De “reclamos” a propuestas: el nuevo episodio que tensiona la relación entre la Fiscalía y el gobierno

Durante las últimas semanas han sido dos los casos que han generado fricción entre el Ministerio Público y las autoridades de gobierno. En primer lugar, la investigación que se sigue en contra del ex subsecretario del Interior Manuel Monsalve por delitos de abuso sexual y violación y, por otra parte, el derivado de una denuncia interpuesta en contra del Presidente Gabriel Boric por “difusión indebida de imágenes íntimas”.

Y es que si bien ambas indagaciones corren por carriles totalmente diferentes y se tramitan en distintas zonas por parte de dos fiscales regionales, tienen un factor común que ha ido tensionando el ambiente: las filtraciones.

Si bien el asunto ya había generado amplios cuestionamientos, principalmente por divulgación de antecedentes de la carpeta investigativa del caso Audio -otro de los casos que ha convulsionado el mundo judicial y político-, estos se reflotaron con fuerza cuando The Clinic publicó la declaración que entregó en calidad de testigo el Mandatario por las acusaciones contra Monsalve.

Fue el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, quien enfrentó la situación y la calificó de inmediato como “grave”. Sostuvo, además, que en cualquier investigación que es reservada, se debe cumplir con ese secreto y tomar resguardos.

A eso se sumó, luego, lo referente a la denuncia contra Boric, pues a pesar de que los abogados del Presidente intentaron explicar cómo conocieron de la misma por canales supuestamente “abiertos”, otros abogados y ex fiscales manifestaban que era imposible sin que alguien los hubiese alertado. Por lo mismo, ante la posibilidad de irregularidades, el fiscal Cristián Crisosto decidió abrir una investigación de oficio para dilucidar lo ocurrido.

Así, ambas situaciones fueron erosionando las relaciones entre La Moneda y la Fiscalía, aunque el asunto no quedó ahí. Durante la noche de este martes 3 de diciembre, el fiscal nacional Ángel Valencia hizo llegar al titular de Justicia un oficio de seis carillas donde detalló acciones emprendidas a propósito de filtraciones.

Quienes conocieron de esa determinación dan cuenta de que esta fue instruida justamente en medio de la molestia del máximo persecutor por los cuestionamientos esbozados contra el organismo.

Desde el edificio ubicado en Catedral 1437 transmiten que el oficio tiene directa relación con que ante las acusaciones de que el Ministerio Público es el que filtra y no hace nada al respecto, no pueden defenderse porque, en la mayoría de los casos, se trata de indagaciones que tienen carácter de reservadas.

Fuentes consultadas por este medio, además, aseguran que en la entidad comandada por Valencia hay oportunismo en los reproches, pues las filtraciones no son sólo responsabilidad de la Fiscalía una vez que se entrega copia de los antecedentes a los intervinientes en la misma.

Fue en ese contexto, entonces, que hacia fines de la semana pasada Valencia instruyó a sus equipos la elaboración del oficio. Y se determinó incorporar, igualmente, propuestas para afrontar el asunto mediante modificaciones de ley.

Pero aunque en La Moneda son conscientes de que la relación con el Ministerio Público no pasa por su mejor momento y que producto de la situación de las filtraciones el vínculo se deterioró, se sorprendieron con la “jugada” de Valencia. Pese a ello, en Palacio optaron por desdramatizar el asunto, por que por lo demás con su acción -a juicio de personeros oficialistas- Valencia acusó el golpe, y radicar eventuales respuestas y el manejo del tema en Justicia.

Así, fuentes de gobierno transmiten que saben que se abrió un flanco con esta materia, aunque en la interna persiste el recelo respecto de que se terminan enterando por la prensa de lo que ocurre o no con indagaciones.

Consultada respecto del accionar, la diputada Camila Musante (IND-PPD), quien ha sido crítica del manejo del Ministerio Público en el tema de las filtraciones, manifestó: “En buena hora la Fiscalía se pronuncia sobre las filtraciones de las causas que tiene bajo su mandato y muchas de ellas de carácter reservada. Pero no basta un oficio al ministro de Justicia y medidas que vayan en la mira de robustecer al sistema de secreto, sino que además es necesario encontrar las responsabilidades”.

A juicio de la parlamentaria, el fiscal Valencia también debe despejar qué se hará en caso de que se determine que fiscales hayan filtrado antecedentes. “¿Los va a sancionar? ¿Los va a inhabilitar? ¿Cómo se va a producir una sanción ejemplificadora para que esto no vuelva a ocurrir? Yo eso es lo que estoy esperando”. dijo.

Por su parte, el diputado Felipe Donoso (UDI), indicó que “cualquier medida que apunte a controlar las excesivas filtraciones que afectan al Ministerio Público son positivas. Lo importante es que exista un compromiso transversal al interior de la Fiscalía en esta materia, porque lamentablemente durante el último tiempo hemos tenido a persecutores que, además de litigar en tribunales, se dedican a hacerlo a través de la prensa. Si no hay un compromiso verdadero por evitar este tipo de situaciones, cualquier esfuerzo va a ser en vano”.

“También nos parece importante que se limite el acceso a ciertas causas, incluso a los intervinientes, porque muchas veces las filtraciones también provienen de ahí. Todo esto ha causado un daño enorme en nuestro país, porque hay quienes, lamentablemente, están tratando de que la opinión pública termine reemplazando la labor de los tribunales”, agregó.

Desde otra vereda, en todo caso, el diputado y querellante en el caso Audio Daniel Manouchehri (PS), afirmó: “En el caso Hermosilla las filtraciones han permitido abrir investigaciones de otras aristas, que no sabemos si se hubieran abierto de no haberse dado a conocer a la luz pública”.