Fiscalía francesa se opone a extradición de Palma Salamanca

"Está terminantemente prohibido grabar", dijo la jueza al empezar la audiencia, con dos horas y media de retraso, mientras miraba a la concurrida platea. La Corte de París decidió este miércoles dejar para el final el caso de Ricardo Palma Salamanca, previendo que iba a ser más largo y complicado que los otros casos de extradición que trató durante el día.

El "Negro", como se conocía al exfrentista, se encuentra condenado en Chile a cadena perpetua por el homicidio del senador UDI Jaime Guzmán, crimen ocurrido en abril de 1991. La última vez que se supo de Palma en suelo chileno fue en diciembre de 1996, cuando fue parte del grupo que se fugó desde la Cárcel de Alta Seguridad (CAS), en un canasto que colgaba de un helicóptero. Desde ahí, años de silencio e incógnitas, hasta que a mediados de 2017 se obtuvieron detalles de su paradero.

La sala Pierre Michel, en el Palacio de Justicia en París, estaba repleta de familiares, amigos y simpatizantes de Palma Salamanca, quien llegó vestido con una simple chaqueta de cuero y jeans. A pesar de que la espera fue larga, el ambiente en los pasillos era calmo. Palma Salamanca sonreía mientras charlaba con los presentes.

La corte, compuesta por tres jueces (dos mujeres y un hombre) dio inicio a una sesión que iba a durar casi dos horas. "¿Fecha de nacimiento?", preguntó la jueza al exfrentista, que respondía a través de una traductora. El defendido llegó acompañado de su abogado, Jean-Pierre Mignard, a su vez escoltado por tres letrados de su gabinete.

"Francia tiene tratados de extradición con muchos países de América Latina, pero con Chile, no. ¿Y eso por qué?", preguntó Mignard al trío de jueces que seguían con atención su presentación. "Porque en Chile el trabajo de memoria no fue hecho. Chile no tiene las garantías fundamentales de libertad", dijo Mignard.

Más complejo fue el trabajo del abogado del gobierno chileno Vincent Courcelle Labrousse, quien acudió solo a la audiencia. "El gobierno de Chile es una democracia y continúa su búsqueda a través del mundo de los miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez […], una asociación terrorista", sostuvo, tratando de subir el tono de la discusión.

"El gobierno de Chile no persigue a Palma Salamanca, lo reclama para que purgue su pena", dijo al final de su alegato el abogado que representa al Estado chileno, calificando al FPMR como un "grupo ultraviolento" que "hizo tambalear la democracia en Chile".

La fiscal general, Clarisse Taron, habló en nombre del Estado francés y dejo en claro antes los jueces que "el Estado piensa que no se debe dar un visto favorable al pedido de Chile".

"La Convención de Ginebra no permite que se expulse a gente que recibió el asilo político", dijo Taron, recordando que la Oficina Francesa de Protección a Refugiados y Apátridas (Opfra, por sus siglas en francés), aceptó dar el estatus de refugiado político a Palma Salamanca y su familia. "Él es, además, extremadamente apoyado por gente en nuestro territorio, como se puede ver en esta sala", agregó Taron, señalando a la concurrida audiencia.

Uno de los principales puntos de la defensa es el hecho de que las confesiones de Palma Salamanca durante su arresto en 1992 fueron obtenidas a través de posibles torturas.

"Para la Opfra, las condiciones en las que los interrogatorios fueron hechos son evidentemente contrarias al derecho internacional. Y considero que si el señor Salamanca es restituido a las autoridades chilenas, no hay garantías para su seguridad física", dijo Mignard, instantes después de finalizada la audiencia.

Tras la presentación de todas las partes, el tribunal francés definió que el 23 de enero de 2019 dará a conocer su respuesta a la petición de la justicia chilena sobre la extradición de Ricardo Palma Salamanca.