Decretan prisión preventiva contra cuatro presuntos cabecillas del fraude y estafa a la Corporación Municipal de La Serena

Este martes, el Juzgado de Garantía de La Serena decretó la medida de prisión preventiva contra cuatro imputados por los delitos de fraude al fisco, lavado de activos y estafa, entre otros ilícitos que afectaron al Departamento de Salud de la Corporación Municipal Gabriel González Videla de dicha ciudad, entre 2020 y 2021.

En la audiencia de formalización, que comenzó el pasado viernes, el Ministerio Público formuló cargos contra otras 13 personas, e indicó que el desfalco asciende a 750 millones de pesos.

Según los antecedentes vertidos en la instancia, en los hechos ocurridos en la Corporación Municipal Gabriel González Videla, los imputados habrían contactado a terceros para una serie de labores que jamás habrían existido u ocurrido, pero que presuntamente derivaron en el pago improcedente de recursos municipales, con la facilitación de cuentas, devoluciones de dineros, cobros de comisiones y uso de recursos para otros fines.

Debido a ello, los programas municipales afectados por el fraude correspondieron a atenciones en Centros de Salud Familiar (Cesfam), atención para la rehabilitación de drogas y de menores de edad con medidas cautelares o condenas.

Cabe señalar que en total han sido cerca de 22 las personas investigadas por el Laboratorio de Criminalística de la PDI y personal de la Brigada de Lavado de Activos y Robos, además de funcionarios del equipo de Análisis Criminal y Focos Investigativos de la Fiscalía.

Asimismo, de los cuatro imputados que quedaron con privación de libertad, dos de ellos eran exintegrantes de la referida repartición afectada.

En la causa figuran como querellantes la Municipalidad y la propia Corporación, además de otros antecedentes que fueron aportados por la Contraloría General de la República.

El ente persecutor proporcionó en la audiencia información bancaria e informes de la PDI, interceptaciones telefónicas, declaraciones de algunos imputados que facilitaron sus cuentas e identificaron a los supuestos reclutadores, entre otros medios.

Tales antecedentes fueron considerados por el magistrado Claudio Ayala, quien resolvió decretar la medida cautelar más gravosa para cuatro imputados, considerando además que, para dos de ellos, en lugar de fraude al fisco correspondía el delito de estafa. Pese a ello, la Fiscalía sostiene que hay comunicabilidad con el primer delito.

“Circunscribimos la medida más gravosa a quienes tenían el núcleo de la acción ilícita planteada”, dijo el fiscal Carlos Vidal.

En tanto, el resto de los imputados quedó con las cautelares de arresto domiciliario total.

La investigación ahora se derivará en el vaciado de instrumentos electrónicos incautados, entre otras diligencias y se determinó un plazo de cien días para terminar las mismas.