Emblemático caso del estallido: fijan pena de 12 años y 183 días para dos excarabineros por brutal golpiza a Mario Acuña

Una pesquisa clave en la investigación por la golpiza que dejó tetrapléjico a Mario Acuña fue la reconstitución de escena. Ahí, personal de la Brigada de Derechos Humanos de la PDI y la Fiscalía Metropolitana Occidente pudo determinar la dinámica de los hechos que dejaron al temporero con un daño neurológico irreversible.

El fiscal de Alta Complejidad Occidente, Gamal Massú Haddad, tuvo a su cargo la investigación del caso y lo llevó a juicio.

Hoy, el Tribunal Oral en lo Penal de San Bernardo fijó una pena de 12 años y 183 días para los dos imputados por la brutal golpiza al trabajador.

De acuerdo a la labor que encabezó el fiscal Massú, se estableció que cerca de las 23.15 horas del miércoles 23 de octubre de 2019, los entonces funcionarios de Carabineros, Henry Giovanny Cuellar Vega y Víctor Antonio Lastra Marguirot, concurrieron hasta la intersección de calles Bajos de Matte con Los Olmos, en la comuna de Buin, a bordo de un vehículo policial, en un procedimiento por desórdenes. En el lugar se realizaba una manifestación en la que se encontraba Mario Acuña, de 43 años de edad entonces, que intentó ocultarse en una plazoleta para escapar de los uniformados. Los carabineros le ordenaron tirarse al suelo, procediendo a agredirlo a patadas, principalmente en la cabeza, provocándole un traumatismo encefálico con compromiso de nervios y médula espinal. Se trató de un TEC de carácter grave que le dejó secuelas funcionales permanentes y definitivas, con inhabilidad laboral total e incapacidad de autocuidado, entre otras lesiones.

Por esa acción, Cuellar y Lastra fueron condenados por el delito de lesiones graves gravísimas con ocasión de apremios ilegítimos.

En el marco de la misma indagatoria, un tercer exuniformado, Juan Ricardo Rosales Apablaza, fue condenado por dos delitos de apremios ilegítimos. Se trata de un excapitán de Carabineros que disparó su escopeta antidisturbios contra manifestantes en el lugar. Sus disparos provocaron heridas leves, en una pierna a un hombre y en la zona abdominal a una mujer. El sujeto fue condenado a tres años y un día pero su pena fue conmutada por libertad vigilada intensiva.

La sede de la Región Metropolitana del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) fue parte de la causa. Cuatro días después de las agresiones presentó una querella, la primera acción penal interpuesta en este caso.

El juicio oral se realizó durante 39 días entre el 08 de mayo y el 13 de julio. El Ministerio Público presentó el testimonio de más de 30 testigos y numerosa prueba documental y pericial, incluyendo 160 imágenes del sitio del suceso, vestimentas de las víctimas y otros registros que dan cuenta de lo ocurrido. En su acusación, solicitaban el presidio perpetuo de los ahora condenados.