Defensoría reporta aumento en aplicación de prisión preventiva: se usó en el 4,9 % de las causas en 2021 y en el 7,7 % el 2022

El defensor nacional, Carlos Mora Jano, rindió este martes la cuenta pública de la gestión institucional 2022 del organismo, instancia en la que reveló un aumento en la aplicación de la medida cautelar de prisión preventiva, cuestionando su “uso excesivo”.

Durante 2022 se decretó la máxima medida cautelar en el 7,7% de las causas ingresadas, con un total de 20.723 casos. En los años 2020 y 2021, las causas en que se aplicó la privación de libertad alcanzaron el 5,1 y 4,9 por ciento respectivamente.

“El uso excesivo de esta medida cautelar ha decantado en el hacinamiento carcelario y en la imposibilidad de las instituciones para poder abordar –debidamente- el fenómeno de la criminalidad, evidenciando -con ello- la tragedia humana que se vive al interior de las cárceles chilenas”, afirmó el defensor nacional.

“El desafío es tener siempre presente que las medidas relativas a la privación de libertad no pueden resolverse en legislaciones rápidas o también llamadas agendas cortas, sino que debe obedecer a políticas públicas pensadas, diseñadas y aplicadas desde los principios, pues son éstos los cimientos de cualquier normativa democrática”, enfatizó la máxima autoridad de la Defensoría Penal Pública.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, informó hace unos días que se debieron corregir las proyecciones de Gendarmería de superar los 50 mil privados de libertad a inicios de 2024. “El día de hoy en el sistema penitenciario chileno las personas privadas de libertad ascienden a 49.599″, indicó la autoridad de gobierno, advirtiendo que el “número crítico” es de 52 mil internos. “Gendarmería hace todos sus esfuerzos para poder distribuir su capacidad penitenciaria, pero esto es un ejemplo cuando confundimos la contingencia con la política pública de largo plazo”, señaló. El Ejecutivo está estudiando una medida cautelar intermedia, entre la prisión preventiva y el arresto domiciliario, con un mecanismo de seguimiento telemático, como una forma de reducir el número de privados de libertad en penales.

“La Defensoría ha advertido reiteradamente que un uso excesivo de la prisión preventiva puede convertirse en una condena anticipada para miles de personas que –eventualmente- terminarán sentenciadas a penas no privativas de libertad o que no recibirán ninguna sanción ser absueltas de todo cargo”, señaló Carlos Mora Jano en su cuenta pública, precisando que, de acuerdo a las cifras de la institución del último año, 5.594 personas imputadas que estuvieron privadas de libertad durante la investigación penal, terminaron siendo sentenciadas a penas sin cárcel.

El año pasado, 66.112 personas imputadas fueron declaradas inocentes o no condenadas. Tal como ya había adelantado La Tercera, se trata de un 24,7% del total de causas ingresadas durante 2022 (267.473), siendo el motivo más frecuente, la decisión del Ministerio Público de no perseverar en la investigación, que corresponde a un 63,8%, esto es, en 42.182 causas.

De acuerdo al reporte de la Defensoría, en 11.947 causas, las personas imputadas fueron absueltas en juicios orales, lo que equivale al 18,1% del total, mientras que, en 11.338 casos, se decretó el sobreseimiento definitivo (17,1%).

Del universo de personas que mantuvieron su estado de inocencia en 2022, 1.782 estuvieron privadas de libertad durante el proceso en su contra.

El defensor nacional detalló también que el caso de las personas extranjeras, el total de atenciones aumentó respecto al periodo anterior, pasando de 17 mil atenciones durante 2021 (5,6 % del total de ingresos) a 21 mil causas en 2022 (7,9 % del total de ingresos). Los principales delitos por los que fueron imputados están las lesiones (20,2 %), los delitos de la Ley de Tránsito (18 %) y los ‘delitos de la Ley de Drogas’ (12,6 %).

En su discurso, el defensor nacional también destacó una de las iniciativas más ambiciosas de la Defensoría, que este 2023 cumple 10 años desde su creación. Se trata de “Proyecto Inocentes” que busca visibilizar y representar –públicamente- los errores sufridos por personas que enfrentan un proceso penal, y que -producto de ello- resultan privadas de libertad. “A través de esta iniciativa, buscamos reparar -en lo posible- el daño que sufren quienes han estado en la cárcel sin ser culpables, haciendo públicos sus casos y brindándoles apoyo legal gracias a la alianza público-privada que tenemos con fundaciones como Pro Bono y Proyecto B”, detalló Carlos Mora Jano.

Por último, el jefe de la Defensoría Penal Pública apuntó a continuar con la búsqueda de la autonomía institucional, argumentando que se trata de un anhelo histórico de la institución que les otorgaría “el necesario estatus de independencia que ya tienen el Poder Judicial y el Ministerio Público”.

“La autonomía constituye un avance -indispensable- para mejorar la posición relativa de la institución en el sistema. Es fundamental avanzar en esta materia para que el sistema de justicia criminal sea consistente con el desarrollo de los estándares de derecho internacional de los derechos humanos, y garantice el respeto al debido proceso”, aseguró.