Denuncia de Fries por casos de derechos humanos incluyó 10 tipos de torturas

"Junto con saludar, me dirijo a usted con el objeto de interponer denuncia contra todos quienes resulten responsables de la comisión del delito de apremios ilegítimos, previsto y sancionado en el Código Penal en contra de todas las víctimas de prisión política calificadas por las comisiones Valech y Valech II". Así comienza la denuncia que la exsubsecretaria de Derechos Humanos (DD.HH.) Lorena Fries presentó ante el ministro Mario Carroza.

La acción judicial fue concretada por la exautoridad el 10 de marzo, un día antes que terminara la administración de Michelle Bachelet, y la denuncia llegó hasta el juez el 12 de marzo, cuando Sebastián Piñera ya era Jefe de Estado.

El documento, de tres carillas, acota que "en materia de tortura, los resultados desarrollados por las comisiones Valech I y II muestran cómo esta práctica era generalizada por parte del Estado". Agrega que en la primera de estas instancias fueron calificadas como víctimas 28.459 personas, mientras que en la segunda comisión se contabilizaron 9.795 afectados entre 1973 y 1990.

La denuncia, además, relata que en los centros de detención "se practicaban torturas de manera sistemática e indistinta a los hombres y mujeres que eran detenidos". Luego, realiza un listado con los 10 métodos más usados, entre los que se encuentran "los golpes violentos con las manos simultáneamente en ambos oídos, conocido como el teléfono; la aplicación de electricidad, conocido como la parrilla; la inmersión prolongada en agua fría u otros elementos líquidos, conocida como el submarino", entre otros.

En la denuncia, Fries también explica que realiza la presentación porque en su calidad de funcionaria pública debe denunciar los delitos de los cuales tenga conocimiento. Además, indica que "como bien sabe S.S. ilustrísima, la prohibición de tortura es una norma imperativa del derecho internacional y, por lo tanto, las acciones judiciales tendientes a sancionar tales hechos son imprescriptibles".

Una de las primeras acciones que realizó el ministro Carroza fue solicitar al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) la información relativa a las víctimas identificadas en las comisiones Valech, ya que esta entidad es la que tiene la custodia de los antecedentes, los que se deben mantener en secreto por un plazo de 50 años.

Se espera que este lunes, en el consejo del INDH, los miembros de esta instancia debatan sobre la petición de Carroza y decidan si acceden o no a la petición del juez.

Branislav Marelic, consejero del INDH y quien fuera el director de la entidad hasta enero pasado, indicó que "es una acción que demuestra buena intención, pero no tendrá efecto práctico. La investigación eficaz de la tortura requiere algo más que un oficio; necesita una institucionalidad estatal de investigación y apoyo a las víctimas".

Marelic dijo, además, que "de la lectura del documento (la denuncia de Fries), uno puede advertir que el delito por cuál se denuncia, 150-A del Código Penal, no estaba vigente antes de 1998, por lo que no es aplicable a los hechos de tortura en dictadura. Invocar el Artículo 150-A para esos hechos es un error jurídico bastante injustificable".