“No estamos conformes”: fiscal nacional reacciona a decisión de tribunal de revelar identidad de testigos protegidos a defensa de Llaitul

Tras participar de la inauguración del año académico de la facultad de Derecho de la Universidad Católica de Temuco, el fiscal nacional, Ángel Valencia, se refirió a la decisión del Juzgado de Garantía de Temuco de revelar a la defensa del líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, la identidad de los testigos protegidos que presentará el Ministerio Público en el juicio oral en su contra.

Al respecto, Valencia manifestó su molestia con la decisión del Juzgado, la que detalló en tres puntos. En primera instancia, aseguró que no están “conformes”. “Estimamos que no se ajusta al derecho ni tampoco a nuestras obligaciones legales, ni a las de todas las instituciones del Estado, en lo que se refiere a la protección de víctimas”.

En segundo lugar, el fiscal aseguró que se realizarán los “cursos procesales” correspondientes, “porque no es una decisión con la cual nos conformemos”.

“Vamos a insistir en la necesidad de que, para evitar la impunidad en Chile y para asegurar la justicia en casos tan graves como ese, el testimonio de sus testigos sea oído por los tribunales”, manifestó.

Finalmente, insistió en el “deber legal” de “todas las instituciones del Estado de proteger a las víctimas de los delitos violentos”.

En esa línea, aseguró que el Ministerio Público, la Fiscalía Nacional y la Fiscalía regional de La Araucanía “no van a cejar en el esfuerzo de proteger a las víctimas de los casos de delitos violentos en La Araucanía”.

Además, insistió en que agotarán “todos los recursos, todos los medios con los que contamos: legales y procesales; para seguir protegiendo a las víctimas de la violencia en La Araucanía”.

Fue la magistrada Viviana García quien encabezó este martes la audiencia de preparación de juicio oral en contra del líder mapuche, acusado como autor de tres delitos de incitación a la violencia y uso de armas de fuego contemplados en la Ley de Seguridad del Estado, además de dos delitos de usurpación violenta y hurto de maderas.

En la ocasión se revisó una serie de vicios formales planteados por la defensa de Llaitul. Entre ellos, se acogió omitir en la acusación sucesos de contexto ocurridos en 1997 cuando la CAM inicio sus acciones de violencia en la Macrozona Sur y limitarse sólo a los hechos de la acusación, por los delitos ocurridos recientemente.

También se definió entregar la identidad de los testigos protegidos.

A raíz de los vicios formales en la acusación, la fiscalía, representada por el fiscal Héctor Leiva, solicitó un plazo de tres días para comunicar a los testigos que se deja sin efecto la reserva de sus identidades.

La magistrada resolvió que la audiencia se reanudará el viernes 21 de abril a las 09.00 horas para que la fiscalía cumpla con el trámite de comunicar la resolución del tribunal.

El fiscal Leiva, en sus argumentos ante la jueza, insistió en que la Ley Orgánica del Ministerio Público y la propia Constitución Política le imponen al órgano persecutor “el deber de adoptar medidas de protección, a las víctimas testigos”.

“En ese contexto, frente a la solicitud de estos testigos y estas víctimas, que insisto son un número limitado de una lista importante de testigos, ellos han solicitado la reserva de identidad, en atención a situaciones muy particulares”, sostuvo.

En ese marco, entregó el ejemplo de uno de los testigos con identidad reservada, indicando que “se puede fundar la situación de peligro para la víctima porque precisamente tiene su lugar de trabajo cercano donde se produce una usurpación violenta, con disparos a Carabineros y donde precisamente efectuó un reconocimiento del imputado portando un arma de fuego (...) Es decir, claramente se trata de un caso grave y calificado”.