Directora del INDH apunta a “necesidad de evaluar estrategias de seguridad desde perspectiva del derecho a la seguridad”

En el Parque por la Paz Villa Grimaldi de Peñalolén y con la asistencia del Presidente Gabriel Boric, la mañana de este lunes tuvo lugar la ceremonia de entrega del informe anual del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).

El documento sobre la situación de los derechos humanos en el país se presentó a 75 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y a 50 años del Golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. Consuelo Contreras, directora del INDH, explicó que en el informe 2023 del organismo se abordan los atropellos de la época de dictadura y también se incorporaron nuevos temas “sobre los que no había una visión desde la perspectiva de los derechos humanos”.

El organismo valoró el Plan Nacional de Búsqueda de detenidos desaparecidos que se oficializó en noviembre.

Consuelo Contreras detalló que el 21% de las víctimas de desaparición forzada han sido encontradas y el 10,3% de las causas judiciales culminó con sentencias.

“Pese al horror y gravedad de los crímenes cometidos, persisten deudas en el camino que emprendió el país para conseguir verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición”, expresó.

El primer capítulo del informe se refiere a los 50 años desde la interrupción democrática y aborda el cumplimiento del Estado de Chile en materia de justicia en ese plano, concluyendo que el 73% de las recomendaciones están parcialmente cumplidas o pendientes de cumplimiento.

Adicionalmente, el capítulo final del informe se refiere a las adopciones irregulares cometidas en Chile entre los años 60 y 90. Sobre eso, la directora del INDH advirtió que “no existen los mecanismos para la restitución de las víctimas a sus familiares de origen”.

En el segundo capítulo del informe anual del INDH se analizó la situación en las regiones del centro sur de Chile en cuanto a afectaciones a la seguridad personal de sus habitantes, incluyendo el derecho a la vida, el derecho a la integridad física y el derecho a libertad personal.

Contreras planteó que “el derecho a la seguridad personal es condición habilitante para el ejercicio y disfrute de otros derechos”.

A partir de datos del Ministerio Público registros policiales y entrevistas, se analizaron medidas del Estado para entregar seguridad en la zona.

“Vimos la necesidad de evaluar las estrategias de seguridad desde la perspectiva del derecho a la seguridad”, afirmó la directora del INDH.

El cuarto capítulo evalúa el cumplimiento de las 300 recomendaciones del INDH sobre actuación de las fuerzas policiales desde 2011 a la fecha.

“Se requiere avanzar considerablemente en la adecuación de la conducta policial a los estándares internacionales de derechos humanos y en el establecimiento efectivo del control del poder civil sobre las policías”, indicó Contreras.

En el informe se señala que el 55,5% de las recomendaciones del INDH en este tema están pendientes de cumplimiento y en el 33,3% de los casos hay un cumplimiento parcial.

En cuanto a la gestión de desastres, que aborda el capítulo cinco del reporte, la directora del INDH expuso que “se requiere robustecer” la institucionalidad que parte por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) y “mejorar la coordinación con otros servicios”.

Por otro lado, Consuelo Contreras informó de una situación recogida en terreno en Copiapó por la crisis educacional en la Región de Atacama.

“Una niña que sale este año de cuarto medio, en la conversación me dijo que no asistía a clases desde octavo básico. Nunca asistió a clases durante la educación media. Es gravísima la situación que vive la educación pública en nuestro país”, advirtió.