Fiscal regional de La Araucanía y críticas por causas de violencia rural: “No es fácil ser el chivo expiatorio de un Estado en deuda permanente con los pueblos originarios”

Con la presencia del nuevo fiscal nacional, Ángel Valencia, en su primera actividad pública en el cargo, este viernes en Temuco se desarrolló la cuenta pública de la Fiscalía Regional de La Araucanía, liderada por el persecutor Roberto Garrido.

En el acto, el funcionario dio cuenta de las principales estadísticas del organismo que lidera, así como los avances de las principales causas que llevan adelante.

Es así como Garrido dio cuenta que durante el 2022 se registró una baja en los ingresos de denuncia por delitos complejos y el crimen organizado en torno a un 43% respecto a 2021, pasando de 977 denuncias a 561 en 2022.

Las bajas más considerables en este tipo de ilícitos están relacionadas con las usurpaciones que pasaron de 501 (2021) a 173 (2022), lo que se traduce en una baja del 74% y en las amenazas que pasaron de 253 (2021) a 110 (2022), lo que significa un descenso de 56%.

Mientras que en el subgrupo de hechos de mayor connotación (atentados incendiarios, homicidios y ataques armados), hubo una disminución del 7% el 2022 (157 causas) en relación a 2021 (169).

El persecutor también destacó que desde el 27 de septiembre, cuando entró en vigencia la nueva Ley 21.488 que regula la sustracción de madera, en La Araucanía se han detenido a 44 personas en 8 procedimientos. Y que en ellos se ha logrado incautar 21 camiones, 15 remolques, 4 maquinarias forestales y 9 vehículos, un aserradero móvil, herramientas, armas de fuego y municiones.

El fiscal regional de La Araucanía también se refirió a algunos casos emblemáticos que él y su equipo debieron enfrentar durante el año que acaba de pasar.

Entre ellos hizo alusión a la detención del fundador y vocero de la Coordinadora Arauco Malleco, Héctor Llaitul y otros miembros; la condena a Emilio Berkhoof; la detención del presunto responsable de la muerte de un funcionario de la PDI durante un allanamiento en la comunidad Temucuicui, crimen ocurrido en 2021; entre otros hechos.

Justamente sobre el caso de Llaitul, Garrido destacó la “paciente y silenciosa investigación” llevada adelante por la Fiscalía de La Araucanía y respondió a las críticas surgidas desde algunos sectores por una supuesta “inacción” de los fiscales.

“No fue una investigación fácil, pues el éxito de las diligencias que desarrollamos, tales como escuchas telefónicas y seguimientos, dependían del sigilo de nuestra actuación y hubo que mantenerlo a pesar de las críticas que recibíamos por supuestamente no actuar”, indicó en su discurso.

También sostuvo que “no es fácil ni agradable ser, muchas veces, el chivo expiatorio de un Estado en deuda permanente con los pueblos originarios”.

El persecutor también se refirió a algunos cuestionamientos surgidos a la labor de los funcionarios de su fiscalía en relación a diversos casos, específicamente a lo ocurrido con Héctor Llaitul. En esa línea recalcó que “la fiscalía que aspiro a construir es una fiscalía que se define por lo que hace, no necesariamente por lo que dice. Son sus actuaciones la que la van a validar en la sociedad. Y a eso nos abocamos”.

Y destacó que “pese a las amenazas y hostigamientos que hemos recibido, que van en contra de los fiscales y en algunos casos se han hecho extensivos a sus familias, nunca hemos retrocedido en nuestra labor”.

“Nuestro objetivo como servidores públicos es contribuir a mejorar la calidad de vida de los habitantes de La Araucanía reafirmando a través de nuestras decisiones y actuaciones la vigencia del Estado de Derecho. Sabemos que falta mucho por avanzar, estamos lejos de sentirnos satisfechos, pero tengan todos ustedes la certeza de que la Fiscalía de La Araucanía y la Fiscalía de Chile está haciendo su trabajo, nuestro compromiso es con las víctimas, y es un compromiso inquebrantable”, cerró.

Por su parte el fiscal nacional, Ángel Valencia destacó el trabajo de los funcionarios de La Araucanía y entregó detalles de la reunión de trabajo que sostuvo con ellos durante la mañana de este viernes.

“Les he querido transmitir nuestro apoyo desde la Fiscalía Nacional al valioso trabajo que realizan. El apoyo es jurídico, pero también queremos que se sientan profundamente acompañados. Hemos dicho que vamos a encabezar una Fiscalía Nacional que tenga principalmente una orientación operativa y cuando decimos eso queremos decir que entendemos perfectamente que los fiscales son los abogados del pueblo de Chile”, indicó.

“Hemos escuchado sus planteamientos respecto de la necesidad de recursos, existe una necesidad evidente en torno a fortalecer la Fiscalía de Alta Complejidad de esta región. Esta región no puede estar solo sentida u orientada a violencia rural, hay que fortalecer el combate de los delitos violentos dentro de esta región, pero también tenemos que focalizar y destinar recursos al combate de la corrupción y de otros delitos”, agregó el fiscal nacional.

El abogado detalló además, que “en los próximos días, a la brevedad posible, vamos a poner en marcha una unidad especialmente destinada, en base a atribuciones que me confiere la ley para la investigación de las amenazas que han recibido los fiscales, sus familias, no solo en la Macrozona Norte, sino que también en la Macrozona Sur, porque nos parece necesario fortalecer la protección del Estado de derecho”.