En su cuenta pública: Fiscalía de La Araucanía destaca disminución de denuncias por “violencia rural” durante 2024

El fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido Bedwell, presentó la cuenta pública del organismo bajo su gestión, correspondiente al 2024. Dentro de las cifras entregadas, destaca la disminución de denuncias recibidas por “violencia rural” en la zona.

Garrido explicó que en junio 2021, cuando asumió como fiscal regional advirtió “que nos enfrentábamos un panorama alarmante: el fenómeno criminal que llamamos ‘violencia rural’ era el problema de seguridad pública más relevante de La Araucanía, y del país. Lo sostuve en varias entrevistas y no era una frase vacía”, aseveró.

“Ese año, recibimos en la región 978 denuncias vinculadas con este fenómeno, casi 3 denuncias diarias, una cifra que reflejaba la gravedad y complejidad de la situación. No se trataba únicamente de delitos aislados, sino de un escenario donde la violencia se asociaba con otras actividades ilícitas, generando un impacto devastador en nuestra comunidad: Entre 2019 y 2022 esa violencia cobró 17 vidas sólo en La Araucanía”, señaló el fiscal.

Para hacer frente a la situación, el persecutor comentó que “el primer paso fue abordar la violencia rural como una forma de criminalidad organizada”. En ese sentido, explicó que se priorizó “la persecución de las estructuras que la sustentan y los delitos que les permiten mantenerse, como el tráfico de drogas, armas, los robos de vehículos motorizados, las extorsiones y el robo de madera”.

Según explicó Garrido, los trabajos dieron como resultado que en “2024, los casos recepcionados disminuyeron a 242, un 55% menos que el año pasado (2023) y la cifra más baja desde 2018″.

“Este es un avance significativo”, destacó, sin embargo, recalcó que “estas cifras están muy lejos de ser el final del camino, y solo nos muestran que estamos en la senda correcta. Hemos golpeado las estructuras criminales, desmantelado sus fuentes de financiamiento y llevado a juicio a sus líderes. Pero quizá lo más importante es que hemos comenzado a combatir una de las mayores heridas que la violencia rural dejó en nuestras comunidades: la sensación de impunidad”.

En esa línea, destacó que, de los 242 casos ingresados en 2024, se aprecia “una disminución significativa en delitos específicos: los incendios bajaron un 59%, las usurpaciones un 58%, los robos de vehículos un 25% y el robo de madera un 12%”.

“Estos avances no solo se reflejan en la disminución de denuncias, sino también en el impacto directo de la persecución penal. Durante el año 2024, 82 imputados fueron condenados en 41 causas vinculadas a criminalidad organizada rural. Además, a la fecha, 53 imputados permanecen en prisión preventiva por delitos de esta naturaleza. Un 43% de ellos se encuentran con acusación presentada”, resaltó el persecutor.

En el balance de su gestión, el fiscal señaló que aún existen “obstáculos relevantes que amenazan con debilitar los esfuerzos realizados”. En detalle, señaló que dichas trabas obedecen a “la dilación injustificada de audiencias y a la intimidación hacía víctimas y testigos”.