Director del Registro Civil alista contraataque judicial ante querella por licitación con consorcio chino

“Ejerceré mi derecho a defensa”. De esta manera, el 22 de octubre, el director del Registro Civil, Sergio Mierzejewski, reaccionó a la querella que interpuso el exjefe informático del servicio, Bruno Opazo Ruiz, quien acusó al organismo público de haber “privilegiado” al consorcio chino Asino para hacerse cargo de la modernización de pasaportes y carnet de identidad, tras adjudicarse una licitación por US$ 205 millones.

Con esta licitación, indicó el Registro Civil en un comunicado el 15 de octubre, el precio de las cédulas de identidad caerá un 20% y el de los pasaportes, “que están entre los más caros del mundo”. Pero, el querellante pidió al Ministerio Público investigar el proceso que rodeó la licitación, algo que ya está en curso, a cargo del fiscal de Alta Complejidad Centro Norte, Marcelo Carrasco.

Según consta en la querella presentada por los delitos de negociación incompatible, tráfico de influencias, violación de secreto y uso de información privilegiada, “conforme a los antecedentes que posee esta parte, los que serán oportunamente aportados al Ministerio Público, existen indicios que claramente apuntan a concluir que en el proceso de licitación del año 2020 se han cometido una serie de irregularidades que dan cuenta de la perpetración de los delitos que más adelante se indican”.

Dado que la investigación podría ir desembocando en una serie de diligencias por parte del Ministerio Público, el director del Registro Civil comenzó a preparar su estrategia judicial a seguir en el caso. Por ahora, según fuentes aledañas a la causa, su apuesta sería el contragolpe y aportar la mayor cantidad de antecedentes para esclarecer los hechos que hoy están en la mira de la justicia.

Esta semana presentó patrocinio y poder en la causa, como defensa de Mierzejewski, el penalista Sergio Contreras. El abogado, consultado por La Tercera, señaló que “estamos en un proceso que recién se inicia y, por el momento, no queda más que esperar que el querellante señale los hechos que justifican su presentación, lo que hasta ahora no ha hecho en absoluto. Esto nos da el legítimo derecho de dudar del real sentido de esta querella.”.

Las mismas fuentes consultadas advierten que en la querella no viene ninguna imputación directa, ni relación de hechos hacia el director del Registro Civil. Sin embargo, el querellante sí desliza que hay “lobbistas que actúan dentro del Registro Civil a sabiendas del director nacional, con la finalidad de influir en el proceso de licitación”.

Contreras, sin embargo, replicó que “cuando el querellante indique en qué consistió la negociación incompatible, quiénes serían los lobbistas y cuáles sus actuaciones, mis representados podrán defenderse en la investigación formal, que es donde corresponde”. Por ahora, Mierzejewski no ha sido citado a declarar, pero el ánimo de sus asesores es que concurra al Ministerio Público a aportar su versión de los hechos.

“El proceso de licitación se llevó con total sujeción al procedimiento legal, de manera transparente y objetiva. Si el querellante sostiene lo contrario le corresponde a él explicar y justificar por qué, pero le reitero, eso no ha sucedido”, sostuvo el abogado del director del Registro Civil.

Pero el caso, al parecer, no solo se quedará en si la licitación se ajustó o no a las reglas. Esto, dado que el abogado del querellante, Angelo Dini, pidió al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago que la causa se declarara secreta, asegurando que estos antecedentes estarían siendo utilizados para eventuales amenazas en su contra.

En el escrito el profesional señala que “a raíz de la acción deducida y por la naturaleza de las personas involucradas, mi representado se ha visto expuesto a hostigamientos reiterados mediante llamadas telefónicas de personas desconocidas y contactos vía redes sociales que han perturbado su integridad física y psíquica”.

Por lo mismo, agrega “que sin perjuicio de las normas de publicidad del procedimiento impuestas en beneficio de los intervinientes, la acción deducida se encuentra pública en el sistema de información del Poder Judicial, por lo que puede ser accedida por cualquier persona ajena al proceso. Es por lo antes señalado y en virtud de los Tratados Internacionales ratificados por Chile y a lo dispuesto en el Artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República, vengo en solicitar a US. sírvase decretar reservada la causa, a fin de evitar que terceros ajenos al procedimiento accedan a la información declarada por mi representado”.

El tribunal, hasta el cierre de esta edición, no había resuelto esta solicitud.