Fiscalía identifica el uso de armas blancas en mayoría de casos de femicidios

Al analizar los delitos de más alta connotación social, la mayoría de los expertos concluye que durante los últimos años se ha observado un incremento constante de la violencia que aplican los autores. Sin embargo, cuando se intenta comprender la problemática que hay tras los femicidios, la lógica es diferente y advierten una “violencia extrema”.

Ymay Ortiz, directora de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Nacional, lo explica así: “La violencia, que generalmente se relaciona con seguridad pública, obedece a fenómenos distintos que el femicidio, que es la manifestación más cruel y radical de la violencia hacia las mujeres. Se da específicamente en el ambiente íntimo, porque es en esa relación donde se produce y reproduce la violencia a las mujeres como una forma de disciplinarlas, que es el ámbito donde tradicionalmente -en una sociedad patriarcal- deberían permanecer. Es una suerte de castigo”, sostiene la abogada.

Bajo esa mirada, la profesional insiste en que “para las mujeres, sigue siendo más peligroso estar en sus casas que en la calle. Quienes siguen siendo los principales autores de los homicidios de las mujeres son sus parejas o convivientes”.

En los últimos tres años, de acuerdo con los datos del Ministerio Público, 131 mujeres han sido víctimas de femicidio: 54 en 2020, 56 en 2021 y 21 durante el primer semestre de este año. Y de esa totalidad, como indican desde el mismo organismo, los medios mayormente empleados fueron uso de arma blanca (46), mediante estrangulamiento (17) y por arma de fuego (16).

Ante ese escenario, y dejando en claro que han existido avances en la materia -como mayor conciencia y herramientas desde el punto de vista judicial-, Ortiz recalca que se deben tomar acciones integrales, ya que “el cambio cultural” que se requiere para erradicar la violencia que afecta a las mujeres “es tremendamente lento. Es muy importante que se apruebe la ley para permitir a las mujeres una vida libre de violencia en todos los aspectos de la vida, porque no sólo es violencia cuando matan a las mujeres”.

Si bien las cifras dan cuenta de que los femicidios han mantenido cierta “estabilidad” durante los últimos años, al analizar lo que ocurre con los femicidios frustrados, se puede advertir que estos van al alza. Si en 2020 se contabilizaron 198, en 2021 fueron 214, y en el primer semestre de este 2022 ya hay registro de 142. O sea, en dos años y medio, al menos, 554 mujeres enfrentaron una tentativa de asesinato.

Dada esta problemática que se entiende como constante y difícil de erradicar, desde la Subsecretaría de la Mujer y la Equidad de Género, Luz Vidal asegura que están trabajando en ampliar la oferta programática, fortaleciendo equipos, tratando que la supervigilancia de los distintos programas la haga íntegramente el Sernameg, y por lo mismo están solicitan un aumento bastante expansivo en el presupuesto.

“No es un incremento porque sí, sino que dice relación con la actitud en que se tiene que trabajar, atendiendo toda la problemática que afecta a las mujeres, sobre todo con políticas preventivas, porque la idea es llegar con respuestas antes de que ocurran las situaciones que las afectan. Cuando llegamos a responder por abusos, maltratos o femicidios frustrados estamos tarde. Estamos trabajando para que cada vez esas situaciones sean menos”, manifiesta.

Si bien ella coincide con Ortiz en el sentido de que los datos no muestran que los casos se hayan disparado en el tiempo, la subsecretaria pide estar alertas, ya que aún no se logra dimensionar el efecto real que tuvo la pandemia del Covid-19 y la crisis económica en las mujeres, que en muchos casos terminó por forzar a víctimas a convivir por periodos prolongados con su agresor.

Por lo mismo, adelanta que están preparando el levantamiento de tres nuevos centros para recibir a víctimas de violencia de género. Dos de ellos se ubicarían en la Región Metropolitana, y el tercero, en la zona norte, dada la demanda que existe. Asimismo, afirma que está planificando abrir una nueva casa de acogida para víctimas de trata de personas, “para que quienes lleguen al país no sigan siendo vulneradas”.