Fiscalía de Aysén solicitó formalización de 39 funcionarios en retiro del Ejército y tres civiles por fraude al fisco

La Fiscalía Regional de Aysén solicitó al Juzgado de Garantía de Coyhaique fecha para la formalización de 39 funcionarios en retiro del Ejército y tres familiares de uniformados por el delito de fraude al fisco, en el marco de la investigación por los pagos irregulares a personas que formaban parte del Fondo de Ayuda Mutua (FAM).

El fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, recordó que esta investigación se logró determinar un “fraude aproximado de 3.000 millones de pesos, donde cerca de 800 imputados, en ejercicio y en retiro, habrían defraudado al fisco de Chile”.

Tras discutirse la competencia la Corte Suprema resolvió que gran parte de la investigación quedara en manos de la Justicia Militar. Son 700 oficiales y suboficiales investigados, desde octubre del año pasado por el Segundo Juzgado Militar de Santiago.

“Respecto de lo que a la fiscalía le compete investigar, son cerca de 122 los imputados por fraude al fisco y el día de hoy hemos pedido audiencia por 42 de ellos”, señaló el fiscal Palma.

El persecutor explicó que el FAM “era una cooperativa interna que funcionaba en el Ejército en la Región de Aysén y que luego que se quedaron sin fondos que repartir entre los beneficiarios se resolvió por parte de altas autoridades del Ejército resarcirlos por distintas vías remediales, sacando plata del fisco y entregándoselo bajo distintas excusas a los funcionarios que habían puesto dinero en ese fondo”.

Todos los imputados fueron contratados para prestar servicios en la IV División del Ejército de Chile, trabajos que nunca realizaron.

Los 39 exuniformados que serán formalizados fueron recontratados a honorarios en la institución militar entre enero de 2012 y julio de 2017. Además, hay tres civiles, familiares de uniformados, que tampoco efectuaban las funciones por las que recibían un sueldo estatal. Respecto a los exmilitares a los que se les pagó a honorarios, los montos comprometidos oscilan -en cada involucrado- entre los 329.549 mil pesos a 11.437.030 pesos por persona. En el caso de los civiles, que supuestamente prestaban asesorías en computación, administración y documentación, los dineros defraudados varían entre los 3.494.268 pesos a 9.757.764 pesos por cada uno.

Las labores investigativas, encabezadas por el fiscal Palma, consideran una Fuerza de Tarea integrada por detectives de las Brigadas de Investigaciones Policiales Especiales y Cibercrimen de la PDI, sumado a la Unidad Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos (SACFI) y la Unidad de Asesoría Jurídica del Ministerio Público.