Extradiciones: uno de cada diez requeridos fue entregado a Chile entre 2007 y 2017

La Segunda Sala de la Corte Suprema anunciará el lunes si acepta o no tramitar la solicitud de extradición en contra del ex frentista Ricardo Palma Salamanca, detenido hace ocho días en Francia a partir de una orden de arresto emanada por el ministro en visita, Mario Carroza.

El ex miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez está prófugo desde 1996, cuando escapó de la Cárcel de Alta Seguridad donde cumplía condenas de presidio perpetuo como autor material de la muerte del senador Jaime Guzmán y el secuestro de Cristián Edwards.

Sin embargo, más allá de la decisión que adopte el máximo tribunal en este caso, la materialización de esta solicitud, de ser aprobada, no significa que el condenado llegue a Chile, dado que Francia tiene que determinar si los antecedentes enviados por Chile son suficientes para remitirlo.

Según las cifras entregadas por el Poder Judicial a La Tercera, vía Ley de Transparencia, entre 2007 y 2017 Chile ha solicitado la extradición de 86 personas desde el extranjero en el sistema de la justicia antigua, que indaga delitos anteriores a 2005, que es el período en el que están circunscritos los dos delitos por los que buscan a Palma Salamanca. Así, se da cuenta que sólo en ocho casos esta petición ha culminado con el efectivo traslado del requerido a territorio nacional.

En este sentido, los datos demuestran que la baja concreción se debe a circunstancias propias del país requerido. De los 86 casos que llegaron a tribunales extranjeros, 41 se encuentran en tramitación, 12 tuvieron otra forma de término y siete fueron rechazados. En tanto, en dos casos el tribunal extranjero aceptó la ampliación de la extradición original, ocho se encuentran sin tramitación o archivadas, mientras en otras ocho no se cuenta con información.

Juan Enrique Vargas, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (UDP), cree que estas cifras demuestran la complejidad que poseen los procesos de extradición. "Tardan mucho tiempo y requieren que los delitos estén tipificados de la misma manera en el país requirente y en el requerido. Es complejo, caro y lento. Si bien los tratados facilitan los procesos, no los hacen fácil en ningún sentido", señaló.

Según Eduardo Picand, presidente de la Asociación chilena de Derecho Internacional Privado (Adipri) y ex jefe de la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones de la Fiscalía Nacional (Uciex), esta baja cifra se puede entender en el deber que pesa sobre las personas de cumplir primero con sus procesos en el extranjero antes de ser trasladados a Chile.

"Aunque se conceda la extradición, no pueden ser entregados mientras no sean juzgados en el extranjero por el delito que cometieron en aquel territorio, y de ser condenados, hasta que no cumplan la pena", explicó.

Argentina es el país al que más se han solicitado extradiciones en la última década, con 24 peticiones. Lo siguen Estados Unidos, con 13, y España, con ocho. En el caso de Francia, se han realizado dos peticiones, todas ellas ligadas a ex frentistas. A la actual solicitud por Palma Salamanca, se suma el requerimiento hecho por Francisco Peña Riveros. Sobre el también otrora miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, pesa una condena en ausencia a presidio perpetuo por el secuestro de Gonzalo Cruzat Valdés en 1984. A esta pena se suma otra pena por 18 años como coautor de robo con intimidación y dos por 541 días por asociación ilícita y violación de domicilio. A la fecha, Peña permanece en aquel país al ser rechazada la petición.

Otro de los casos en que Chile ha pedido la extradición está la solicitud realizada a Estados Unidos para que envíen a Chile al ex agente de la DINA, Armando Fernández Larios, requerimiento que está en tramitación.

Gabriel Zaliasnik es profesor de Derecho Penal en la Universidad de Chile y fue abogado de los ex presidente de Argentina y Perú, Carlos Menem y Alberto Fujimori, respectivamente, ambos requeridos por sus países mientras estaban en Chile. Para él, en el caso francés existe "un claro sesgo político. Creo que en casos como Francia o Suiza más que garantistas se ha notado una clara predisposición política a la hora de evaluar mérito de solicitudes de extradición efectuadas por Chile".

Entre Chile y Francia no existe un tratado bilateral sobre extradición, lo cual, de acuerdo a los expertos en derecho internacional, podría responder a la falta de resultados en esta temática.

De acuerdo a Picand, quien actualmente representa a Richard Riquelme, chileno solicitado por Holanda como posible líder de una banda de narcotráfico internacional, el país tiene pocos tratados de extradición bilaterales. "Hay un universo de aproximadamente 200 naciones y Chile tiene 17 tratados bilaterales de extradición y un par de acuerdos multilaterales para delitos específicos", indicó.

En este sentido, aseguró que desde la Cancillería se debe avanzar en acuerdos de extradición con países limítrofes y destinos de inmigración importantes para los chilenos. "Es insólito que no tengamos un tratado de extradición con Argentina, por ejemplo. Sin embargo, tenemos tratados de extradición con países tan exóticos como Singapur y Corea del Sur", cuestionó.

En el caso de las peticione de extradiciones pedidas por otros países a Chile, denominadas solicitudes pasivas, entre 2007 y 2017, 24 países han requerido esta colaboración en un total de 257 ocasiones. De estas, 105 solicitudes fueron aprobadas por la Corte Suprema. En 76 oportunidades las causas finalizaron sin resultado, mientras el máximo tribunal rechazó 51 peticiones.

A partir de la entrada en vigencia de la Reforma Procesal Penal, el 16 de junio de 2005, la facultad decidora que poseía la Corte Suprema de tramitar los pedidos que Chile realiza a otros estados (extradición activa), pasó a manos de las respectivas Cortes de Apelaciones.

De acuerdo a Antonio Segovia, el actual jefe de la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones (Uciex) del Ministerio Público, "todo es más rápido luego de la reforma".

Al respecto, apuntó que la regulación es diferente y más expedita que la aplicada antes. Ello, asegura, permite que la tendencia de las solicitudes y posterior arribo de los imputados sea al alza.

"Cada año aumentan los pedidos de extradición que formula la fiscalía. De esos, la gran mayoría son concedidos por los tribunales nacionales. Y de ellos, otro porcentaje mayor es aprobado por el Estado requerido. Con distintos tiempos, pero en general concedidos", indicó.

En estos resultados, Segovia cree que puede incidir la coordinación interinstitucional que se ha generado en los últimos años.

"Si antes intervenían sólo el Poder Judicial y la Cancillería, ahora también lo hace el Ministerio Público, que coordina acciones con Interpol para la búsqueda de imputados en el extranjero, y lo hace también con las fiscalías de los otros países para colaborar en los procesos en dichos lugares".

Uno de esos casos fue el de Rafael Garay, que fue enviado desde Rumanía para enfrentar los tribunales chilenos.