Fiscal de caso contra ejecutivos de Enap por petróleo iraní en Quintero: “El delito nos parece grave, muy grave, la pena refleja la situación legislativa actual”

Este martes, el Tribunal Oral en lo Penal (TOP) de Concepción comunicó su sentencia en contra de tres altos ejecutivos de Enap por su culpabilidad en el mal manejo de residuos peligrosos que afectó la bahía de Quintero en agosto de 2018.

Los ejecutivos fueron acusados de infracción al artículo 44 de la Ley 20.920, que fija responsabilidad penal por tráfico de residuos peligrosos y establece que “el que exporte, importe o maneje residuos peligrosos, prohibidos o sin contar con las autorizaciones para ello será sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo a medio”.

La fiscal Ana María Aldana se incorporó a la investigación a fines de septiembre de 2018, con el antecedentes de ser una persecutora pionera a nivel nacional en indagatorias penales relacionadas con el área medioambiental. La fiscal había obtenido una condena por infracción a la ley de Seguridad Nuclear que provocó graves lesiones y secuelas a un trabajador en diciembre de 2005, en el sector Nueva Aldea, comuna de Ranquil, en la actual Región de Ñuble. En mayo de 2007, en tanto, investigó la contaminación producida por el derrame de 600 metros cúbicos de petróleo de ENAP en la bahía de San Vicente, comuna de Talcahuano, consiguiendo una salida alternativa que permitió la construcción de un muelle para carga y descarga de hidrocarburos en la zona afectada.

Después de un año de labores, siete personas fueron formalizadas. El Ministerio Público realizó diligencias en coordinación con el personal de la Brigada Investigadora de Delitos Contra el Medioambiente y Patrimonio Cultural (Bidema) de la Policía de Investigaciones (PDI). El resultado de los análisis y pericias repletó 20 tomos de 350 páginas, en promedio.

Se tomaron más de 140 declaraciones a personas, tanto en calidad de testigos como de imputados. Se ejecutaron órdenes de entrada, registro e incautación en dependencias con interés criminalístico. Se despachó una treintena de órdenes de investigar, peritajes e instrucciones particulares a la policía, como también requerimientos de información a entidades específicas.

“Fue un caso difícil, es un caso complejo y sin duda alguna es una condena histórica para lo que son las investigaciones medioambientales. Nunca habíamos llegado como fiscalía a una etapa como la que estamos viviendo hoy día”, manifestó la fiscal Aldana, recordando que hubo una comunidad completa que se vio afectada.

Los sentenciados recibieron una pena de 50 días de prisión en su grado mínimo, la que será cumplida de manera remitida, quedando sujetos a control de Gendarmería por un año.

“El delito nos parece grave, muy grave, la pena creo que refleja la situación legislativa actual. Nosotros como fiscales nos debemos a actuar dentro del margen del derecho y el derecho nos impone este tipo de penas para este tipo de delitos. En lo personal, estimo que esto puede ser mejorable, las leyes pueden modificarse, esos son normas que los hombres hacemos y debiera resguardarse con mayor fuerza, estoy convencida, todo lo que es la naturaleza y también las personas”, sostuvo.

“La pena, ante la satisfacción que nos produce la condena pasa a un segundo plano, pero si tuviéramos que pedir algo, sería tal vez el que efectivamente hubiera un mejor tratamiento legislativo para este tipo de delitos”, señaló la fiscal.

El 21 de agosto de 2018 una nube tóxica cubrió la bahía de Quintero. El Liceo Politécnico de la comuna, ubicado en la parte baja de la ciudad, cerca de la playa, fue evacuado y más de 30 jóvenes llegaron al hospital con vómitos, mareos, dolores de cabeza y desmayos. Fue la primera de una seguidilla de intoxicaciones masivas que azotaron a la zona. Entre agosto y octubre de 2018, 1.553 niños, niñas y adolescentes fueron atendidos por síntomas de intoxicación a lo largo de ocho centros médicos de la Región de Valparaíso, según acredita un informe publicado por la Defensoría de la Niñez.

Un episodio similar se registró en Talcahuano el 4 de agosto de 2018 obligando la evacuación de un mall y una clínica. Según el Ministerio Público, la crisis se generó por el trasvasije de crudo iraní que Enap ingresó al país.

“Todas las investigaciones que hemos realizado muestran que Enap no es responsable de estos lamentables sucesos”, aseguró la empresa tras el primer hecho. La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), sin embargo, apuntó a la estatal y tras dos semanas de investigación formuló cargos contra la petrolera, titular del proyecto Terminal Marítimo de Quintero, por “la utilización del sistema de tratamiento de sus residuos industriales líquidos en condiciones distintas a las aprobadas ambientalmente”.

El 10 de octubre de 2018 la empresa presentó descargos, el 04 de abril de 2019, la SMA solicitó a la firma antecedentes respecto a información que daba cuenta que esta habría recibido petróleo crudo de origen iraní con alto contenido de ácido sulfhídrico y el 23 de septiembre de 2020, la superintendencia reformuló los cargos a Enap Refinerías en base a nuevos antecedentes recopilados, estudios y nuevas diligencias llevadas a cabo en el Terminal Marítimo Quintero.

Los imputados fueron Edmundo Piranio, gerente de Enap Refinerías Aconcagua; Álvaro Hillerns, gerente de Enap Refinerías Biobío; Patricia Cabalá, jefa del Departamento de Operaciones de Enap Refinerías Biobío; Juan Pablo Rhodes, jefe del Terminal Marítimo Quintero Enap Refinerías Aconcagua; Jorge Farías, jefe del área marítima de Enap Refinerías Biobío, y Carlos Lizana, jefe del área terrestre del Terminal Marítimo Quintero Enap Refinerías Aconcagua.

También se le imputaron posteriormente cargos al capitán de marina mercante y encargado del alije del petróleo, Joseph Darlington Flores.

Según aseguró la fiscalía en la formalización, el 14 de julio de 2018 ingresó a la bahía de Concepción el buque Monte Toledo, proveniente de Irak, transportando cerca de 140 mil metros cúbicos de crudo de tipo Iranian Heavy, el cual se caracteriza por tener una alta carga de ácido sulfhídrico (H2S). Este elemento, dijo el Ministerio Público, es altamente riesgoso para la salud.

Parte del producto fue traspasado al buque Cabo Victoria para ser trasladado a Quintero. Para obtener los permisos de trasvasije entre ambos barcos y que esta maniobra fuera autorizada, Enap habría entregado información falsa a la Armada, dijo la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena.