En prisión preventiva, mientras dura la investigación que desarrolla la Fiscalía de Alta Complejidad, deberán permanecer los 12 imputados de doble secuestro agravado, lesiones de carácter grave en el caso Heriberto Avello Marín y el homicidio de Edgardo Mardones, cuyo cuerpo habría sido rociado con soda caustica, quemado y sus cenizas lanzadas a un río, en las cercanías de Collipulli, Región de La Araucanía.

Hasta ahora sólo se han recogido algunos elementos óseos, los que deben ser periciados por el Servicio Médico Legal de Temuco y determinar si corresponden a Mardones.

Momentos antes de la audiencia de formalización, presidida por el magistrado Daniel Riquelme, se efectuó el control de la legalidad de la detención el sospechoso número 12 por el caso, quién se enteró por los medios de comunicación de lo ocurrido, luego de encontrarse trabajando en Chillán.

El sospechoso, un hombre de 31 años, se entregó acompañado de su tío Víctor Ancalaf Llaupe -exlíder de la CAM- en la 2ª Comisaría de Collipulli pasada las 00.30 horas, de esta madrugada.

La audiencia efectuada de manera telemática duró poco más de seis horas, sin acceso de los medios de comunicación, pese a levantarse la reserva de la investigación por parte de la fiscalía, con 11 de los imputados en el módulo indígena de la cárcel de Temuco y el último detenido en Collipulli.

En la ocasión, la Fiscalía de Alta Complejidad -que lidera en la zona roja del conflicto mapuche, el fiscal Enrique Vásquez- les imputó delitos por el doble secuestro agravado con homicidio, lesiones graves, de la ley de control de armas y drogas.

Esto, luego de realizarse allanamientos a viviendas de Vilcún y Collipulli donde se detuvo el sábado a cuatro personas, se incautaron tres escopetas y un revólver, drogas y dos vehículos, a los que se suman los cinco integrantes de la comunidad Choin Lafquenche liderados por María Ancalaf Llaupe, detenidos el domingo.

El juez estimó que con las declaraciones de la víctima, imputados y otros antecedentes aportados por la Fiscalía como conversaciones entre imputados y familiares de las víctimas, información de georreferenciación de los teléfonos de los detenidos y la evidencia levantada en el sitio del suceso, se dan por acreditados en esta etapa procesal la existencia de todos los hechos y la participación como autores de los imputados en los delitos en los mismos términos planteados por los fiscales (a 10 de ellos se les imputan dos delitos de secuestro agravado y a dos participación en uno de los secuestros. Además cinco fueron formalizados por infracción a la Ley de Armas y 2 por microtráfico).

En la audiencia se fijó un plazo de seis meses para el cierre de la investigación, mismo tiempo en que los comuneros deberán permanecer recluidos.

Por la gravedad de los delitos que se les imputan, arriesgan penas de presidio perpetuo, de ser hallado culpables de secuestro agravado y homicidio, sumado a las otras penas contempladas en la ley de control de armas y de drogas, por las que son imputados.

Tras la audiencia, el fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, señaló que el Ministerio Público “atribuyó la calidad de autores a todos los imputados en los delitos de secuestro calificado y además en el delito también de la ley de control de armas y de tráfico de estupefacientes en pequeñas cantidades “.

Entre los detalles que se ha podido obtener de las primeras indagaciones, el fiscal Garrido explicó que “esta es una agrupación de personas donde no hay un liderazgo definido, todos actúan cumpliendo diferentes funciones en la medida que van transcurriendo los días. Pero no podemos hablar de una organización propiamente tal, sino más bien de una agrupación de personas para cometer los delitos asociados a esto, a la motivación que tenían de recuperar armas y drogas que habían ocultado en la propiedad de uno de los imputados a fines del mes de mayo”.

Sobre el cuerpo de la otra víctima el persecutor regional insistió que “hasta el momento las diligencias de la investigación no han permitido dar con el cuerpo de la segunda víctima, no obstante, con los antecedentes que tenemos se han recuperado osamentas. Estamos a la espera de los peritajes correspondientes para determinar a quién corresponden”.

De acuerdo al Ministerio Público, el 12 de junio Ernesto Avello Marín, con domicilio en el sector de la comunidad Wenehuen, en el km 571 de la ruta 5 Sur a Collipulli, tras escapar de una vivienda precaria en la que lo mantenían sus captores, denunció mediante llamada a Carabineros, que estaban secuestradas tres personas, por a lo menos seis sujetos.

Con heridas en el cráneo y extremidades que presentan cortes con hacha y fracturas de carácter grave, que hicieron necesaria su internación en el hospital de Angol, relata que el secuestro se produjo tras concurrir al domicilio de María Ancalaf Llaupe en la comunidad Choin Lafquenche, sector San Andrés de Collipulli, a reparar una camioneta en compañía de Edgardo Mardones.

De acuerdo al ente persecutor, al no haber personas en el domicilio, aprovecharon la ocasión y sustrajeron algunas armas que estaban en un vehículo las que posteriormente pusieron en venta y cuyo paradero se desconoce y que corresponderían a escopetas y armas de puño.

Según la investigación, los hijos de María Ancalaf se percatan que habrían sacado las armas y concurrieron a la comunidad Wenehuen, domicilio de las víctimas, y los secuestraron, trasladándolos hacia otro sector, donde los habrían colgado de un árbol, torturado, quemado con cigarrillos y mutilaron con el fin de obtener información de las armas que habían sido sustraídas desde el domicilio de los Ancalaf y que al menos una de ellas podría estar asociada a la muerte del sargento Francisco Benavides ocurrido en mayo pasado, en el sector San Andrés de Collipulli, cuando el funcionario recibió un impacto balístico en el pecho disparado desde una zona de altura.

Se agrega que los captores, al percatarse de la fuga de Avello Marín, decidieron dar muerte y hacer desaparecer a Mardones, cuyos restos aún no han sido ubicados.