De más de un centenar a sólo dos episodios: 2024 registra ostensible reducción de suspensiones de clases por narcofunerales

El 2023 fue el año en que la educación a nivel nacional se vio golpeada por los funerales de alto riesgo. La tónica partió en marzo del año pasado, cuando al menos 15 colegios, jardines infantiles y una universidad del sector de Playa Ancha, en Valparaíso, suspendieron sus clases como prevención ante el narcofuneral del “Ñaju”, sujeto que murió baleado frente a un establecimiento educacional. Semanas después, un episodio similar se vivió a más de 1.500 kilómetros al norte, en la comuna de Calama, donde tras varias balaceras la Seremi de Educación decidió suspender las clases para todos los recintos calameños.

La Región Metropolitana también vivió lo suyo: en abril del año pasado la comuna de Pedro Aguirre Cerda (PAC) vio cómo se suspendían las clases en el Colegio Arcángel Gabriel debido a un velatorio de alto riesgo.

Y así, en un abrir y cerrar de ojos, el inicio de 2023 arrojaba que hacia fines de abril 122 establecimientos educacionales habían suspendido sus clases con motivo de situaciones externas a las comunidades y asociados a hechos de violencia.

Pero en lo que va de 2024 la realidad es diametralmente opuesta y la tendencia pareciera haberse quebrado. Y es que según información de la misma Subsecretaría, a la fecha solo se han registrado dos establecimientos educacionales con suspensiones por motivo de seguridad asociados a funerales de alto riesgo: en Antofagasta, en un establecimiento educacional municipal, el pasado 2 y 3 de julio; y el más reciente en Talagante, en un establecimiento particular subvencionado, el 18 de julio.

En el resto de las regiones, mientras tanto, no se registran suspensiones de clases por estos motivos durante el año. Desde la Subsecretaría de Educación, liderada por Alejandra Arratia, explican que quien solicita la suspensión es el sostenedor y en caso de que esta ocurra, se trata de recuperar las clases de acuerdo al calendario escolar.

La reducción de estos episodios tendría una explicación práctica. Al menos así lo expresó la ministra del Interior, Carolina Tohá, el pasado 18 de julio cuando abordó la suspensión de clases en el colegio el Niño de Jesús de Talagante.

“Los dispositivos de seguridad han funcionado y han permitido evitar los escenarios que todos tememos en ese tipo de funeral”, señaló. Según reseñan desde la cartera, para disminuir la afectación de estos eventos el año pasado se elaboró un plan en coordinación con las policías y que ejecuta cada delegación presidencial regional, donde calculan el riesgo potencial de cada funeral narco o de alto riesgo y determinan el número de medios y funcionarios policiales que deben asignarse a este hecho para resguardar la seguridad de la población.

En estos casos, Carabineros también cuenta con un despliegue especial que busca prestar seguridad a la comunidad ajena a estos sucesos. Además, se controla que los funerales no causen desórdenes e ilícitos, y en el caso de las personas que participen en caravanas en los desplazamientos de estos a los cementerios, se monitorea que estos no porten elementos prohibidos y, en el caso de ser así, Carabineros busca actuar de forma inmediata para restablecer el orden público en cualquier comuna donde se generen este tipo de situaciones.

Desde la Delegación Presidencial de la RM, en tanto, el delegado Gonzalo Durán reseña que apenas les llegan reportes de fallecimientos de personas relacionadas a hechos delictuales y que podrían generar un riesgo para la comunidad, inmediatamente se ponen en contacto con el municipio involucrado, Carabineros, el Servicio Médico Legal y la Fiscalía para coordinar todo el proceso, desde la entrega del cuerpo a sus familiares, pasando por el velorio y los funerales del fallecido. “Todo lo anterior, con el objetivo de asegurar las dependencias tanto particulares como de centros de salud y SML, así como la ruta hacia el cementerio”, dicen. En este proceso, añaden, muchas veces se debe proceder con la fuerza pública para resguardar la integridad tanto de asistentes como de vecinos del sector.

El nuevo delegado dice que en los pocos días que lleva en el cargo, diversos alcaldes ya le han alertado de funerales de alto riesgo, sin tener hasta aquí mayores incidentes. “De todas formas, hacemos un llamado al Congreso para que avance el proyecto de ley que pone límite a estos funerales”, cierra. En esa línea, a principios de mes la Cámara de Diputados despachó el proyecto que busca aumentar y endurecer sanciones por narcofunerales.

Sumado a los resguardos policiales, las comunas también se han hecho parte a través de la coordinación con fuerzas especiales al momento de monitorear que un funeral de alto riesgo se va a desarrollar en su comuna, cosa de que no interfiera en la cotidianidad.

Por ejemplo, la comuna de PAC fue una de las que más se vio afectada por la suspensión de clases por estos hechos en 2023, pero, según señalan, en lo que va del año la cifra se ha mantenido en cero. Entre las razones, dicen, existe un despliegue de patrullaje al momento de los funerales, con tecnología como drones y cámaras, así como carros lanza agua, además de escoltas desde el inicio del velorio de los funerales hasta que se traslada el féretro al cementerio.

Esto se ha desarrollado desde que la municipalidad se hizo parte del Plan Calles Sin Violencia el 27 de julio de 2023.

El alcalde de la comuna de Talagante, Carlos Álvarez (PS), destacó la importancia de contar con la ley que regula los narcofunerales, puesto que “responden a la realidad local y territorial existente hoy día en el país. Con eso se disminuyen las posibilidades de que estos narcofunerales se apropien de los territorios”.

En tanto, desde la Subsecretaría de Educación recuerdan que como Mineduc este año lanzaron el programa Comunidades Educativas Protegidas, que compromete acciones coordinadas entre los ministerios del Interior, Desarrollo Social y Educación, y que interviene a 50 comunas prioritarias con el objetivo de prevenir y abordar de manera oportuna las situaciones o hechos de violencia al interior o en el entorno inmediato de las comunidades educativas.