y eso es súper grave", acotó.

Desde la municipalidad de Quintero, el alcalde Mauricio Carrasco, señaló que “tenemos que precisar que de esas medidas, ninguna involucra directamente las competencias de la municipalidad, las medidas van al poder Ejecutivo como los ministerios de salud y medio ambiente, lo que cabría en los municipios es más bien fiscalizar el cumplimiento como las medidas que originan la naturaleza de los gases que contaminan el suelo o el agua, eso nos va a permitir solicitar la revisión del plan de descontaminación y planes de las empresas”.

Fue el municipio de Quintero quien presentó una querella criminal en contra de las empresas ENAP; Enel Generación; Copec; Epoxa; GNL Quintero; Oxiquim; Gasmar; Codelco Ventanas; Cementos Bío Bío: Puerto Ventanas; Aes Gener; Asfaltos Chilenos. A ellas se sumaron las instituciones de gobierno competentes y el propio Presidente de la República. Dicha acción, actualmente continúa en juicio en contra de seis ejecutivos de Enap formalizados.