Felipe Alessandri: "Si queremos una buena educación pública hay que darles dignidad a los colegios"
Doce tomas en menos de un mes en el Liceo 1 Javiera Carrera, daños por $ 300 millones en el Amunátegui y, en general, más de 50 días sin clases han marcado las movilizaciones escolares este año en Santiago. El alcalde de la comuna aseguró que se ha dialogado con los estudiantes y remarcó la importancia de mejorar la infraestructura.
Un total de 52 días sin clases suman los siete liceos de Santiago que han estado en tomas durante las movilizaciones este año. Sus demandas se enmarcan en el movimiento feminista, pero, además, en petitorios internos que incluyen desde serios problemas de infraestructura al rechazo de políticas como el "rompe-paga" que ha implementado el municipio. El alcalde Felipe Alessandri conversó con La Tercera y explicó cómo se están buscando recursos para reparar los daños en algunos establecimientos, y también aseguró que no se cerrarán procesos disciplinarios de estudiantes.
¿Cree que las tomas han impactado en la calidad de los liceos emblemáticos?
Sería miope desconocerlo. Claramente, los paros y las tomas constantes en los últimos 10 años han generado un daño que estamos palpando hoy en nuestros liceos emblemáticos y ha sido una estocada al corazón de la educación pública.
¿Ha tenido efectos en la matrícula?
Hemos visto que liceos como el de Aplicación, el Instituto Nacional o el Amunátegui tienen matrícula disponible. Años atrás eso era impensado. Hoy, los padres están optando por otros colegios, porque dicen que no quieren que sus hijos pasen en toma. Ese es un indicador muy claro de que las tomas y la destrucción de los colegios han generado una pérdida de matrícula importante y han atacado la excelencia académica.
¿Han visto efectos en los resultados Simce o PSU?
Mantenemos en algunos de nuestros colegios resultados bastante positivos. Tenemos siete de nuestros colegios con excelencia académica. Sin embargo, claramente hemos visto una baja en las pruebas estandarizadas en algunos establecimientos. Ha afectado, pero podría haber sido peor. Hay profesores muy comprometidos y nosotros hemos estado apoyando en forma continua.
Una demanda común que tienen los estudiantes es la mala calidad de la infraestructura. ¿Se han tomado acciones para mejorarla?
Hemos dialogado con ellos, hemos trabajado y, actualmente, tenemos cinco proyectos en ejecución en distintos colegios. En el Instituto Nacional, por ejemplo, se está a punto de terminar de impermeabilizar el Patio Calama, está en ejecución un proyecto para mejorar los baños y se cambiaron las luminarias de la cancha. Estamos buscando apoyo del Ministerio de Educación para hacer más mejoras y hemos tenido apoyo de la Intendencia y la Seremi de Educación. Sin embargo, ha sido un proceso complejo, la administración anterior solicitó fondos al Mineduc para inversión en infraestructura y lo utilizó en otros objetivos. Hoy, los alumnos están preguntando qué pasó con esos recursos y, paralelamente, el ministerio me está pidiendo devolvérselos, porque no se utilizaron con esos fines.
¿Cómo evalúa las movilizaciones de este año?
No ha sido un año malo para la educación pública, estamos muy similar al año pasado en la cantidad de días en toma y muy por debajo de 2016. Salvo casos aislados, como el del Amunátegui y el del Darío Salas, no hemos tenido grandes daños en infraestructura.
¿A qué cree que se debe?
A que el "rompe-paga" ha sido efectivo y también a que el estudiantado tomó conciencia de que destruir su establecimiento los afecta a ellos.
¿Cómo se ha aplicado el rompe-paga?
Hemos demandado civilmente a algunos apoderados. El Código Civil contempla que quienes responden por los menores de edad son sus padres, entonces presentamos tres demandas el año pasado y tres este año. Cada demanda corresponde a un colegio e incluye a varios apoderados.
Los alumnos han acusado que se les criminaliza, además hay 180 procesos disciplinarios, ¿los reconsiderarán?
Aquí se han establecido criterios objetivos que se llaman manuales de convivencia y que han sido firmados por toda la comunidad escolar. Uno tiene que hacerse responsable de sus acciones y entender que lo que uno hace tiene consecuencias. El manual establece un procedimiento y se decretará una sanción, que por supuesto puede llegar a la expulsión.
Entonces, no se cerrarán procesos disciplinarios...
No corresponde. Aquí hay un manual de convivencia y uno no puede aplicarlo cuando le conviene y cuando no le conviene no.
Más allá de los paros, ¿qué piensa de las movilizaciones?
Las movilizaciones me parecen muy bien en un Estado democrático en que pueda la gente manifestarse. Pero pensemos, por ejemplo, en el movimiento feminista, todos podemos estar muy de acuerdo con sus demandas, pero eso no tiene que extrapolarse en tomarse un colegio y destruirlo. Cuando eso ocurre el movimiento pierde mucha fuerza.
¿Cómo ha avanzado el proceso de reparación del Liceo Amunátegui?
Tenemos una evaluación de daño que es de alrededor de $ 300 millones. Tenemos que buscar los recursos. Lo que queremos es hacer una mejora integral del colegio para poder recibir nuevamente a esa comunidad escolar. Aquí tratamos de aplicar el sentido común, queremos que los alumnos vayan a estudiar. Si en Santiago no creyéramos en la educación no seríamos el municipio que más aporta en educación de Chile. Yo ahora mismo voy al Mineduc a mendigar recursos para mejorar la infraestructura, a decirle al ministro 'permítame ver alguna forma para pagarle los recursos que la administración anterior no pagó, pero por mientras no me deje paralizadas las mejoras en infraestructura para mis 34 mil alumnos', porque se lo merecen, lo requieren, y porque si queremos tener una buena educación pública tenemos que darles dignidad a los colegios.
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