CPLT pide a Hacienda incorporar indicaciones pro transparencia a Ley de Presupuesto

A través del oficio 4814 enviado al ministro de Hacienda, a la Dirección de Presupuesto, al titular de la Comisión Mixta de Presupuesto y a los presidentes de la Comisión de Hacienda de ambas Cámaras, el Consejo para la Transparencia hizo una serie de recomendaciones para perfeccionar en materia de probidad el Proyecto de Ley de Presupuesto para el 2019. 

El objetivo, como se detalla en el mismo, es "incorporar  obligaciones de transparencia activa respecto de aquellos órganos públicos que deben publicar en sus sitios web, la información que en dicha norma se les exige".

Si bien la mencionada ley establece ciertas exigencias de publicidad a los diferentes sectores, según expone el CPLT,  estas "no se encuentran sometidas a las reglas generales sobre publicidad y transparencia que rige a los órganos de la Administración del Estado".

Ahí es donde precisamente el órgano liderado por Marcelo Drago busca intervenir, para así "favorecer el control social sobre la ejecución de los recursos públicos", posibilitando el acceso a determinada información que es de interés público.

Además de esto, proponen "incorporar el deber de disponer la información correspondiente a cada partida presupuestaria, en un lenguaje claro y de fácil comprensión para la ciudadanía".

Para fundar la necesidad de estos cambios, Marcelo Drago indicó: "las autoridades no pueden olvidar que la información asociada al presupuesto es de la ciudadanía. Estas recomendaciones y propuestas normativas permiten que demos un nuevo paso en materia de control social, una práctica de cara a la ciudadanía que además apunta a adelantarnos a lo que dispondría la nueva Ley de Transparencia, que va en la línea de aumentar los estándares de acceso y difusión a diversos aspectos vinculados con la información presupuestaria que suele estar llena de tecnicismos".

"Hemos visto que el gasto fiscal es un tema que ha generado polémicas cuando sale una administración y entra otra. Esto podría acabarse si pensamos en incluir medidas pro transparencia también en relación al gasto público. Quienes toman decisiones deben estar dispuestos a dar cuenta de dichas decisiones", agregó el titular del CPLT.

Entre las sugerencias planteadas por el CPLT, destacan que la difusión vía páginas web de procesos de selección que se someten al sistema de Alta Dirección Pública (ADP), e informes y documentación relativa a ingresos y gastos del Gobierno Central asociados con la ejecución y modificaciones presupuestarias, se efectúen con los estándares establecidos por la Ley de Transparencia, y no se trate de simple obligaciones de informar.

Asimismo, el Consejo refiere a la obligatoriedad de publicar copias de decretos, estados financieros semestrales y balances anuales de empresas del Estado, informes semestrales sobre la deuda pública bruta y neta del Gobierno Central y del Banco Central, entre otros respaldos documentales, los que también deben ser publicados en conformidad a lo dispuesto por la Ley de Transparencia.

Respecto de partidas presupuestarias específicas se mencionan las de carteras como el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT), sugiriéndose una serie de estándares establecidos en la Ley de Transparencia.

En el caso del MOP y en el MTT se plantea incorporar los estándares de la Ley de Transparencia a la obligatoriedad de difundir vía sitio web de las entidades los estudios e investigaciones relacionadas con bienes y servicios de consumo, proyectadas, adjudicadas o declaradas desiertas que haya realizado la cartera; y los decretos y resoluciones aprobadas de órganos y servicios dependientes o documentación que sancione actos administrativos (manuales, estudios, instructivos y otros similares). Esto de manera de conocer argumentaciones y antecedentes de decisiones técnicas.

A estas recomendaciones específicas se suma la eliminación de las cláusulas de confidencialidad contractual como causal de reserva en el caso de la glosa presupuestaria del Ministerio de Agricultura y cambiar la "afectación a intereses comerciales" por "afectación a derechos comerciales" como fundamento para negar acceso a cierta información.