Directora de Aldeas Infantiles SOS: "Los tribunales de familia deben ir más allá de la dictación de una medida de protección"

La nueva directora nacional de Aldeas Infantiles SOS, Alejandra Riveros, instó a los jueces a participar en la desinstitucionalización de los niños en situación de vulnerabilidad a través de resoluciones acordes y su posterior seguimiento.

"Los tribunales de familia deben ir más allá de la dictación de una medida de protección", dijo este jueves durante su primer encuentro con la prensa tras asumir la administración de la organización sin fines de lucro y también organismo colaborador del Servicio Nacional de Menores, Sename.

"Nos parece que es urgente que exista un sistema que permita medir la eficacia de sus resoluciones judiciales", agregó, enfatizando que "una vez dictado los fallos, no hay un control de eficacia de la medida, es decir, si se cumplió el objetivo primero proteger al niño o niña, interrumpiendo una vulneración de derechos que afecta su integridad física o psíquica, y luego de restituir, específicamente, su derecho a vivir en familia".

"Eso nunca se había planteado y hoy se está reflexionando sobre eso", continuó, aludiendo a la creación de una mesa de trabajo dirigida por el ministro de la Corte Suprema, Carlos Cerda, para abordar este tipo de problemáticas y donde se ha convocado a distintas organizaciones de la sociedad civil como Aldeas Infantiles, Hogar De Cristo, Protectora de la Infancia y Comunidad de Organizaciones Solidarias.

En ese sentido, dijo ser una convencida de que "debemos insistir para que se genere un autoacordado que a obligue a los tribunales a ir más allá de la dictación de la medida en beneficio de los niños, evitando que recurrentemente se atente contra sus derechos de vivir en familia".

En la misma línea, Riveros apuntó a las falencias del sistema en cuanto a los recursos destinados por el Estado a los niños, mencionando que la distribución de los mismos, no llegan directamente a cada uno de ellos, especialmente en programas de administración directa del Estado.

"Tenemos que preguntarnos cuánto de esos dineros son destinados directamente a los niños", cuestionó, afirmando que, de los montos establecidos, un porcentaje se destina a otras necesidades administrativas, como –por ejemplo- el pago de licencias médicas de funcionarios.