Fiscal nacional defiende en el Senado medida de prisión preventiva para extranjeros sin RUT: “Advirtieron una debilidad en nuestro sistema”

“Si se es extranjero y se pretende venir a Chile a ejercer la actividad delictual, lo más conveniente es dejar el pasaporte bien escondido, porque la mejor forma para propender a tener éxito es esconder la identidad propia. En términos simples, advirtieron una debilidad en nuestro sistema”.

De ese tenor fueron las palabras que empleó la máxima autoridad de la Fiscalía nacional, el abogado Ángel Valencia, en la Comisión de Constitución del Senado para defender la polémica medida de solicitar prisión preventiva para todos los extranjeros que sean detenidos y no cuenten con cédula nacional de identidad, hasta que se pueda comprobar su identidad efectiva.

El criterio surgió a raíz de la muerte del suboficial Daniel Palma -ascendido de manera póstuma-, cuando Valencia convocó a los persecutores regionales de la Región Metropolitana para analizar medidas urgentes por lo que fue el tercer homicidio a un funcionario de Carabineros en menos de un mes. En la cita, quien encabeza el Ministerio Público les informó de la instrucción para extranjeros que no portaran algún documento que acredite su identidad. En un principio, la medida se aplicaría solo en la Región Metropolitana, sin embargo, el mismo fiscal nacional informó después que el criterio se extenderá a nivel nacional.

La medida ya suma detractores, tanto afuera como al interior de la propia Fiscalía. Es por ello que, este martes, el persecutor Ángel Valencia defendió el criterio que busca aplicar en el marco de procesos penales y aseguró que tiene por objetivo subsanar “una debilidad en el sistema” detectada por aquellos extranjeros irregulares que perpetran delitos en el país.

“Está ocurriendo -quizás con demasiada frecuencia por no existir un sistema eficaz que los incorpore dentro de nuestro sistema de identificación- que (extranjeros) entregaban un nombre supuesto y en base a ese nombre supuesto se le informaban cargos en la audiencia y se le decretaban medidas en contra de ese nombre supuesto, y se le requería que fuera a cumplir con sus obligaciones migratorias, entre ellas enrolarse. Eso hacía imposible en la práctica que pudiéramos cumplir con hacer cumplir órdenes de detenciones en su contra”, explicó la autoridad del Ministerio Público.

En la misma línea, el abogado entregó cifras que dan cuenta del aumento de extranjeros sin identificación que son detenidos y que enfrentan un proceso penal. “En el caso de la RM Centro Norte, entre el 35 y el 40% de personas detenidas que ingresan al Centro de Justicia de Santiago son extranjeros. Y dentro de ellos, un tercio no porta cédula de identidad, o sea no están enrolados en los sistemas de identificación chilenos. Esa es la realidad que enfrentamos”, manifestó con preocupación el jurista.

Aclaró, también, que la instrucción no busca suplir políticas migratorias, ya que el Ministerio Público no posee atribuciones en esa materia. Eso sí, reconoció que es una medida que puede repercutir a nivel migratorio: “No es una medida contra la migración irregular, impacta, pero no es contra la migración irregular porque la Fiscalía nacional no tiene atribuciones de momento”.

Según constató La Tercera, pese a que la medida cuenta con el respaldo de todo el consejo general, algunos fiscales regionales le hicieron notar a Valencia que la situación en el resto del país no es la misma que en Santiago y la Región Metropolitana. Ahí la titular de Valparaíso, Claudia Perivancich, hizo ver su realidad local. Lo mismo otros persecutores que lideran regiones más extremas del país donde se dice que el Registro Civil demora hasta un mes en responder sus requerimientos, por lo que sería complejo poder cumplir con la instrucción en casos donde los propios tribunales desestimaran el mantener privada de libertad a una persona en espera de un trámite administrativo de huellas.

Otra de las críticas la instrucción de Valencia apunta al caso de que los jueces de garantía pueden rechazar la solicitud de la medida cautelar más gravosa, por considerarla desproporcionada en algunos casos, ya sea por el delito o por la pena que posteriormente se podría decretar.

Sobre ese punto, Valencia ante los senadores explicó que desde la Fiscalía nacional han estado monitoreando el comportamiento de los tribunales de garantía y que, por ahora, han “tenido buenas resoluciones durante el fin de semana”.

“Nos parece que pudiera ser necesario precisar algunas normas, como las normas de ampliación de detención que están en el Código Procesal Penal, que establezcan expresamente la hipótesis de no haberse identificado el imputado como causal de ampliación o que se establezca -como la hipótesis del peligro de fuga- una circunstancia que deba considerarse que el imputado esté ocultando su identidad. Eso también podría ayudarnos”, cerró su intervención Ángel Valencia.