Denuncias en colegios por discriminación respecto a identidad de género y actos de connotación sexual suben un 93% entre 2018 y 2022

Entre 2018 y 2022, las denuncias por discriminación de identidad de género u orientación sexual, y por situaciones de connotación sexual, al interior o exterior de establecimientos, aumentaron un 93%, según informó la Unidad de Estadísticas y Estudios de la Superintendencia de Educación.

Los hechos de connotación sexual, explicó el organismo, refieren a “aquellas acciones proferidas sin consentimiento por un integrante de la comunidad educativa que le otorga un sentido o característica sexual a un objeto, situación o circunstancia que no la tiene, con intencionalidad sexual, y que afecta a otro miembro de la comunidad”.

Estos actos -realizados de forma presencial o digital- provocan aflicción, menoscabo o daño al estudiante afectado, y vuelven necesaria la intervención del colegio, sostiene el estudio.

En específico, en 2018 el organismo registró un total de 627 denuncias; en 2019, 676; y en 2022, 1.213. Durante la pandemia (2020 y 2021), dado el cierre de establecimientos, el ente recibió menos requerimientos, anotando 149 y 128 respectivamente.

Sobre las cifras, destaca el alza de un 202,1% en las denuncias por “Situaciones de connotación sexual entre párvulos y/o estudiantes” -hasta 2020 rotuladas como “Comportamiento de connotación sexual que no constituye agresión”-, las que pasaron de 284 (2018) a 858 (2022).

Mientras las denuncias por “Situaciones de connotación sexual de adulto a párvulos y/o estudiantes” -hasta 2020 denominadas “Agresiones sexuales (delitos como violación, abuso sexual, estupro, corrupción de menores)”- disminuyeron un 10,6% en el mismo período (bajaron de 303 a 271).

En lo que respecta a los requerimientos por “Discriminación por identidad de género”, la Superintendencia anotó un alza del 168,8% (de 16 a 43 casos), y una baja del 29,2% en las denuncias por “Discriminación por orientación sexual” (de 24 a 17). Asimismo, y luego de crear la categoría en octubre de 2021, contabilizó el año pasado 24 casos por “Discriminación por género”.

La mayoría de las denuncias por identidad de género -detalló la Superintendencia- refieren a situaciones donde se negó el acceso o excluyó de actividades escolares a estudiantes por su identidad de género; “acoso o bullying”; no reconocer y respetar la identidad de género; establecimientos que incumplen sus propios protocolos; y por negar a estudiantes trans el uso de baños o camarines que corresponden a su identidad de género, o no hacer los arreglos necesarios para garantizar que las necesidades de estos estudiantes se satisfagan adecuadamente.

Ante el incremento global de estas denuncias, el Ministerio de Educación (Mineduc) recalcó la importancia de la Política de Educación en Afectividad y Sexualidad Integral -implementada por el gobierno de Gabriel Boric (CS)-, cuyas orientaciones para la inclusión de estudiantes LGTBIQA+ (lesbianas, gays, transgénero, bisexuales, intragénero, queer, asexuales y otras orientaciones) buscan, precisamente, prevenir el maltrato y la interrupción de las trayectorias educativas, así como crear espacios seguros dentro y fuera del aula.

Por ejemplo, estas “Orientaciones para el resguardo y bienestar de estudiantes con identidades de género y orientaciones sexo afectivas diversas” incluyen, en su tercer documento, acciones a implementar por la comunidad educativa para evitar situaciones de discriminación; entre ellas, capacitaciones sobre los principios de inclusión, la promoción del “respeto por las identidades de género y orientaciones sexuales diversas, constituidas por sexualidades, corporalidades, afectividades, identidades y expresiones de género, más allá de lo binario”; y “tratándose de niñas, niños y adolescentes trans el reconocimiento de su identidad “sin un carácter patologizante”, se lee en el texto.

Además, desde el Mineduc explicaron que todas las medidas y orientaciones formativas incluidas en la política -como las jornadas hacia una educación no sexista- apuntan a un cambio cultural y a la prevención de abusos y/o situaciones de connotación sexual.

El Mineduc publicó en mayo las orientaciones actualizadas para la inclusión de estudiantes LGTBIQA+, pero una guía anterior, de 2017, seguía -y sigue- publicada en su página web. Por norma, explican, no se puede bajar ese contenido.

Este documento incluía dentro de sus actividades un masaje en la espalda entre estudiantes y fue difundido por un medio de comunicación como la nueva política de Boric, suscitando críticas por parte de diputadas de oposición -Sara Concha y Francesca Muñoz (ambas del Partido Social Cristiano)-, quienes anunciaron una acusación constitucional en contra del ministro Marco Antonio Ávila (RD).

Y aunque el Ministerio aclaró que la guía de 2017 no está vigente, la arremetida de Concha y Muñoz coincidió con una ofensiva paralela, que preparaban bancadas de la derecha, para interpelar a Ávila por otros temas ligados de la cartera.

Así, y en vista que la acusación cobró fuerza, parlamentarios de Chile Vamos y el Partido Republicano se sumaron con la idea de ampliar la acusación a otras temáticas (como desersión y violencia escolar) y no centrarla exclusivamente en los planes de educación sexual. La acusación sería presentada el miércoles de la próxima semana.