Emilio Santelices, exministro de Salud: “Avanzar hacia un sistema de multiseguros o de un seguro único debe ser materia de ley y no de Constitución”

Este año empezó un nuevo proceso constitucional con la formación de una Comisión Experta, que tendrá que proponer al Consejo Constitucional -que se elige este domingo (revisa los candidatos)- un anteproyecto de propuesta de nueva Constitución. Sin embargo, los expertos que integran la subcomisión de derechos sociales están enfrascados en una discusión ideológica sobre el derecho a la salud, la provisión mixta y la libertad de elegir quién administra la cotización obligatoria.

Para aterrizar el asunto, se trata de las normas que tendrán efecto en quién -una aseguradora privada o un seguro estatal- se quedaría con el 7% de salud.

En ese contexto, diversas exautoridades y académicos, entre ellos el exministro de Salud del segundo gobierno de Sebastián Piñera, Emilio Santelices, expresaron a través de una carta pública que “la forma en que se financia, se organiza y se estructura la prestación pública y privada de servicios de atención, debe quedar sujeta a futuras legislaciones. La posibilidad de elegir prestadores públicos o privados, lo que es valorado por amplios sectores de chilenos, no debe implicar como consecuencia establecer a nivel constitucional la perpetuación de una inequitativa segmentación y desigualdad entre un sistema para ricos y otro para pobres”.

Hoy, Santelices reafirma esa idea y asegura que “la libertad debería ser a ambos niveles (prestadores y asegurador), pero no debe ser una materia que la Constitución deje anclada a uno u otro sistema, porque eso es mucho más dinámico y tiene muchas más variables clínicas que uno debe recoger y por lo tanto eso debiese ser materia de ley”.

¿Por qué cree que no se debe establecer en la Constitución la libre elección?

Ya hay un artículo en la propuesta que reconoce al Estado de Chile como un Estado social y democrático y que reconoce los derechos y las libertades fundamentales. Entonces, ya en los artículos principales ya está fundada la libertad para todos los ciudadanos. Por eso yo creo que no quede en salud está sobrepasado a partir del artículo tres que establece para todos los chilenos la libertad, incluido en los derechos sociales.

La derecha quiere asegurar la libertad de elección entre el asegurador y el prestador y, por lo tanto, defiende la norma, ya que transformaría en inconstitucional, por ejemplo, un seguro en que el único administrador sea el Estado. ¿Le parece correcto ese enfoque?

Yo creo que se debe dejar establecido que la ley es la que finalmente va a dirimir los pormenores del diseño propiamente tal del sistema de salud. Yo creo que es importante revelar cuáles son los conceptos con los que se debe construir el marco constitucional, pero finalmente dejar sujeto a la ley la aplicación de este marco. En ese contexto, el que avancemos hacia un sistema de multiseguros o de un seguro único debe ser materia de ley y no de Constitución.

El oficialismo quiere eliminar esa norma, ya que, argumentan, la Constitución no debería cerrar la puerta a “ideas socialdemócratas”, como por ejemplo que el Estado pueda ser el único administrador del 7%. Y que esa es una decisión que la debe tomar el legislador, o sea el Congreso. ¿Comparte ese argumento?

Efectivamente, yo creo que los principios rectores para la materia de salud dicen relación, primero con que avancemos hacia un modelo con base en la seguridad social, y que de alguna forma está incluido en la propuesta actual. Segundo, con la libertad de las personas y, en tercer lugar, que el Estado pueda preservar y asegurar el adecuado acceso a la salud, incluyendo el acceso a los medicamentos. Yo creo que esos son principios que tienen que estar en el texto constitucional, y lo que quede supeditado a estos principios es lo que tiene que ser materia de ley.

¿Usted está de acuerdo con la idea planteada de que si el Estado es el único administrador del 7% no existe libertad de elección para el prestador?

Si entramos a instalar esa idea desde la Constitución se genera un chaleco de fuerza, porque no va poder haber ninguna disposición legal que sobrepase ese marco (constitucional), y en consecuencia tendríamos un fondo único administrado por el Estado. Le estaríamos generando un marco de restricción a los futuros legisladores en base a una Constitución que desde ese punto está instalando un sesgo ideológico muy fuerte y con supuestos que técnicamente tampoco se sustentan.

Entendiendo que esta pugna enfrenta a dos visiones contrarias, ¿de qué forma recomienda zanjar la disputa?

Se zanjaría recogiendo la evidencia sobre los principios rectores que en el mundo están hoy moldeando a los mejores sistemas de salud. También hay que recoger los anhelos que la ciudadanía en muchas consultas ha hecho en relación a lo que espera en salud, y ahí tenemos la capacidad de elegir y contar con garantías frente a necesidades básicas. Desde ahí se deberían encontrar los consensos, interponiendo la evidencia y la demanda ciudadana por sobre el prisma ideológico que se quiera hacer prevalecer sobre el otro.

Respecto de la libertad de elección en salud, ¿qué redacción le parecería adecuada?

El que nosotros entendamos que la libertad es un derecho inherente de las personas, al cual le debemos asociar un espacio de garantía para que esta libertad pueda materializarse. Es decir, frente a una persona sin recursos el Estado debe aportar esos recursos en materia de salud, de tal forma que esa capacidad de elegir esté presente en ella, porque de lo contrario sería solo letra muerta, pues no tendría recursos para ver otras opciones.

Entonces, ¿la libertad debería ser solo a nivel de prestador o también de asegurador?

La libertad debería ser a ambos niveles, pero no debe ser una materia que la Constitución deje anclada a uno u otro sistema, porque eso es mucho más dinámico y tiene muchas más variables clínicas que uno debe recoger y por lo tanto eso debiese ser materia de ley y discusión en su momento en el Parlamento.

¿Por qué cree que se ha generado este debate? ¿Es un debate solo ideológico?

Efectivamente. Creo que esto más bien obedece a aquellas personas que en su momento quisieron refundar al país y que ocho millones de chilenos les dijeron que todo lo quería refundar, entre ellas la reforma a la salud, pero no bajo un criterio refundacional. Y son ellos mismos quienes perpetúan en ese sentido, buscando instalar una verdad de ellos y que quieren imponer hacia el resto de los ciudadanos.

¿Estamos frente a un sistema de salud que se divide frente a ricos y pobres?

Yo creo que debemos transitar de un modelo que hemos tenido los últimos 30 años y que en su momento fue virtuoso, pero las demandas sanitarias se han ido modificando y se han hecho más exigente, y desde esa experiencia de las últimas décadas tenemos que sacar lecciones y generar una reformulación que nos permita avanzar en compromisos ya adquiridos que es una cobertura universal de salud. En ese contexto, el modelo existente no facilita este propósito que hemos comprometido como país, y por eso es importante hacer los cambios hacia un sistema universal y con sistema sanitario que esté a resguardo con un marco constitucional, es decir con universalización, con acceso igualitario y donde cada cual pague según sus capacidades y reciba según sus necesidades.

La ministra enviará la ley corta de isapres la próxima semana. ¿Qué opina de los primeros lineamientos que ya presentó en el Senado?

Creo que la ministra está en el camino correcto de que el sistema de salud no permite un colapso como se produciría o se habría producido como han querido algunos sectores de su propio gobierno, y siendo responsable con eso ella ha estado buscando el camino para, por una parte, dar cuenta al requerimiento que hace la Corte Suprema hacia la autoridad a través de esta vía legislativa. Por otro lado, abre una discusión que nos debiera permitir avanzar hacia discutir cuál es el sistema de financiamiento de la salud que Chile requiere con certeza jurídica para los próximos 30 años.

¿De qué forma las isapres contribuyen a este sistema tan segmentado de salud?

Está en el modelo y a través de los años conocimos las ventajas que pudo haber tenido la isapre, pero también conocimos las enormes desventajas que tenían que ver con la discriminación por sexo, por edad y hoy la sociedad ha cambiado, las necesidades son otras y hay que hacerse cargo de ello. Hoy el llamado es a la industria en su conjunto a hacerse cargo de las modificaciones que se requieren y ser actores activos para que se produzca una transformación profunda al sistema de financiamiento.

¿Estamos realmente ante una crisis del sistema sanitario?

El hecho de instalar esta discusión (constitucional) le va a quitar tensión temporal a la situación que está viviendo la salud y lo que deberíamos hacer de manera serena es reflexionar sobre lo que requerimos para los próximos 30 años. Lo que no debiera ocurrir acá es que a partir de un dictamen de la Corte Suprema aceleráramos una discusión sobre el diseño de una política pública que debe ser mucho más serena. Pero tampoco podemos postergar esa discusión porque ya lo hemos hecho durante 10 años.