“Facultad legal”: la respuesta de Valencia a organizaciones de DD.HH. por cierre de 1.500 causas del estallido

Por medio de una carta de su jefa de gabinete, Catalina Wildner Zambra, el fiscal nacional, Ángel Valencia, respondió a Alicia Lira Matus, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos y representante de la Coordinadora Nacional de DD.HH. y Organizaciones Sociales por la decisión del Ministerio Público de no perseverar en 1.509 causas vinculadas al llamado estallido social de octubre de 2019.

El 28 de febrero las organizaciones hicieron entrega de una misiva al jefe del Ministerio Público acusando que la decisión constituiría “un acto flagrante de denegación de justicia”.

Según las organizaciones, ello manifestaba “una clara voluntad institucional por la impunidad de las acciones ilícitas ejecutadas en el contexto de un ataque sistemático y generalizado en contra de la población civil, que tuvo como ejecutores a funcionarios públicos pertenecientes a Carabineros y a las Fuerzas Armadas”.

Asimismo, indicaban que en la medida se advertía “una clara intencionalidad política orientada a deslegitimar y estigmatizar el derecho humano a la movilización social”.

“Esta forma de término corresponde al ejercicio de la facultad legal del Ministerio Público en aquellos casos en que no se han reunido durante la investigación los antecedentes suficientes para fundar una acusación. Las 1.509 causas que se indican corresponden a decisiones término que se han adoptado de manera progresiva (desde 2020 a la fecha) y conforme a los resultados obtenidos en las investigaciones”, señala la respuesta del ente persecutor.

En la carta de respuesta se resalta que “el Ministerio Público adoptó medidas orientadas al cumplimiento de la debida diligencia en la investigación de casos de derechos humanos vinculados a la crisis social del año 2019″.

“Ahora bien, no obstante, las medidas adoptadas, los resultados de las investigaciones no dependen únicamente del actuar del Ministerio Público, sino también de la labor que realizan instituciones auxiliares, y de la disponibilidad de evidencia que permita acreditar la existencia del delito y la participación de uno o más imputados, conforme al estándar de convicción más allá de toda duda razonable”, puntualizan.

En esa línea, indican que para el Ministerio Público, “el cumplimiento de la debida diligencia en la investigación de casos de derechos humanos es un tema prioritario”.

Asimismo, recuerdan que al asumir su mandato Valencia “instruyó la creación de la Unidad Especializada en Derechos Humanos de la Fiscalía Nacional como unidad independiente dentro de la estructura jerárquica de la institución, con el objetivo de fortalecer la capacidad técnica en este ámbito investigativo”.