¿Cuántos son los reos condenados por DD.HH. que obtendrían beneficios en 2019 de aprobarse la Ley Humanitaria?

Fue a solo tres días de que culminara el 2018- el pasado 28 de diciembre- que el gobierno de Sebastián Piñera anunció el ingreso al Senado del proyecto de ley con el que se busca que reos, en tres casos específicos, puedan conmutar sus penas de cárcel y terminar el cumplimiento de sus condenas en arresto domiciliario total.

Dicha normativa, denominada Ley Humanitaria, era esperada con ansias por miles de internos a nivel nacional. Pero existe un foco especial entre quienes cumplen condena por violaciones a los derechos humanos en dictadura, pues como establece la iniciativa del Ejecutivo, no se hará distinción por tipo de delitos.

Las circunstancias que deben darse para acceder a dicho beneficio, como publicó La Tercera, son: personas que hayan sido diagnosticadas con una enfermedad en fase terminal; personas que tengan un menoscabo físico grave e irrecuperable que provoque una dependencia severa; y personas que tengan 75 años o más de edad y que hubiesen cumplido, a lo menos, la mitad de la condena impuesta.

A pesar de que consideraban que con esta nueva normativa podría verse favorecidos, y por eso la reclamaban al Mandatario, representantes de los condenados por crímenes de lesa humanidad rechazaron el contenido del nuevo cuerpo legal, puesto que, según sus cálculos, sería un grupo reducido el que podría conmutar sus penas.

De acuerdo a los datos con los que cuenta el abogado Raúl Meza- quien representa a 80 internos de Punta Peuco- entre dicho penal y Colina 1, si este proyecto fuera aprobado en 2019, cuatro condenados podrían acceder a completar el cumplimiento de sus sentencias en libertad de acuerdo a las primeras dos circunstancias.

El ex suboficial de Carabineros José Luis Guzmán Sandoval, quien cumple una pena de seis años en el recinto penitenciario ubicado en la comuna de Til Til, sería el único reo que tiene una enfermedad terminal acreditada: un cáncer de esófago. Y tres serían los internos que se encuentran en un estado de dependencia severa, Héctor Manuel Orozco Sepúlveda, Fernando Rafael Rojas Tapia y Gerardo Ernesto Urrich González, condenados a 10,15 y 40 años de cárcel respectivamente.

Pero a éstos se sumarían los internos que cumplen con los requisitos estipulados en la circunstancia tres, que -de acuerdo a un listado al que tuvo acceso La Tercera y que emitió Gendarmería el 25 de julio de 2018- serían 18.

De los 174 reos que cumplen condenas por DD.HH. en todo Chile, y que aparecen en el mencionado documento, es ese grupo los que al 2019 tendrán 75 años o más y habrán cumplido al menos con la mitad de la sanción impuesta. 

Se trata de Gerardo Alejandro Aravena Longa, Ramón Pedro Cáceres Jorquera, Santiago Humberto Fernández Espinoza, Felipe Luis Guillermo González Astorga, Klaudio Erich Kossiel Horning, Alejandro Francisco Molina Cisternas, Aquiles Navarrete Izarnotegui, Vittorio Orvieto Tiplitzky, Jorge Aníbal Osses Novoa, Luis Felipe Polanco Gallardo, Hugo Prado Contreras, Manuel Rivas Diaz, Emilio Robert de la Mahotiere, José Andrés Torres Riquelme, Guillermo Antonio Vargas Avendaño, Raúl Enrique Zapata, Camilo Astete Cáceres y Germán García.

Es decir, de aprobarse la normativa serían aproximadamente 22 internos condenados por derechos humanos los que en todo el país podrían acogerse a ella en el transcurso del próximo año.

Pese a ello, el abogado Raúl Meza insistió en su descontento: "Nuevamente Sebastián Piñera traicionó su palabra y el compromiso que asumió durante su campaña presidencial con la familia militar. De aprobarse este proyecto de ley en los términos en que lo ingresó el Gobierno, los eventuales beneficiados será un grupo insignificantes de internos que cumplen condena en Punta Peuco y Colina 1 y, habrá un grupo importante de ellos que se les condena a morir en la cárcel", aseguró a La Tercera.

Asimismo, agregó que consideran "legalmente inaceptable exigir 75 años de edad para optar al beneficio de la conmutación de la pena, considerando que en nuestra legislación la calidad de adulto mayor se cumple a los 65 años de edad y así está ratificado en la convención internacional sobre protección de los DD.HH.".